Ha tenido que ser la ministra considerada la más “neoliberal” del actual Gobierno quien se haya visto obligada a ponerle los puntos sobre las íes a la gran banca, a cuenta del “salvaje”, según los sindicatos mayoritarios, ERE masivo que prepara la refundida Caixabank. Imaginemos el escándalo mediático y político que se hubiera provocado si lo dicho por la vicepresidenta de Asuntos Económicos hubiera salido de la boca de Pablo Iglesias, por ejemplo, o cualquiera de los “comunistas radicales y bolivarianos” del Ejecutivo.
No va a haber lugar a semejante algarada porque ha sido Nadia Calviño la autora de la queja razonada y razonable que cualquier persona con mentalidad medianamente solidaria hubiera pronunciado al saber que el primer banco español quiere despedir, por las bravas y utilizando todos los resortes legales que en su día facilitó la reforma laboral de aquel M. Rajoy, a nada menos que casi 8.300 empleados, uno de cada tres; y cerrar una de cada cuatro oficinas de las actuales 1.534 que tiene.
Tampoco queda ahí el escándalo, porque el caso es que el sector banquero en su conjunto va a despedir en el bienio 2020/2021 nada menos que a 20.000 empleados, entre los de Caixabank, Santander, Sabadell… Son estas unas entidades bancarias en las que se ha refundido gran parte del rubro financiero para formar macroentidades en las que se subsumen buena parte de las fallidas cajas de ahorro regionales y otras entidades privadas.
Hasta ahí vale. Todo sea por el mantenimiento de ese sacrosanto sistema neoliberal ––aunque en puridad sería neocon–– en el que nos han instalado hace tiempo menoscabando el pretérito Estado de Bienestar, obra, no olvidemos, de partidos socialdemócratas, democristianos y liberales europeos de los años 50 y 60 del siglo pasado. Las mismas tendencias ideológicas que propiciaron un rescate-regalo al sector banquero de nada menos que 80.000 millones de euros que salieron del erario público para “rescatarlos” de la quiebra sistémica derivada del estallido de la burbuja inmobiliaria que ese mismo sector propició y creó a principios de este siglo.
Ese salvavidas financiero que iba a ser a “coste sero”, de acuerdo con aquel mismo individuo que propició la reforma laboral ultraliberal, supuso un total de unos 65.000 millones de euros a los contribuyentes españoles, según un cálculo optimista.
Es necesario destacar que ese rescate a la banca estuvo especialmente destinado a entidades “cercanas” a los ciudadanos, que decían que atendían sus necesidades financieras y que, de paso, los engañaban como a chinos vendiéndoles el señuelo de la banca-mamá que nunca te dejará solo. Y esas organizaciones eran las cajas de ahorro. Recordemos las “preferentes”. Para entendernos, y por ponerle nombre a las cosas más próximas, los actores fueron: Cajamurcia, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Bancaja… absorbidas por la Bankia, a su vez integrada en Caixabank, y por el Sabadell, que fagocitó a la Caja de Ahorros del Mediterráneo, antigua Caja de Ahorros de Alicante y Murcia.
Los directivos de esas cajas regionales participaron activa y fehacientemente en la orgía de favores financieros a amiguetes políticos y de los otros en la época de las vacas gordas ladrilleras mientras se beneficiaban de prebendas de dos tipos: monetarias en virtud de su manejo de las tesorerías corrientes y políticas merced a su íntimo concubinato con los poderes regionales. No hace falta señalar ––se puede hacer, que conste––. Los nombres los conoce todo el mundo.
Qué casualidad que entre los principales contribuyentes al catastrófico ERE general que se avecina están Caixabank y Banco de Sabadell. Ni una ni otro han tenido ni tendrán que devolver un euro de la parte alícuota que les tocó de aquellos miles de millones con los que el Estado los rescató tras el estallido de la burbuja inmobiliaria que condujo a la Gran Recesión de hace diez/doce años.
Pero el escándalo ––casi ya diluido en el tiempo–– se convierte en obscenidad si se observa que esos altos ejecutivos, es decir, banqueros que proponen los EREs salvajes para solucionar sus problemas perciben “inaceptables”, dijo Calviño, “altos sueldos y bonus”. Para entendernos, el presidente de la refundida Caixabank, José Ignacio Goirigolzarri, pillará este año como sueldo fijo 1,65 millones de euros, más 200.000 euros como retribución variable. Y el consejero delegado Gonzalo Gortázar cobrará 2,26 millones de euros, más la parte variable de su sueldo ligada a objetivos, unos 708.800 euros.
Sería cansino reflejar la lista completa de lo que cobran y seguirán cobrando los ejecutivos que dirigen esos bancos conglomerados que planean casi 20.000 despidos para el presente bienio. La ministra Calviño la conoce probablemente muy bien. Por eso se horroriza. Pero, por un mínimo de coherencia, habría que reclamar a esos conglomerados financieros que “adecenten” las nóminas de sus altísimos ejecutivos antes de anunciar obscenos despidos masivos. Simplemente, para que no den ganas de vomitar leyendo determinadas noticias. Vale.
P.S.: Tras el cierre de este artículo, saltó que también el BBVA se suma a la impúdica bacanal financiera de los despidos, sumando tentativamente otros 3.800 trabajadores bancarios a las listas del paro. Sin duda, el sector de la banca española merece una felicitación muy efusiva. Tanto o más que la que recién recibieron por correo el ministro Grande-Marlaska, Pablo Iglesias o la directora general de la Guardia Civil.
Ha tenido que ser la ministra considerada la más “neoliberal” del actual Gobierno quien se haya visto obligada a ponerle los puntos sobre las íes a la gran banca, a cuenta del “salvaje”, según los sindicatos mayoritarios, ERE masivo que prepara la refundida Caixabank. Imaginemos el escándalo mediático y político que se hubiera provocado si lo dicho por la vicepresidenta de Asuntos Económicos hubiera salido de la boca de Pablo Iglesias, por ejemplo, o cualquiera de los “comunistas radicales y bolivarianos” del Ejecutivo.
No va a haber lugar a semejante algarada porque ha sido Nadia Calviño la autora de la queja razonada y razonable que cualquier persona con mentalidad medianamente solidaria hubiera pronunciado al saber que el primer banco español quiere despedir, por las bravas y utilizando todos los resortes legales que en su día facilitó la reforma laboral de aquel M. Rajoy, a nada menos que casi 8.300 empleados, uno de cada tres; y cerrar una de cada cuatro oficinas de las actuales 1.534 que tiene.