El pasado 11 de enero se llevó a cabo una manifestación en Madrid, convocada por los regantes del Levante, para protestar por la subida del caudal ecológico del Tajo que, según ellos, perjudicará a su actividad económica, la agricultura intensiva, al suponer una merma en los caudales del trasvase Tajo-Segura. A esta convocatoria, a la que asistieron 12.000 personas, según la organización, y 4.000, según la policía local, en la sempiterna guerra de cifras a la que asistimos cada vez que se realiza una manifestación, acudieron políticos de uno y otro signo, desde el alcalde socialista de Murcia, Jose Antonio Serrano, la consellera de Agricultura y Transición Ecológica de la Comunidad Valenciana, Isaura Navarro y el diputado de Compromís Joan Baldoví, hasta el jefe de filas de la ultraderecha, Abascal, pasando por el presidente de la CARM, López Miras, más preocupados todos ellos en no perder los votos que están en juego en las próximas elecciones de mayo que en afrontar con seriedad el problema del agua al que nos enfrentamos y que afecta ya al modelo económico imperante.
Precisamente, de lo que se trata es de tener una visión a medio y largo plazo de las condiciones hídricas que tendremos en los próximos años, y que gran parte del espectro político parece ignorar, aunque esto varía según el territorio del que se trate, pues el discurso es diferente si el partido en cuestión, ya sea el PSOE o el PP, tiene su ámbito de actuación en la cuenca cedente o la cuenca receptora del agua. Sólo hay que comprobar lo que Núñez Feijóo declaró a comienzos del mes de noviembre pasado en Castilla-La Mancha, admitiendo que la cuenca cedente, la del Tajo, tiene “que tener prioridades para el agua” y que hay que “disminuir los consumos de agua allá donde reciben agua de otras cuencas”, en clara alusión a la cuenca del Segura, mientras que López Miras exige que no se recorte el trasvase.
Pero lo que unos y otros no tienen en cuenta es la situación de emergencia climática a la que nos enfrentamos, que ningún plan ni ley consigue paliar ni frenar. Así, un informe de la AEMET advierte de que en 2022 se recogieron un 16% menos de precipitaciones que el año anterior, siendo el sexto más seco desde el año 1961, además de que este otoño ha sido el tercero menos lluvioso del siglo XXI, hablándose de riesgo de una sequía de larga duración, por lo que no parece que las condiciones hidrológicas vayan a mejorar en los años sucesivos, sino todo lo contrario.
Ya en 2003, en la época del proyecto de trasvase del Ebro a través del Plan Hidrológico Nacional (PHN) del gobierno de Aznar, expertos de EE.UU., México e Israel rechazaron en el Parlamento Europeo la viabilidad del PHN español, advirtiendo de que la política trasvasista ha fracasado en los países donde se llevaron a cabo. Toda una serie de estudios científicos y tesis doctorales coinciden en que un trasvase como el del Ebro sería difícilmente aceptable hoy día, desde el punto de vista científico, ambiental y económico. En cuanto al trasvase Tajo-Segura, los estudios certifican que la evaporación media anual del Tajo es muy superior a la precipitación media anual. Por tanto, las aportaciones o escorrentías que se producen con estas precipitaciones también son reducidas, todo ello agravado por el cambio climático. Lo del caudal ecológico, a diferencia de lo que afirma López Miras, no es una “decisión politica”, sino una exigencia de la Ley de Aguas de 2001, cuyo artículo 59 afirma que “se aplicará también a los caudales medioambientales la regla sobre supremacía del uso para abastecimiento de poblaciones”, sobre otros usos como el agrario o industrial, además del propio mantenimiento del ecosistema.
Tal vez se conseguiría la supervivencia del campo, si en vez de atender a las exigencias del 'lobby' agroindustrial e ignorar las advertencias del colectivo científico, el gobierno regional -presente o futuro- se anticipara a la situación de emergencia climática y la más que previsible escasez de agua diseñando un modelo económico adaptado a esa situación a medio plazo y evitando la sobreexplotación que ponga en peligro los ecosistemas asociados y permita la atención sostenible de los usos mediante una transición ecológica y justa de la agricultura. Sin embargo, la clase política regional, además de acusar de ser 'antimurciano' a todo aquel o aquella que ponga en duda la viabilidad de los trasvases, está empeñada en su huida hacia adelante, en una visión cortoplacista, reeditando el famoso eslogan de 'Agua para todos', y dejando para las generaciones futuras la resolución del problema.
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