A partir del 2019 el Ayuntamiento de Molina de Segura dispondrá del 7% de su presupuesto destinados a aquellas empresas de carácter social y de empleabilidad dirigida a personas vulnerables. Esta medida atiende a la disposición cuarta de la Ley de Contratación Pública 9/2017.
Según el cabildo molinense “llevan años aplicando y ampliando criterios medioambientales en los contratos que se adjudican desde el consistorio”. El consistorio ha señalado que “desde 2016 el equipo de gobierno ha tomado las riendas de la gestión municipal y ha puesto en marcha un modelo de contratación pública responsable”.
En este sentido, el ayuntamiento molinense ha indicado que siguen “criterios éticos, para promover unas condiciones favorables para el progreso social y económico”. También, han expresado que de este modo se pretende realizar una política orientada al pleno empleo, para cumplir con el Art 40 de la Constitución.
Asimismo, el cabildo de Molina también ha manifestado que dicho 7% se destinará empresas de iniciativa social, centros especiales de empleo y empresas de inserción sociolaboral. También ha indicado que aumentará el gasto social cada año progresivamente, desde un 7% para 2019 hasta un 8, 9 y 10% respectivamente para los años 2020 a 2022.
Molina de Segura ha acogido en los últimos dos años las Jornadas de Economía Social y Solidaria organizadas por la Red de Economías Sociales y Alternativas (REAS). Según el consistorio, estas jornadas han consagrado en Molina de Segura dinámicas para aplicar criterios sociales en la contratación. Desde el Ayuntamiento han especificado ha sido gracia a talleres enfocados trabajadores del consistorio y que “ha facilitado la tarea de una aplicación de una contratación pública y responsable”.
El concejal de cooperación en Molina de Segura, Pedro Jesús Martínez Baños, ha expresado que el objetivo es “conseguir una economía sostenible, que garantice condiciones de trabajo dignas, con perspectiva de género, que respete los recursos ambientales y que sostenga una economía local, social y solidaria”. También, ha señalado que “la ley de contratación pública es un paso enorme para que no exista ninguna administración donde no se apliquen criterios sociales en ninguno de sus contratos”.