La Universidad de Murcia ha elegido gobierno esta semana, y como único aspirante, el catedrático José (Pepe) Luján repite como rector con una propuesta de gestión titulada 'La universidad que nos ilusiona'. Es lógica la ilusión del rector, ya que ha vuelto a lograr la confianza para dirigir una de las mejores universidades del país. Que exista buen nivel académico en una de las comunidades autónomas que peor trata a la ciencia y a la educación se explica por tres razones: una, a diferencia de otros servicios públicos, la gestión universitaria la ejercen funcionarios cualificados (que tocan mejor los botones que algunos políticos); dos, existe una plantilla con vocación y fuerte compromiso institucional, y tres, el estímulo constante de trabajar entre estudiantes y colegas competentes, que acceden a la educación superior exclusivamente por su propio mérito y capacidad.
No obstante, el buen funcionamiento de este oasis en los servicios públicos murcianos está seriamente amenazado. Desde UGT llevamos tiempo denunciando la precariedad: el 45% del profesorado trabaja a tiempo parcial, cobrando menos de 600 euros, los contratos de relevo generacional escasean (son el 4,9% del total; en los próximos años habrá el triple de jubilaciones), el profesorado en formación tiene una edad media superior a 40 años, la jornada laboral supera frecuentemente 45 horas semanales, incluyendo sábados, domingos y vacaciones, la salud de casi tres cuartas partes de la plantilla está comprometida por el ritmo de trabajo, no hay facilidad ni procedimiento claro para conciliar, el complemento salarial autonómico es el más bajo del país (la CARM aporta un 40% menos que la media nacional), salir al extranjero es inviable sin comprometer recursos económicos personales, y se penaliza salarialmente… y podría seguir. Nuestro rector ilusionado no es ningún iluso: todos estos problemas ya existían en su primer mandato, no tienen una solución fácil y poco ha cambiado en sus primeros cuatro años de gestión.
Luján sabe que tiene que lidiar con un gobierno autonómico que está muy lejos de creer en la ciencia y los servicios públicos (el nivel de fe de un político en una causa es directamente proporcional al esfuerzo presupuestario que dedica a la misma), y cuando el dinero no entra por la puerta, la ilusión puede salir por la ventana, aún cuando la ponga un rector. Para subsistir, la UMU necesitará negociar un plan de financiación plurianual decente y hacer un gran esfuerzo colectivo interno de imaginación. El deficitario presupuesto autonómico y el desinterés recurrente del Gobierno regional hacia sus universidades públicas no van a ayudar a Luján a procurar las condiciones laborales de una universidad excelente. En un contexto político tan hostil para la ciencia y el conocimiento, lo positivo por la UMU que pueda hacer el rector será en términos de grandes acuerdos, o no será, y tendrá que emplearse a fondo para conseguir la complicidad, el consenso y el concurso extraordinario de la mayoría de la plantilla. Sus inmediatos predecesores, José Antonio Cobacho y Pepe Orihuela, lo tenían claro: cada uno con sus ideas, circunstancias y estilo, con sus aciertos y errores, pusieron empeño en tender puentes internos hacia sectores muy amplios y heterogéneos de la comunidad académica.
A diferencia de ellos, Luján ha establecido durante su primera etapa un liderazgo jerarquizado, articulando fundamentalmente sus relaciones con la plantilla a través de los decanos: ha puesto 'al centro en el centro', en sus propias palabras. Esto ha facilitado su mandato durante la pandemia y también su reelección, pero gestionar de la mano del lobby de decanos ('el sindicato de los decanos', bromean algunos), desplazando de la toma de decisiones a otros colectivos (que tienen la misma o más legitimidad en la gestión universitaria) ha tenido un coste importante.
La relación con la representación laboral está muy deteriorada, los directores de departamento y otros responsables del funcionamiento administrativo se han sentido abandonados, la incertidumbre y desesperanza en la comunidad universitaria es alarmante y, en general, la mayoría se ha distanciado mucho de la gestión universitaria: la participación en estas elecciones ha sido la menor que se recuerda, y el nivel del debate ha caído, hasta el punto de que lo más animado que podíamos leer durante la precampaña electoral en la lista de anuncios institucional era una discusión personal entre dos catedráticos eméritos, muy bronca, a cuenta del tema de los chuletones de Garzón.
Abordar de verdad los problemas serios que tiene la Universidad de Murcia en materia laboral va a requerir de grandes consensos. Pepe Luján tiene mucho que hacer para que toda la ilusión que tiene no se quede en su programa y sea una realidad compartida. La negociación laboral en la universidad es un campo minado, un terreno muy complejo lleno de impedimentos, vetos, bloqueos, inflexibilidad y rigideces administrativas, en el que entender y hacerse entender no es sencillo (la lealtad a la institución no es siempre complaciente). Muchos volveremos a este empeño, a trabajar para llegar a acuerdos y para que el centro de la gestión sean las personas que, con más ilusión que medios, mantienen los laboratorios y las aulas abiertas.
La Universidad de Murcia ha elegido gobierno esta semana, y como único aspirante, el catedrático José (Pepe) Luján repite como rector con una propuesta de gestión titulada 'La universidad que nos ilusiona'. Es lógica la ilusión del rector, ya que ha vuelto a lograr la confianza para dirigir una de las mejores universidades del país. Que exista buen nivel académico en una de las comunidades autónomas que peor trata a la ciencia y a la educación se explica por tres razones: una, a diferencia de otros servicios públicos, la gestión universitaria la ejercen funcionarios cualificados (que tocan mejor los botones que algunos políticos); dos, existe una plantilla con vocación y fuerte compromiso institucional, y tres, el estímulo constante de trabajar entre estudiantes y colegas competentes, que acceden a la educación superior exclusivamente por su propio mérito y capacidad.
No obstante, el buen funcionamiento de este oasis en los servicios públicos murcianos está seriamente amenazado. Desde UGT llevamos tiempo denunciando la precariedad: el 45% del profesorado trabaja a tiempo parcial, cobrando menos de 600 euros, los contratos de relevo generacional escasean (son el 4,9% del total; en los próximos años habrá el triple de jubilaciones), el profesorado en formación tiene una edad media superior a 40 años, la jornada laboral supera frecuentemente 45 horas semanales, incluyendo sábados, domingos y vacaciones, la salud de casi tres cuartas partes de la plantilla está comprometida por el ritmo de trabajo, no hay facilidad ni procedimiento claro para conciliar, el complemento salarial autonómico es el más bajo del país (la CARM aporta un 40% menos que la media nacional), salir al extranjero es inviable sin comprometer recursos económicos personales, y se penaliza salarialmente… y podría seguir. Nuestro rector ilusionado no es ningún iluso: todos estos problemas ya existían en su primer mandato, no tienen una solución fácil y poco ha cambiado en sus primeros cuatro años de gestión.