El aumento de las cifras no da tregua. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), desde el 7 de octubre han muerto en Gaza 38.295 personas, más de 88.241 han sido heridas y 1,9 millones forzadas a desplazarse. Esta violencia extrema ha afectado directa y gravemente a la comunidad educativa palestina (escolasticidio), ya que el patrón de los ataques busca su aniquilación a través de la destrucción de su infraestructura y la muerte de 8.618 estudiantes, docentes, investigadores y personal de servicios.
Atentar contra instituciones consagradas al conocimiento ha arrastrado siempre la vergüenza colectiva de la barbarie que no debe ser repetida. A pesar de ello, aunque contabilicemos los daños desde octubre, cabe señalar que esta senda destructiva tiene un largo recorrido como estrategia de guerra y de ocupación.
Así, en diciembre de 2023 el 100% de las universidades ya habían sido destruidas y, actualmente, el 88% de las infraestructuras educativas han sido derribadas o gravemente dañadas, dejando a 625.000 estudiantes sin acceso a la educación.
Especialmente dolorosa ha sido la suerte que ha corrido la Universidad de Al-Aqsa, que mantenía convenios con la Universidad de Murcia, bombardeada el 6 de febrero, al igual que ocurrió con el Archivo Central de Gaza, la mezquita y biblioteca Omari (s.VII), y la Universdidad de Israa, no sin antes servir como centro de detención de las fuerzas israelíes.
Los ataques sobre el acervo cultural palestino se han llevado a cabo en un contexto denunciado como apartheid, cuyo marco normativo y social, que rige las instituciones académicas israelíes, promueve un trato discriminatorio hacia la población y las instituciones palestinas, sancionando también las voces críticas; como ocurrió el pasado marzo con la expulsión de la profesora Nadera Shalhoub-Kevorkian, de la Universidad Hebrea de Jerusalén.
Esta complicidad parte de su estrecho vínculo con el militarismo, en tanto en cuanto todas las universidades, salvo una, mantienen convenio con el Ministerio de Defensa, y colaboran activamente en el desarrollo de elementos técnicos de apoyo a las operaciones en Gaza.
A la luz de estos datos, desde Naciones Unidas interpretan que dichos ataques tienen la intención de destruir sistemáticamente las universidades palestinas, lo cual se encuadra entre los actos que la Relatora Especial Francesca Albanese denuncia como genocidas; pues causan graves daños e imponen condiciones de vida tendentes a provocar su destrucción física, total o parcial.
Estas conductas nos obligan a cuestionar la incidencia práctica y simbólica que tiene la colaboración de nuestras universidades con instituciones israelíes sobre los derechos de la población palestina en particular, y la promoción de los derechos humanos y la justicia en general.
Nos llevamos las manos a la cabeza cuando recordamos que el destino de algunos libros fue una vez calcinarse en las plazas; y resonó cuando fueron aniquilados veinte siglos de historia en Irak. Entendemos que, cuando se produce un memoricidio, tenemos la obligación de condenarlo, pues todo intento de destruir la historia y la memoria de un pueblo afecta a la humanidad en su conjunto; y nuestra inacción nos hace partícipes. Pero las buenas palabras se dicen en vano cuando no están respaldadas por acciones.
Por ello, el paquete de medidas propuesto en el Claustro Universitario de la UMU materializaría el firme compromiso mostrado por la Universidad de Murcia con la paz y la justicia social. Responde al cumplimiento de los Derechos Humanos y, por ende, a la necesidad de transformar los conflictos mediante acciones no violentas, ofrecer reparación y facilitar el acceso a la educación a quienes han perdido su patrimonio educativo y cultural, frente a una realidad absolutamente extrema y excepcional.
Además, es compatible con la libertad académica en tanto en cuanto su aplicación no está dirigida a personas individuales, sino a instituciones, organismos y/o empresas que sean cómplices de crímenes internacionales; hayan practicado o aceptado la discriminación sistemática contra un grupo; o que no se hayan pronunciado explícitamente y actuado frente a los incumplimientos del derecho internacional. En ese sentido, cada vez más Universidades del mundo proponen declararse “espacio libre de apartheid” (por ejemplo, las universidades de Johannesburgo y Galway).
Por ello, nuestra tolerancia debe encontrar en los derechos humanos su brújula, sin que podamos permitirnos simular la paradoja de Popper. En consecuencia, cuando asistimos a un escolasticidio, la suspensión de las relaciones con Israel en el seno de la Universidad Española dista mucho de ser un acto de intolerancia; porque el conocimiento no puede estar al servicio de la destrucción del conocimiento sin transformarse en otra cosa.
Así pues, ante la aniquilación de la memoria, debemos salvaguardar las semillas que permitan rescatarla durante el silencio que se instala cuando cesan las sirenas, cuando nadie mira, y cuando, por fin, se puede echar de menos lo perdido.
El aumento de las cifras no da tregua. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), desde el 7 de octubre han muerto en Gaza 38.295 personas, más de 88.241 han sido heridas y 1,9 millones forzadas a desplazarse. Esta violencia extrema ha afectado directa y gravemente a la comunidad educativa palestina (escolasticidio), ya que el patrón de los ataques busca su aniquilación a través de la destrucción de su infraestructura y la muerte de 8.618 estudiantes, docentes, investigadores y personal de servicios.
Atentar contra instituciones consagradas al conocimiento ha arrastrado siempre la vergüenza colectiva de la barbarie que no debe ser repetida. A pesar de ello, aunque contabilicemos los daños desde octubre, cabe señalar que esta senda destructiva tiene un largo recorrido como estrategia de guerra y de ocupación.