Año nuevo, bulo nuevo. Esta vez le ha tocado el turno a Alberto Garzón, al que se quiere presentar como un enemigo del sector ganadero en su conjunto. En su entrevista defendía sin embargo a capa y espada una ganadería extensiva y sostenible, la que practican las decenas de miles de pequeñas y medianas explotaciones que dan vida a nuestro mundo rural. La historia de este bulo y su propagación la ha contado con todo detalle el experto en redes Julián Macías Tovar.
Lo cierto y verdad es que la mayor amenaza para el sector ganadero no son hoy las palabras del ministro, sino los precios bajos y las macrogranjas operadas por multinacionales de la industria cárnica y láctea. Su proliferación sin control expulsa del mercado a nuestra ganadería tradicional y poner en jaque el futuro de miles de familias.
La hipocresía de PP y Vox con los ganaderos no tiene límites. El 3 de diciembre votaban en contra de la nueva Ley de Cadena Alimentaria que prohíbe la venta a pérdidas. En contra de pagar a nuestros ganaderos un precio justo por sus productos. Entonces no oímos ninguna crítica de las patronales agrarias a estos partidos.
Algunos de los portavoces de estas organizaciones han quedado retratados estos días. Hace poco criticaban al gobierno por no frenar la expansión de las macrogranjas. Hoy critican al gobierno por lo contrario, un sindiós. La hemeroteca no tiene piedad: “La macrovaquería de Noviercas arrasaría todos los campos del norte de España y la cornisa cantábrica y no fijaría población porque no se crea el empleo que se dice, ni mucho menos; sería un hito más en la despoblación y además echaría del mercado a 432 explotaciones de su entorno”. Lo decía el pasado mes de marzo Jorge Hernández, responsable del sector lácteo de COAG en Castilla y León, sobre esta macroexplotación que pretende albergar a 23.520 vacas lecheras.
Otro ejemplo: “Upa confía en las intenciones del Gobierno de prohibir las macrogranjas de vacuno”, titular del 23 de abril de 2021. En noviembre la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos llevaba esta prohibición a Bruselas. Hoy COAG y UPA se suman a ASAJA y exigen la dimisión de Garzón por sus críticas a este sector y sus efectos. ¿En qué quedamos? ¿Qué intereses mueven realmente a algunos dirigentes de estas organizaciones? ¿Los de los pequeños agricultores y ganaderos, sus asociados, o hacer política barata?
Lo mismo podría decirse de los barones del PSOE. El presidente de Aragón, Javier Lambán, fue el primero en comprar el bulo de la ultraderecha. Después llegó el presidente castellano-manchego García-Page, el mismo que anunciaba a bombo y platillo una moratoria sobre las macrogranjas en su Comunidad el pasado 10 de diciembre. Como lo oyen.
¿Y en la Región de Murcia? El PP no ha tardado en subirse al carro y, con Francisco Bernabé al frente de la expedición, convocaba esta semana una rueda de prensa en una granja de Lorca. Sin embargo, la hemeroteca popular también da mucho de sí. En diciembre de 2020 los populares de Cieza celebraban la modificación del Plan General Municipal de Ordenación para impedir la instalación de macrogranjas: “protegemos nuestra tierra de contaminación de todo tipo y preservamos nuestro patrimonio de cualquier ataque”. El 11 de julio la alcaldesa de Yecla, Remedios Lajara, participaba en la manifestación contra la macrogranja que El Pozo quiere instalar en las inmediaciones del monte Arabí. La propia Asamblea Regional de Murcia aprobó en marzo la declaración institucional que la diputada de Podemos María Marín llevó a la Cámara contra esta macrogranja y lo hizo con el apoyo de todos los partidos.
Que tomen nota nuestros vecinos y vecinas de Yecla, el Noroeste y el Guadalentín, y nuestros pequeños y medianos ganaderos. Las críticas del PP a las macrogranjas en algunas localidades son puro postureo. Lo del PSRM es lo de siempre: un silencio cobarde. Mientras unos muestran su verdadera cara y otros callan cómplices, Podemos ha registrado en la Asamblea Regional una enmienda a los presupuestos regionales de 2022 para que el gobierno regional cumpla con su obligación de controlar estas instalaciones y estudiar en profundidad sus efectos sobre el medioambiente y la población del mundo rural. Hasta que alguien no demuestre que los beneficios de estas explotaciones son mayores que los gravísimos problemas que ocasionan es urgente establecer una moratoria.
En la Región hay más de 1.000 balsas de purines fuera de todo control. Sus nitratos se filtran en el subsuelo o son arrastrados por las lluvias. Acaban en los acuíferos y en nuestra laguna salada. En esta Región no aprendemos. Hemos sacrificado nuestra gran joya natural, el Mar Menor, a los intereses de un puñado de multinacionales del agronegocio. Ahora los mismos dirigentes que han consentido este ecocidio van camino también de cargarse entornos únicos como el monte Arabí o nuestra preciosa comarca del Noroeste. Son ellos o nosotros. ¡Macrogranjas NO! ¡Lobbies NO! En este país faltan más políticos valientes como Garzón y sobran los que siempre están dispuestos a vender nuestra tierra al mejor postor.
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