Tanta saliva y tanta tinta gastada para nada: defensa o en detrimento de que el gafado aeropuerto de Corvera sea rebautizado “Juan de la Cierva”. ¿Fruslerías? Al final, resulta que lo que verdaderamente debería importar es que se cumpla o no la ley. En este caso, la de Memoria Histórica. Una polémica anodina más que contribuye a que se olvide que ese aeródromo etiquetado “internacional” está gafado.
Es de tal calibre el cúmulo de despropósitos, cuentos de la lechera, costes inauditos y servidumbres políticas y económicas, desde que al expresidente Valcárcel y su pandilla se les ocurrió construirlo, que el último ridículo conseguido por los actuales gobernantes ya no se sabe si es siquiera digno de ser tenido en cuenta. Puesto que lo de menos es que se llame de una u otra forma.
Siempre y cuando se cumpla la legalidad vigente. Y en este asunto está claro que rebautizarlo con el nombre del magnífico aviador pionero mundial no lo hace, porque fue también un golpista que contribuyó de forma decisiva a que se pudiera ejecutar la sublevación militar cuyo fracaso dio origen a la guerra civil española.
Tiene miga que una infraestructura que probablemente estará obsoleta el lejano día que llegue a alcanzar una cuenta de resultados equilibrada pueda ser, además, motivo de escarnio, mofa y befa para cualquier mente mínimamente democrática y respetuosa de las leyes que nos rigen.
Alguien malintencionado, como el arriba firmante, podría pensar que a fecha de hoy se trata de ocultar que la ciudadanía murciana sigue pagando por el flamante aeródromo unos 22.000 euros al día, ocho millones al año, por el juguetito inservible al que la derecha de toda la vida se empeña en bautizar con el nombre de uno de los coadyuvantes del golpe de Estado perpetrado por el general Franco y sus secuaces, aunque el director del tinglado fuera ese otro militarote que ni moló ni mola nada.
La participación imprescindible del ingeniero Juan de la Cierva para que el Dragon Rapide trasladara al dictador en ciernes a territorio africano está ampliamente demostrada por la Historia, en general, y por el estudioso Ángel Viñas, en este mismo diario en tres artículos que, obviamente, ni el consejero de Fomento José Ramón Díez de Revenga, ni la diputada en el Congreso Isabel Borrego se han leído.
Ni falta que les hace. Lo que les sirve es usar la aplicación estricta de la ley de Memoria Histórica por el “Gobierno de Madrid” para que el nombre del ingeniero no sea consagrado en el frontispicio de la inútil instalación corveriana con el fin de montar otra algarada mediática contra el sanchismo socialcomunista, invocando el victimismo masoquista más ridículo, en la mejor analogía de esa otra gran estupidez de “Espanya ens roba”.
Sostiene el baranda de Fomento murciano, con una frase que quedará en los anales de la tergiversación política, que el Gobierno de Sánchez pretende “reescribir la historia desde un enfoque sectario y con una interpretación sesgada de este ilustre murciano” que fue De la Cierva. Precisamente, el dictamen de Aviación Civil para denegar el bautizo pretendido lo que hace es mantener la verdad histórica de que el ingeniero fue un golpista colaborador del general Franco, como ya dejó claro Ángel Viñas, por un lado. Por otro, que esa misma persona fue una figura señera de la aviación civil. Lo cortés no quita lo valiente.
Léase al efecto el texto emitido por la Dirección General de Aviación Civil y la resolución denegatoria del ministerio que no deja de “tener en cuenta sus innumerables méritos cosechados (…) y su contribución a la aviación en el mundo”, como dice el consejero Díez. Es decir, los reconoce.
Pero también dice que sus otros “méritos” al servicio del golpista Franco lo inhabilitan según el espíritu y la letra de la vigente ley de Memoria Histórica. Y si se trata de cumplir las normas que nos hemos dado democráticamente los españoles ––como gustan de repetir bombásticamente los acérrimos del 78––, esto es lo que hay.
Otra cosa es que este nuevo ejercicio de insumisión a la legalidad vigente por parte del PP se suma al rechazo a renovar el Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo. O, simplemente, a que se aplique la ley, en este caso la de Memoria Histórica, como ya hicieron los gobiernos populares de Mariano Rajoy dejándola sin dotación presupuestaria para que se convirtiera temporalmente en papel mojado.
El esperpento llega al extremo de que la diputada Isabel Borrego ––cuyo enorme atractivo fue suficientemente fuerte como para que el nunca bien ponderado Vicente Antonio Martínez-Pujalte López abandonara su condición de numerario del Opus Dei y el voto de castidad consecuente para matrimoniarla–– hable de que Sánchez solo aplica “su” ley. Porque esa norma no es del actual presidente del Gobierno, sino de todos los españoles puesto que fue aprobada por la mayoría del Congreso. Y tampoco sería, forzando la mano, de Sánchez, sino de Zapatero, que también tiene la culpa de esto.
Así que los más eximios defensores de la legalidad vigente, cuando les conviene, vuelven a boicotear la aplicación de las normas democráticas que no les gustan, práctica a la que penosamente tienen acostumbrada a la ciudadanía. Alguien podría preguntarse que, si tan mal les parece, por qué razón no intentaron cambiarla la ley en cuestión cuando gobernó Rajoy entre 2011 y 2018. Tiempo tuvieron.
Pero no, optaron por la vergonzante actitud de dejarla sin efecto negando la financiación necesaria para su aplicación mientras el señor registrador se fumaba un puro. Lo mismo que hicieron, por cierto, con la cooperación internacional y con algunas otras cosas cuya enumeración sería demasiado prolija. Lo mismo que hacen ahora los populares murcianos con la norma que permite la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la Región de Murcia, convirtiendo la legalidad en un chicle a gusto del gobernante de turno. Parece, por tanto, caer en el olvido para algunos ese principio en que el común debería creer de que las leyes están para cumplirlas. Y, si no, uno puede ir a la cárcel. O no, como se está contemplando. Vale.
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