Con la entrada en vigor la Ley 39/2006, de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, conocida comúnmente como “Ley de Dependencia”, se establece un catálogo de recursos para personas con discapacidad, cuyo espíritu es proporcionar mecanismos que permitan al individuo trabajar la autonomía a través de procesos de rehabilitación personalizada que respondan a sus necesidades individuales y marquen los objetivos a alcanzar.
Bajo esta premisa, en el área de Salud Mental, se ponen en marcha diversos recursos como Centros de día, Servicio de Promoción de la Autonomía o Viviendas Tuteladas entre otros. Es en este último en el que me voy a detener para analizar algunas de sus características y comprobar que una cosa es la letra y otra la realidad.
Nuestras viviendas tuteladas son pisos ubicados en contextos urbanos totalmente normalizados, en el que un grupo de personas conviven con el objetivo de ir aprendiendo a desenvolverse en la vida por si mismos y a integrarse socialmente. Para ello, cuentan con un equipo de profesionales que les acompañan en este proceso, atendiéndolos de forma individualizada y personalizada. Todos los que allí conviven, se esfuerzan cada día para hacer de este lugar su hogar, donde sus aspiraciones, ilusiones y sueños, se puedan hacer realidad, superando los obstáculos que encuentren en su caminar diario.
Las diferentes entidades que gestionan viviendas tuteladas trabajan dentro de este marco y la realidad nos muestra las grandes dificultades a las que se tienen que enfrentar para poder lograr el éxito. La principal razón la encontramos en el famoso COPAGO, entendiendo éste cómo el dinero que tiene que aportar cada chico o chica para disfrutar de una plaza en este recurso. Me explico: lo que a simple vista podría verse como algo justo, se torna sangrante al comprobar que la cantidad mensual a pagar para estar en una vivienda, la proporciona el usuario a través de sus ingresos, independientemente de lo que se gane, quedándote con un importe final de 106,5 € al mes, lo que llamamos “dinero de bolsillo”. Es decir, si ganas 1000 €, tu cuota a pagar será de 893,5€. Si recibes 500 €, será de 393,5 €. Si nos fijamos en ambos casos el resultado es el mismo.
Pues bien, con este dinero de bolsillo que se queda el usuario, se han de cubrir distintas necesidades básicas: especialistas que no están cubiertos por la seguridad social, como el dentista o el podólogo; la ropa, el uso de gafas, el trasporte… Como es fácil imaginar, en esta situación se tienen grandes dificultades para poder acceder a las cosas básicas de la vida diaria. Y todo ello sin contar con las actividades de ocio y tiempo libre, porque… ¿quién no tiene derecho a tomarse un café o ir al cine?.
Este escenario ha llevado a que muchos chicos y chicas no puedan solicitar una plaza en vivienda a pesar de su necesidad, ya que no disponen de familias con ingresos suficientes que les puedan apoyar económicamente. Pues 106,5 € te ayuda a sobrevivir pero no a vivir con la misma calidad y dignidad que el resto de las personas. Y esto si es duro.
Señores políticos, la Ley de Dependencia nació con el objetivo de establecer las condiciones básicas que permitieran garantizar la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a las persona en situación de dependencia. Para hacer realidad lo establecido en la legislación, es necesario que estos recursos, sean realmente accesibles de forma universal y gratuita. No la vaciemos de contenido impidiendo que no se puedan alcanzar los objetivos para los cuales fueron creados, imponiendo importes de copago que además son inasumibles por las personas que deben ser atendidas en ellos.
Es realmente indignante e injusto pensar que la entrada en una vivienda tutelada se ha reducido a una cuestión puramente económica, obviando el aspecto más importante: el terapéutico.
Con la entrada en vigor la Ley 39/2006, de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, conocida comúnmente como “Ley de Dependencia”, se establece un catálogo de recursos para personas con discapacidad, cuyo espíritu es proporcionar mecanismos que permitan al individuo trabajar la autonomía a través de procesos de rehabilitación personalizada que respondan a sus necesidades individuales y marquen los objetivos a alcanzar.
Bajo esta premisa, en el área de Salud Mental, se ponen en marcha diversos recursos como Centros de día, Servicio de Promoción de la Autonomía o Viviendas Tuteladas entre otros. Es en este último en el que me voy a detener para analizar algunas de sus características y comprobar que una cosa es la letra y otra la realidad.