Estaba condenado a casi doscientos años de cárcel, se escapó de la entonces justicia española con el sonrojo de una parte de la sociedad. Fue uno de los terroristas de extrema derecha que perpetró el vil atentado contra los Abogados de Atocha.
Durante casi tres décadas ha estado disfrutando de su libertad en Iberoamérica. Tras ser acusado de un delito de narcotráfico, fue trasladado a España en febrero para cumplir su condena y ante una sociedad narcotizada por la COVID-19, y con la inmensa mayoría de los medios de comunicación más pendientes de la Ley Celaá y de Bildu, un juez le ha puesto de patitas en la calle ocho meses después de aterrizar en España.
Lo primero que se me viene a la cabeza es qué estarían diciendo la derecha y su extrema, con sus múltiples medios de comunicación por banderas, si el asesino García Julia se llamara García Julandieta y fuera un asesino de la banda terrorista ETA.
No es muy difícil imaginar algunos titulares de la prensa: ‘El Gobierno de Sánchez humilla a los españoles y paga la siguiente factura a Otegui’, ‘Bochornoso’, ‘Sánchez se doblega ante ETA’, etc. Tampoco quiero ni imaginar que estarían diciendo Santiago Abascal y Pablo Casado.
Pero aquí hay una gran diferencia, este terrorista ‘es de los nuestros’.
Sin duda, la justicia ha vuelto a poner su credibilidad en entredicho, si es que le queda alguna. Mientras los presos del procés siguen en prisión, el mensaje que se envía a los asesinos es claro: ‘Mata, te largas a otro país, y dentro de veinte años vuelves con la cabeza alta’.
Imagino que Puigdemont y su corte de ‘huidos’ de la justicia estarán la mar de contentos: mientras Cataluña no se independice, el precedente que ha creado la justicia española es bastante peligroso.
Pero ahora más que nunca toca estar con los familiares y amigos que sufrieron la sinrazón de un puñado de terroristas de extrema derecha que se creyeron con licencia para matar en nombre de la patria.
La última pregunta que me queda por responder es: ¿hay justicia en este país?
Yo creo que no, y si no que se lo pregunten al Rey emérito, que no me extrañaría nada que volviera a morir al país que no lo vio nacer y reciba un entierro de Jefe de Estado, como Dios manda.
Estaba condenado a casi doscientos años de cárcel, se escapó de la entonces justicia española con el sonrojo de una parte de la sociedad. Fue uno de los terroristas de extrema derecha que perpetró el vil atentado contra los Abogados de Atocha.
Durante casi tres décadas ha estado disfrutando de su libertad en Iberoamérica. Tras ser acusado de un delito de narcotráfico, fue trasladado a España en febrero para cumplir su condena y ante una sociedad narcotizada por la COVID-19, y con la inmensa mayoría de los medios de comunicación más pendientes de la Ley Celaá y de Bildu, un juez le ha puesto de patitas en la calle ocho meses después de aterrizar en España.