Las comunidades energéticas son asociaciones implicadas de manera directa en la planificación y desarrollo de medidas para la implantación de energías renovables en la producción, consumo y/o comercialización de energía eléctrica o térmica. Estas comunidades, están integradas por grupos de vecinos, pymes, empresas e incluso ayuntamientos que producen, gestionan y consumen sus propias energías renovables.
Las Directivas europeas de 2018 y 2019, establecen qué se entiende por Comunidad Energética. El Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE) señala que estos colectivos tienen como objetivo el aprovechamiento de la capacidad de generación eléctrica o térmica, una mejora de la eficiencia energética o un desarrollo de sistemas de movilidad sostenible; que beneficiaría toda la comunidad en términos medioambientales y sociales.
Nuestra región tiene siete comunidades energéticas, con unos cien socios cada una, en los municipios de Murcia, Beniel, Los Alcázares, Mula, Abarán, Mazarrón y Librilla, que producen y consumen su propia energía fotovoltaica. Se prevé la constitución de unas doce o más en este año. Las Oficinas de Transformación Comunitarias (OTC), entidades financiadas con fondos de recuperación europeos son las que asesoran en la creación de estas comunidades energética. El presidente de la Fundación Desarrollo Sostenible, Emilio Ballester, ha destacado la importancia del impulso del consumo de energías renovables, que genera a vecinos/as y pymes un ahorro económico y una mejora medioambiental y social.
Las comunidades energéticas son elementos clave, en el contexto actual de transición ecológica, para acelerar la descarbonización de la sociedad y la economía y avanzar hacia un modelo energético justo basado en fuentes de energía renovables. El modelo energético actual, en manos de grandes empresas, no sólo es desigual e injusto, sino que agrava la crisis climática y energética. La continua subida del precio de la energía a lo largo de los últimos años es una de las causas de la pobreza energética. El acceso a la energía debería ser un derecho fundamental de la ciudadanía.
Las comunidades energéticas permiten que se produzca, gestione y consuma energías renovables sin necesidad de depender de las grandes empresas de la energía. Esto se traduce en un beneficio significativo: relocalizan el empleo, aumentan la resiliencia comunitaria frente a las crisis energética y climática, son herramientas de lucha contra la pobreza energética y regeneran la economía social local.
El aumento de la financiación es clave para el impulso real de las comunidades energéticas de base ciudadana. Esta financiación debe ser de fácil acceso, con criterios de equidad y cubrir el 100% del proyecto; con dos elementos prioritarios: el impulso a las figuras de asesoramiento para la creación de comunidades energéticas como las Oficinas de Transformación Comunitaria y la creación de una comunidad energética por cada municipio de la región involucrando a los ayuntamientos y también al Gobierno regional.
Se necesita una mayor protección jurídica para la figura de las comunidades energéticas de base ciudadana. Hay que evitar que una misma empresa o grupo empresarial, a partir de cierto tamaño, pueda estar integrado verticalmente en la cadena de valor al realizar actividades simultáneas de generación, distribución y comercialización de energía. También, evitar la participación de entidades que dispongan de una cuota de mercado de un 10% en cualquiera de los mercados o sistemas energéticos.
Junto a estas medidas, hay que implementar una auditoría ciudadana de todas las redes de distribución, pudiendo recopilar todas las inversiones y proyectos realizados, que permita establecer necesidades de acceso y conexión de las comunidades y el cumplimiento del mandato de las Directivas Europeas a través del cual se otorgan derechos a las comunidades energéticas para gestionar las redes de distribución.
Por otra parte, es fundamental la ruptura del oligopolio energético, con la normativa regulatoria necesaria para evitar situaciones similares a las actuales con un mercado eléctrico dominado por un pequeño número de empresas, con un evidente riesgo de control de precios y perjuicios para los intereses de la ciudadanía en general.
Las comunidades energéticas pueden ser, en definitiva, una de las vías de empoderamiento de la sociedad civil en la producción de energías renovables, frente a la inmensa presencia del oligopolio eléctrico. Gracias a las comunidades energéticas la ciudadanía puede producir, gestionar y consumir su propia energía renovable y acelerar la urgente transición energética. Es una necesidad ir preparando una transición de modelo energético, tanto a nivel individual como comunitario, frente a las campañas de negacionismo climático.
Las comunidades energéticas son asociaciones implicadas de manera directa en la planificación y desarrollo de medidas para la implantación de energías renovables en la producción, consumo y/o comercialización de energía eléctrica o térmica. Estas comunidades, están integradas por grupos de vecinos, pymes, empresas e incluso ayuntamientos que producen, gestionan y consumen sus propias energías renovables.
Las Directivas europeas de 2018 y 2019, establecen qué se entiende por Comunidad Energética. El Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE) señala que estos colectivos tienen como objetivo el aprovechamiento de la capacidad de generación eléctrica o térmica, una mejora de la eficiencia energética o un desarrollo de sistemas de movilidad sostenible; que beneficiaría toda la comunidad en términos medioambientales y sociales.