El cambio en la ley del presidente culmina toda una serie ininterrumpida de desmanes realizados por las eximias autoridades murcianas desde que empezó la pandemia, hace ya quince meses. La última movida aprobada ayer en la Asamblea Regional para que López Miras pueda perpetuarse en el poder es el corolario de una lista de arbitrariedades que se antoja indigna de cualquier sistema medianamente presentable.
El propio mandatario murciano se acaba de llenar, otra vez, la boca hablando de “tropelía” al referirse al gobierno social-comunista, cuando esas son las que él comete como se ve si se recapitula la sucesión más reciente de hechos políticos en la Región. La justificación parlamentaria por el portavoz popular de que eso también lo han hecho comunidades gobernadas por los socialistas suena a refranero español: mal de muchos, consuelo de tontos.
De vez en cuando, merece la pena volver la vista atrás y observar el camino que nunca se debería volver a pisar. En un periodo inferior a año y medio, el ejecutivo que preside el orondo lorquino ha incurrido en manifiestas tomaduras de pelo, encabezadas por las 600 vacunaciones irregulares, que nunca serán investigadas verosímilmente, que obligaron a la dimisión del anterior consejero de Sanidad y todo su equipo directivo en un momento en que los efectos de la pandemia arreciaban sin fin previsible.
A ese escándalo se añadió el chusco episodio, que tampoco nunca será aclarado, de una serie de prebostes huyendo por patas del conocido restaurante capitalino Salzillo ante la presencia de la policía local cuya presencia amenazaba con devenir en denuncias contra ese grupo de importantes amiguetes que se saltaban descaradamente las normas de confinamiento que el común respetaba, por cierto.
Con una profundidad y con una pervivencia dañina mayores, el partido gobernante aprovechó poco después para introducir reformas más permisivas en las ya de por sí laxas y generalmente incumplidas normas medioambientales regionales a mayor gloria de constructores ladrilleros y demás ecodepredadores en general.
Creímos erróneamente que alcanzábamos el clímax cuando, a continuación, la torpe moción de censura PSOE-Ciudadanos derivó en una compra a gogó de diputados dispuestos a incurrir en algo tan pestilente como el transfuguismo gracias al cual Murcia se convirtió doblemente en pionera de las Españas: un presidente de parlamento regional tránsfuga, además de meapilas, y una consejería de Educación entregada graciosamente por el chico lorquino a la extrema derecha también tránsfuga. Toda una marca difícil de superar y que pasará a los anales de la historia política a estudiar en las facultades correspondientes.
Pero no, a nivel social cada escándalo supera al anterior. Tal que cuando tuvimos conocimiento de que, merced a una estadística supuestamente real sobre supuestas objeciones de conciencia médicas, la Consejería de Salud ––¡otra vez! –– viene derivando a regiones lejanas a mujeres que pretenden ejercer su derecho legal a interrumpir su embarazo.
Inmediatamente, se publicó hace pocas semanas sin que fuera jamás desmentido que había un número indeterminado de clientes de la sanidad privada que son operados quirúrgicamente en hospitales públicos saltándose las largas colas y las demoras consiguientes que los pacientes sin enchufes ni amiguetes deben sufrir en el Sistema Murciano de Salud. Esperas largas, en tiempos de pandemia, para los no influyentes que han abocado al hoyo, al nicho o al crematorio a algunos de ellos.
Ya lo último de lo último en el tiempo reciente tampoco invita a mantener un atisbo de esperanza, habida cuenta de que todo esto pasa porque los ejercientes del derecho a voto otorgan el suyo a quienes se lo otorgan. Y para más escarnio, no parece desde hace ya un cuarto de siglo que el principal partido de la oposición sea capaz de ofrecer una alternativa suficientemente creíble, al margen de la anécdota del resultado de los últimos comicios autonómicos.
Item más: mientras el señorito lorquino y su pandilla con anclaje genovés preparan otra regresión democrática elevando de nuevo al 5% de votos el requisito para poder entrar en la Asamblea Regional ––recordemos, mal de muchos…––, el rector de la universidad pública de Murcia se suma vergonzantemente a los corifeos que piden orillar el cumplimiento de la llamada ley de Memoria Histórica para permitir torticeramente que un golpista monárquico de Franco y del 36, Juan de la Cierva, sirva para bautizar ese esperpento financiero y funcional titulado pomposamente “Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia”.
En este denso caldo de cultivo propio de una sociedad en la que el reaccionarismo y el neoliberalismo versión Ayuso dominan los resortes de poder y el ambiente en general, no es de extrañar que las estadísticas oficiales arrojen los datos que arrojan: Murcia disfruta de la mayor tasa regional de violencia de género. También es en la que se está produciendo muy recientemente una escalada de agresiones racistas que quedará sin duda reflejada en los conteos por venir.
Con estos datos anteriores, por no hablar de la calidad de la enseñanza, sanidad o servicios públicos en general, decir que Murcia es como una república bananera es un insulto para esos estados generalmente fallidos, tal como están las cosas y más arriba quedan descritas. Pero el territorio es dizque acogedor, abierto, moderno, inclusivo… y no se sabe muy bien cuántos más lugares comunes sin fundamento.
A todo esto, el muchacho de San Esteban se permite decir a cuenta de la racionalización del suministro de agua del Tajo: «Tenderemos la mano para consensuar con el Estado. Si no quieren tomarla, el puño será bien fuerte para evitar la tropelía». ¿Tropelía, dice usted? Es lo que hay: la caverna. Vale.
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