Esto, que parecen unas palabras vacías, un eslógan como el de #FijezaYa, es una realidad para los más de 800.000 trabajadores y trabajadoras temporales de la administración pública española. Empleados y empleadas que han dado lo mejor, que han cumplido con sus cometidos profesionales al servicio de una administración estatal, autonómica, provincial o municipal, y que han recibido un comportamiento tiránico por parte de un patrono que se muestra insensible e indiferente frente a quienes considera como una mera partida presupuestaria del capítulo de recursos humanos.
La situación del colectivo interino es una de las más precarias de nuestro mercado laboral; y eso se demuestra en que España, Estado de pleno derecho de la Unión Europea, se ha negado a trasponer en su orden jurídico interno la directiva comunitaria sobre trabajo temporal en el ámbito de la función pública, cosa que sí hizo en el ámbito de la empresa privada. Y claro, pasa lo que pasa: que creas una situación de inseguridad jurídica, desigualdad de trato, fraude de ley y abuso. Todo eso.
Dejadme que os cuente una historia, la de una de tantas que durante más de 20 años lleva viendo cómo se vulneran sus derechos y observa, estupefacta y con temor, como el nuevo decreto (conocido como el Icetazo) hace recaer sobre ella el peso de los incumplimientos y vulneraciones del estado, su jefe.
Pongamos que hablamos de Marta, una enfermera, también podría ser maestra o empleada en un ayuntamiento o un organismo de su comunidad autónoma, prestando un servicio público. Resulta que Marta empezó a trabajar en 2006 tras terminar su carrera y presentarse a unas duras oposiciones. En ese momento, Marta era novata y no sabía muy bien cómo era el día a día en un hospital; aun así, se esforzó, amplió su formación pagándose de su bolsillo infinidad de cursos, jornadas, seminarios y hasta un máster, aprendió de sus compañeros y compañeras con experiencia y fue convirtiéndose en una profesional. Eso sí, interina, con un contrato temporal.
Marta, sin un destino fijo y en situación precaria, pasó de un puesto a otro, formándose en mil y una batallas, siempre ocupando los peores puestos, los que los funcionarios fijos prefieren evitar, pero siempre levantándose cada mañana con la ilusión de dar lo mejor de sí. Y, al mismo tiempo que continuaba formándose, se apuntó a una academia y seguía estudiando las oposiciones para alcanzar un puesto definitivo, aunque durante años o no se convocaban plazas suficientes de su especialidad por los recortes o, directamente, ni se convocaban. Aún así, logró aprobar alguna oposición, mejorando su puesto en la lista de interinos, pero sin más suerte que seguir siendo una empleada temporal.
Lo que Marta no sabía es que lo que estaban haciendo con ella, desde la administración, no se ajustaba a la normativa europea. En los círculos de interinos se hablaba de una directiva europea de 1999 que impedía la concatenar contratos y contratos laborales sin fin, pero que eso no se aplicaba en la administración, si bien en las empresas ya se aplicaba para evitar el fraude de la concatenación de contratos temporales.
Marta había crecido creyéndose eso de la igualdad, mérito y capacidad; así que Marta siguió estudiando y trabajando, realizando su labor de forma impecable, a kilómetros de su familia y amigos, sin recibir quejas y sorteando obstáculos, a pesar de la incertidumbre constante y los contratos precarios, que se sucedían uno tras otro, uno tras otro. Sin embargo, Marta no entendía cómo era posible que no se convocaran oposiciones, que cada vez hubiera más compañeros y compañeras en la misma situación, y que seguían pasando los años con miles y miles de personas contratadas en régimen de temporalidad, pero que realmente estaban ocupando puestos estructurales. Marta veía como sus amigos y amigas, que trabajaban en la empresa privada, pasaban a ser fijos tras 3 años de contrato, gracias a la transposición de la famosa directiva europea, pero ella seguía igual, en el limbo de la eterna temporalidad.
Se convocó alguna oposición con un número irrisorio de plazas, insuficientes. Recuerda que una de esas veces se convocaron 100 plazas, anunciadas a bombo y platillo en los medios de comunicación, pero existiendo más de 800 interinos con más de 4 años trabajando de manera continuada, “¿Cómo es eso posible? ¡Esto es un fraude!”, pensó. Aun así, estudió y superó la oposición, quedándose en la fase de concurso-oposición la 250, pero como la administración solo había ofertado 100 plazas, a pesar de tener 800 puestos estructurales, ahí se quedó… con una enorme frustración y viendo que el número de interinos e interinas aumentaba y aumentaba.
Siguió esperando y vio la crisis de 2012, que azotó todo el sistema público. Se suspendieron las oposiciones, se limitó la tasa de reposición, y el Estado seguía incumpliendo año tras año, bajo el mantra de la crisis económica.
A pesar de todo, Marta tenía el convencimiento de que iba a seguir trabajando. Pensaba que el Estado no podría prescindir de quien ya era una profesional cualificada, con extensa formación y experiencia, con una acumulación de capital humano valiosísima para prestar un servicio público de calidad a la ciudadanía. Ella había cumplido, se había formado, había aprobado las oposiciones y solo la desfachatez de quienes habían incumplido y no habían sacado todas las plazas la habían dejado fuera de la posibilidad de abandonar una temporalidad que duraba… décadas.
Afortunadamente los tiempos habían cambiado. Un nuevo soplo de aire fresco venía por la izquierda y, por fin, parecía que la famosa directiva europea se iba a aplicar para la función pública. Lo que Marta no podía concebir es que esa ansiada norma no valorase todo su esfuerzo y no contemplase el abuso cometido durante años, años y más años. Ahora le dicen que todo eso apenas cuenta y que puede verse, con una familia, en la calle, sin trabajo, porque debe enfrentarse a unas oposiciones que la pueden dejar en la cuneta, con un gobierno… progresista.
Ella ya ha aprobado las oposiciones, pero ¿por qué no puede usar su mejor nota si ya ha superado la fase de oposición? Ella ha cumplido, los incumplidores han sido otros, los que han cometido fraude y abuso. ¿Por qué tiene que enfrentarse a procesos eliminatorios en los que su trayectoria podría dejar de tener valor?, ¿tan poco vale para la administración el esfuerzo, dedicación y todo el capital profesional acumulado por Marta?
He hablado con muchas Martas y no salen de su asombro entre el desencanto, la incredulidad y la rabia. No entienden, con razón, por qué ocurre esto, por qué la administración se sigue mostrando insensible e indiferente para quienes lo han dado todo y sobre quienes se han cometido abusos que la justicia de la UE ha proclamado, aun cuando han demostrado mérito y capacidad durante mucho, mucho tiempo.
Marta no lo entiende y yo, que también he sido interino durante más de 11 años, tampoco; y sigo pensando que es muy injusto y que se debe recapacitar para que Marta y los 800.000 interinos en fraude no paguen las irregularidades de los gobiernos que se han negado a cumplir con la normativa. Por eso me uno al clamor de fijeza de los cientos de miles de interinos y pido que se arbitren las medidas para acabar, de una vez, con tanto fraude y tanto abuso.
Esto, que parecen unas palabras vacías, un eslógan como el de #FijezaYa, es una realidad para los más de 800.000 trabajadores y trabajadoras temporales de la administración pública española. Empleados y empleadas que han dado lo mejor, que han cumplido con sus cometidos profesionales al servicio de una administración estatal, autonómica, provincial o municipal, y que han recibido un comportamiento tiránico por parte de un patrono que se muestra insensible e indiferente frente a quienes considera como una mera partida presupuestaria del capítulo de recursos humanos.
La situación del colectivo interino es una de las más precarias de nuestro mercado laboral; y eso se demuestra en que España, Estado de pleno derecho de la Unión Europea, se ha negado a trasponer en su orden jurídico interno la directiva comunitaria sobre trabajo temporal en el ámbito de la función pública, cosa que sí hizo en el ámbito de la empresa privada. Y claro, pasa lo que pasa: que creas una situación de inseguridad jurídica, desigualdad de trato, fraude de ley y abuso. Todo eso.