La semana pasada salía a la luz la enésima polémica entre el Gobierno de la Región y el Consejo de Transparencia. Esta vez, el presidente del órgano, el magistrado jubilado Julián Pérez-Templado se daba de baja temporalmente y nombraba un sustituto. El presidente de la Asamblea Regional, el Sr. Castillo, ante la anomalía de esta situación elevó consulta a los Servicios Jurídicos del parlamento murciano, y antes de que éstos emitieran un informe, el Sr. Pérez-Templado presentó su dimisión de forma definitiva por motivos personales. A priori, cabe decir que en esta última controversia parece que tiene razón el Sr. Castillo ya que parece lógico que si al presidente del Consejo de la Transparencia lo ha elegido la Asamblea, a su sustituto también lo deba elegir el mismo órgano.
El Consejo de Transparencia fue creado por la Ley Regional 12/2014 de 16 de diciembre y su primer presidente fue José Molina. Es una institución jurídica moderna. Por desgracia, ya empieza a pasarme lo mismo que le sucede a los juristas veteranos, que no tengo mucha fe en las instituciones jurídicas modernas. Mi experiencia profesional me ha demostrado que, al final, los verdaderos garantes de la legalidad administrativa son los órganos judiciales, los cuales tiene una independencia orgánica, funcional y constitucional de los órganos administrativos de los que emanan los actos a revisar. No sólo sucede con el Consejo de la Transparencia, sino también con otros órganos administrativos de fiscalización como el Tribunal Económico Administrativo o el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. Tal es así, que a mis clientes ya le transmito las pocas posibilidades que existen de que estos órganos revoquen el acto impugnado, y que lo más seguro, es que termine el expediente en los Tribunales de Justicia.
Esta disfuncionalidad se ha puesto de manifiesto en el funcionamiento del Consejo de la Transparencia desde el principio. Quizás la causa es que este órgano, como la Consejería de la Transparencia, era un cuerpo extraño para el Ejecutivo de López Miras, ya que fue una exigencia de Ciudadanos potenciarlo e integrarlo en una Consejería propia e independiente. Ya desvinculado de este incómodo socio con la mayoría tránsfuga, el Gobierno de López Miras no se ha visto en la necesidad de fomentarlo y dotar de contenido real a este órgano. O bien porque se eligió como presidente a un magistrado jubilado de gran prestigio, con nada que demostrar y que ha ejercido el cargo con la dignidad e independencia de una persona de su categoría, a lo Thomas Beckcet cuando se enfrentó con Enrique II.
Sea por el motivo que fuera, lo cierto es que la polémica ha acompañado al funcionamiento de este órgano a partir de la mitad de esta legislatura. Primero por la negativa incompresible de la Comunidad para dotarle de un registro propio y de unos funcionarios adscritos al órgano para conseguir que tuviera una independencia funcional, lo cual creaba la paradoja de subordinarlo a los órganos administrativos que tiene que vigilar. Es evidente que no podía salir bien. Y, sobre todo, por el incumplimiento sistemático de sus resoluciones y, en especial, la resistencia del Gobierno regional a entregar la lista de vacunados indebidamente en diciembre de 2020, lista que los ciudadanos de esta Región tenemos derecho a saber y que conseguiremos, más pronto que tarde, y casi con total seguridad, por la vía judicial, salvo destrucciones a martillazos del disco duro.
Prueba del poco entusiasmo que ha tenido López Miras por este órgano es que ya ha suprimido la Consejería de Transparencia, la cual en tres años de vida ha tenido tres titulares distintos, aunque lo cierto es que uno de ellos, Torregrosa, duró poco tiempo, víctima del Tamayazo perpetrado en marzo de 2020. Y por lo leído últimamente, parece ser que la intención del Ejecutivo regional es suprimirlo definitivamente. Es más, a través de la vicepresidenta, se le reprocha que no presente memorias anuales de su actividad, con la clara intención de menoscabar su autoridad y desprestigiarlo para justificar su futura eliminación.
Después de la experiencia vivida por este órgano es evidente que el partido que gobierna la Región no cree en la utilidad del Consejo de la Transparencia, y en este caso, lo mejor es suprimirlo y adelgazar en lo posible la Administración Autonómica, y de esta forma se le daría un respiro al déficit de esta Región y se podrían reducir los recursos públicos nacionales destinados a equilibrar las cuentas regionales.
Y mientras tanto el problema del Mar Menor sin resolver, del cual acaba de decir el Supremo que no está causado por fuerza mayor, por lo cual abre la vía para pedir responsabilidades patrimoniales a las Administraciones Públicas, y con el maltrato que tenemos en el transporte ferroviario, lo que nos obliga a coger el AVE en Alicante o en Albacete para ir a Madrid, con la consiguiente pérdida de dinero y tiempo.
Todo ello, en la llamada por algunos “la mejor tierra del mundo”. Menos mal que han pasado al baúl de los recuerdos las recargadas galas de “Murcia que hermosa eres”, de las que el sábado pasado el exconsejero que las creó hacía en prensa un excesivo elogio. Mejor nos hubiera ido a todos si hubieran dedicado su tiempo, energías y recursos económicos en conseguir como objetivo prioritario, entre otras cosas, que la Región tuviera una mejor comunicación ferroviaria, en lugar de malgastar nuestros tributos en galas infumables. Esperemos que los protagonistas de las mayorías absolutas de rodillo de épocas pasadas no vuelvan a la primera línea política regional, aunque, si volvieran, lo más probable es que no tendrán un Consejo de la Transparencia del que preocuparse y que fiscalice su actividad.
La semana pasada salía a la luz la enésima polémica entre el Gobierno de la Región y el Consejo de Transparencia. Esta vez, el presidente del órgano, el magistrado jubilado Julián Pérez-Templado se daba de baja temporalmente y nombraba un sustituto. El presidente de la Asamblea Regional, el Sr. Castillo, ante la anomalía de esta situación elevó consulta a los Servicios Jurídicos del parlamento murciano, y antes de que éstos emitieran un informe, el Sr. Pérez-Templado presentó su dimisión de forma definitiva por motivos personales. A priori, cabe decir que en esta última controversia parece que tiene razón el Sr. Castillo ya que parece lógico que si al presidente del Consejo de la Transparencia lo ha elegido la Asamblea, a su sustituto también lo deba elegir el mismo órgano.
El Consejo de Transparencia fue creado por la Ley Regional 12/2014 de 16 de diciembre y su primer presidente fue José Molina. Es una institución jurídica moderna. Por desgracia, ya empieza a pasarme lo mismo que le sucede a los juristas veteranos, que no tengo mucha fe en las instituciones jurídicas modernas. Mi experiencia profesional me ha demostrado que, al final, los verdaderos garantes de la legalidad administrativa son los órganos judiciales, los cuales tiene una independencia orgánica, funcional y constitucional de los órganos administrativos de los que emanan los actos a revisar. No sólo sucede con el Consejo de la Transparencia, sino también con otros órganos administrativos de fiscalización como el Tribunal Económico Administrativo o el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. Tal es así, que a mis clientes ya le transmito las pocas posibilidades que existen de que estos órganos revoquen el acto impugnado, y que lo más seguro, es que termine el expediente en los Tribunales de Justicia.