Antes de comenzar un artículo sobre las inundaciones hay que expresar la empatía y solidaridad con las personas fallecidas, sus familiares y las personas que han perdido casas y bienes en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Es urgente una reflexión hacia el futuro sobre esta terrible tragedia que nos ha asolado. La magnitud de la catástrofe, no solo en daños materiales sino en el número de fallecidos/as, ha superado cualquier previsión.
Una primera idea es el hecho de que el cambio climático y sus consecuencias están aquí, pese a la irresponsabilidad de algunos discursos negacionistas y anticientíficos. El diablo se ha instalado. En este lado del Mediterráneo vamos a asistir cada vez más a fenómenos extremos, (DANA, lluvias torrenciales, olas de calor, intrusiones de polvo sahariano, etc.) que serán más cercanos en el tiempo y más abundantes. Tenemos que repensar ideas, actuaciones y prácticas que mitiguen y disminuyan los impactos en un futuro próximo.
Adaptar nuestro estilo de vida a la nueva situación y reducir al mismo tiempo las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero es una tarea social e institucional. Revisar los planes generales de ordenación es una medida urgente. Ahora mismo, el PGMO de Cartagena acaba su periodo de información pública y es un buen momento para otra normativa urbanística frente a fenómenos extremos. Los ayuntamientos deben elaborar planes que incorporen la reducción de la ocupación existente de las zonas inundables identificadas en los mapas de riesgo.
Otra propuesta necesaria es la reforma en profundidad del Plan Especial de Protección Civil por inundaciones (INUNMUR) en sus objetivos de mitigación, en sus metodologías de actuación, en sus protocolos y en el tiempo de respuesta ante una situación de riesgo. Murcia, Cartagena y Jumilla son los municipios de nuestra tierra en los que hay más puntos inundables por precipitaciones. Son 785 las localizaciones de este tipo las que el Plan INUNMUR tiene detalladas en nuestra región. Unido a esto, hay que elaborar un censo de viviendas y equipamientos en zonas de riesgo elevado o de gran vulnerabilidad social (colegios, centros sanitarios, residencias de mayores, etc.
Gestionar el territorio fluvial con una visión global de cuenca hidrográfica entre las zonas urbanas y sus espacios limítrofes es un objetivo a cumplir. La eliminación de barreras como motas, encauzamientos e infraestructuras transversales aguas arriba y abajo de los núcleos urbanos es clave para devolver a los ríos parte de sus espacios de desbordamiento. El río y los espacios inundables adyacentes, actúan como zona de expansión de las crecidas, protegiendo las áreas urbanas aguas abajo. Es más seguro para una población ribereña sustituir un fenómeno catastrófico, la avenida, por otro menos dañino, el desbordamiento en áreas adecuadas y controladas.
Hay que implantar medidas naturales de retención de agua en los espacios agrarios y actuaciones basadas en la naturaleza que aumenten la retención de agua y suelo y reduzcan el riesgo de inundaciones. Esto incluye recuperar la vegetación natural en espacios agrarios, con setos vegetales o vegetación en linderos. Renaturalizar nuestras ciudades con programas de despavimentación selectiva pueden cambiar nuestros suelos urbanos más impermeables. Hacen nuestras ciudades más resilientes a las consecuencias del cambio climático como las inundaciones.
Los sistemas de drenaje urbano sostenible son un amplio abanico de medidas basadas en la naturaleza e infraestructuras verdes para reducir la impermeabilización del suelo urbano, incrementando las superficies vegetales a través de zanjas filtrantes, pavimentos permeables, humedales artificiales y jardines de lluvia, entre otras actuaciones. Estas acciones tienen el fin de reducir la escorrentía superficial, laminar los caudales de entrada en la red de saneamiento y minimizar los daños por inundaciones.
El refuerzo en la coordinación de los recursos y mecanismos institucionales de respuesta rápida en este tipo de emergencias es una meta a conseguir. Hay que mejorar la agilidad y eficacia de los sistemas, pero también incorporar en la toma de decisiones una cultura de la prevención y la precaución. Por otro lado, en zonas de riesgo es imperativo disponer de planes locales de emergencia ante inundaciones, acompañados de ordenanzas municipales.
Desarrollar una estrategia de información pública, y educación ciudadana sobre la necesidad de la gestión adaptativa frente a las inundaciones es un elemento central. Una sociedad civil bien informada apoyará una gestión adecuada de los territorios fluviales y estará mejor preparada para abordar la adaptación al cambio climático, así como la reducción de los daños en situaciones de emergencia.
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