El pasado 21 de julio se aprobó por parte de la UE el llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia “Next Generation EU”, un ambicioso plan de ayudas a los países miembros para hacer frente a la crisis económica surgida por la situación de pandemia, cifrado en la mareante cifra de 750.000 millones de euros, financiados mediante la emisión de deuda comunitaria, de los cuales 140.000 millones irán destinados a nuestro país, unos 60.000 millones en forma de transferencias directas de aquí a 2023, y el resto mediante préstamos. Seríamos el segundo país de la UE, tras Italia, en recibir la mayor cuantía, debido a la mayor incidencia de la pandemia. Hay un dato importante, que el 70% de esos fondos (98.000 millones) deberán ser usados antes del final de 2022.
El Gobierno será el encargado de repartir esos fondos, en colaboración con las comunidades autónomas y las entidades locales. En teoría, esos fondos irán dirigidos a lograr una transición ecológica de la economía que contrarreste los efectos del cambio climático y de la pérdida de biodiversidad, además de conseguir la llamada transición digital, para mejorar la digitalización tanto de la población en general, disminuyendo la brecha digital entre los diferentes sectores de la sociedad, como de las empresas. También se pretende reducir la brecha de género, mejorando el acceso al mercado laboral de las mujeres e igualando los salarios entre hombres y mujeres. Este plan se concreta en 10 políticas palanca que abarcan áreas como el mundo rural, industria, ciencia, educación, cultura, movilidad, energía, turismo, sanidad, deporte, empleo, cuidados y fiscalidad.
En teoría, la cosa pinta bien, siempre y cuando los fines se ajusten a los objetivos marcados por la Unión Europea en cuanto al destino de esos fondos. Y he aquí que se empiezan a vislumbrar algunas cosas que nos indican que lo mismo no van a ir destinados a quienes deberían, y que son los de siempre los que se van a ver beneficiados. Así, se va sabiendo que, del total adjudicado a España, sólo 7.000 millones de euros irán destinados a las pymes, y que el grueso de esos fondos serán para las grandes empresas que cotizan en el Ibex-35, que ya han presentado centenares de proyectos por valor de más de 100.000 millones de euros. Solo entre Endesa, Iberdrola y Naturgy han presentado más de 360 proyectos para captar más de 53.000 millones de euros de los fondos europeos. Iberia, de la mano de Aena y Airbus, está formando un consorcio para absorber otros 11.000 millones. Las grandes constructoras cotizadas españolas han presentado cerca de 2.200 proyectos por valor de más de 100.000 millones.
También se ha sabido que la Comunidad de Madrid pretende absorber el 15% del total de los fondos, más de 22.000 millones de euros, para financiar proyectos sostenibles, sí, pero también para dedicarlos a proyectos como la Ciudad de la Justicia, ese viejo proyecto ruinoso de Esperanza Aguirre, con más de 400 millones, o la ampliación del aeropuerto de Barajas, mientras que la España vaciada reclama que el departamento de Reto Demográfico del Ministerio que dirige Teresa Ribera no sea sólo un eslogan, y que canalice esos fondos para evitar la despoblación de las zonas rurales.
El modelo productivo español está basado en el sector servicios, que aporta casi el el 68% del PIB nacional, frente al 20% procedente de la industria y un escaso 2% de la agricultura y la ganadería. Cuando gran parte de la economía depende del monocultivo del turismo y la hostelería (con la construcción como aliada), nos encontramos con una escasa resiliencia, es decir, con una baja capacidad de recuperación ante situaciones de crisis como la que atravesamos, tal y como estamos comprobando, al carecer de una diversificación económica. Ante esto, lo que se impone es un cambio de rumbo, un aumento en la inversión en otros sectores, sobre todo los relacionados con la I+D+i, las tecnologías ligadas al sector verde (reciclaje, bioconstrucción, energías renovables, movilidad sostenible, silvicultura, etc.), la economía del cuidado, las ciudades inteligentes, la alimentación y nutrición de calidad, antes que reincidir en los sectores de bajo valor añadido y altamente dependiente de los avatares de la globalización.
España tiene la oportunidad de encauzar la recuperación económica del país con un objetivo, realizar una verdadera transición ecológica de la economía o, por el contrario, podría repetir los errores del pasado, manteniendo un sistema a menudo insostenible desde el punto de vista ambiental y que solo beneficia a las grandes empresas. No la desaprovechemos.
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