Con la cercanía de las elecciones regionales comienza la mascarada, una vez más. Festival de mentiras disfrazadas de promesas, sonrisas, anuncios y declaraciones de intenciones, de quienes hace décadas que no conocen otro rumbo que la privatización y la conversión de los centros públicos en una red segregada subsidiaria. Pero el personal docente ya no ve más que payasos cínicos, sádicos y tristes. Es aterrador no poder creer ya las mentiras. La desconfianza en el Gobierno regional es total. El desprecio de éste hacia la educación pública también. El propio López Miras, no hace tanto, manifestó su inclinación a devolver las competencias de educación al Estado, para directamente deshacerse de nosotros. Lo que no le impidió prometer también en 2019 -había elecciones- bajada lectiva u otras cosas, que jamás cumplió, porque estaba mintiendo.
Lo mismo han hecho la serie de inoperantes consejeros y consejeras con la que nos ha obsequiado la derecha regional, desde que comenzó el proceso de privatización y venta de la educación pública: mentir a todos, al personal docente, al alumnado, a las familias, a la sociedad. Hacer pasar migajas por inversión, manipular cifras, heredar de un curso a otro “partidas presupuestarias fantasma”, que nunca se ejecutan, aprobar nuevos colegios públicos que solo se construyen en el País de Nunca Jamás, hacer presupuestos ficticios, darse autobombo éso sí, mucho 'postureo', con programas sin dotación horaria ni de personal.
Delegar obligaciones monetarias en los ayuntamientos, en el Gobierno de España, en las asociaciones de madres y padres, en las familias abocadas a pagar negocios educativos privados, en la UE, en quien sea menos ellos. Hasta dejar la propia Consejería sin capacidad administrativa ni de gestión, de modo que sean las organizaciones sindicales, también sometidas a severos recortes de personal, las que hagan parte del trabajo administrativo de atención al docente, que deberían estar haciendo los funcionarios e informáticos que no tienen en Consejería, como si fuesen los sindicatos una suerte de 'oficinas del tercer sector'.
Recientemente los sindicatos docentes, de modo unánime, han convocado una gran manifestación para este martes 14. En boca de todos está la palabra huelga. De varios días, indefinida rotando días, lo que sea pero obligar al Gobierno regional a escuchar. No llegamos al 5% del PIB regional para educación. Deberíamos estar en el 7%. Lo demás son migajas disfrazadas de buena intención. Es hasta siniestro verles sonreír y prometer mientras nos entierran. El consejero Víctor Marín promete en una cuña para radio, leída como si fuese una redacción que le han pasado, refuerzos para orientación. Hace mucho que se cargaron el acuerdo de segundos orientadores para centros de mayor dificultad. No se recupera ese acuerdo. Solo tenemos la promesa electoral de que la Consejería, de modo opaco y discrecional, enviará algunos orientadores más a algunos centros. ¿Qué podría salir mal? Necesitamos un rescate en toda regla, que cuesta bastante más que promesas.
El consejero de Hacienda, aunque tal cosa no puede despacharla él solo, afirma parece ser que habrá bajada de horas lectivas, a pesar de que ni está aprobado ni ha llegado tal bajada a la Mesa Sectorial de Educación que debe tratar el asunto. Es algo que viene auspiciado por el Gobierno de España, que recupera la jornada semanal de 35 horas, pero se apuntan el tanto. También prometen aulas de 0 a 2 años gratuitas, pero las distribuyen favoreciendo claramente a los centros privados subvencionados, que ya no soltarán a esas niñas y niños nunca jamás. Mientras tanto, el personal docente clama por el rescate educativo, y la reversión de todos los recortes. El esfuerzo que se nos pidió en 2008, solo por un tiempo, era en realidad un plan irreversible para privatizar. Era en realidad mentira.
¿A qué nos referimos con 'recortes'? En 2010 teníamos 23 horas lectivas en primaria y 17 en secundaria, lo que dejaba suficientes horas 'complementarias' para hacer el trabajo académico. En 2023 tenemos 25 y 21 horas respectivamente. En 2010 cada alumno/a con necesidades especiales computaba como dos, en 2023 ya no. Las sustituciones son cada vez más lentas y se sustituye menos. La tan cacareada formación del profesorado no es el problema (otra mentira), pero antes teníamos formación, en horario laboral como debe ser; ahora solo la tienen los directores de los centros y el resto debe formarse en horas extra sin pagar. También teníamos centros de recursos para esa formación en distintas zonas de la Región, y ahora solo uno telemático que ha burocratizado por completo la formación. Licencias por estudios ya no dan. Ni ayudas, toda la acción social de la Consejería está paralizada. En 2010 las maestras tenían todas ellas una hora lectiva destinada a labores tutoriales. Ahora, cuando más necesaria es esa labor por la crisis de salud mental del alumnado, ya no la tienen.
El personal interino cada vez peor, porque ahora dejan una gran cantidad del mismo sin cobrar el verano. Antes el personal ya mayor tenía alguna carga lectiva menos, ahora lo estamos quebrando a base de sobrecarga; si quieren alguna mísera tarea menos tienen que aceptar cobrar menos. Al céntimo. También se dispararon las ratios con un 10% adicional, abocándonos a lo peor que le puede pasar a un servicio público esencial: la masificación. Ahora casi todas las horas de trabajo que no son directamente en clase son para burocracia. Se acabó el trabajo académico, preparar clases. Nos están convirtiendo en 'técnicos administrativos de educación'. Ya no hay educación compensatoria. La FP se está privatizando rápidamente. Las infraestructuras educativas públicas al borde del colapso ¿Qué promesa de reír por no llorar nos harán ahora?
La realidad es que el impacto al alza de los fondos europeos en la educación pública no llega al 3% en la Región de Murcia, mientras que en nuestra vecina Andalucía, también sureña y gobernada por el PP, llega al 11%, según datos avanzados por el Ministerio sobre el año 2021. Ni ponemos el dinero propio en la educación pública (las CCAA manejan el 88,5% de la inversión educativa estatal, siendo las máximas responsables), ni el que nos viene de la UE o el Estado. La realidad es que si trazamos un arco desde aquel año 2010 hasta la actualidad, el gasto en el pozo sin fondo de los centros privados subvencionados ha crecido un 43,38%, mientras que la inversión en la pública solo lo ha hecho un 9,17%. Se está segregando el gasto per cápita con criterios étnicos y de clase. 1.238 euros por cada niña o adolescente privatizado, 410 por cada pequeña ciudadana o ciudadano que hace uso de su derecho a la educación pública. A esto hemos llegado. Toca decir basta. Al Gobierno regional no le quedan más que mentiras para ocultar su no gestión imposible y contradictoria con el interés de la gente. “Cuando una contradicción es imposible de resolver salvo por una mentira, entonces sabemos que se trata de una puerta”, avisaba Simone Weil, la filósofa. Esa puerta tenemos que abrirla el martes 14 en San Esteban.
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