Andan las aguas de las fuerzas políticas del cambio muy agitadas con lo acontecido en Madrid, tras la decisión de la alcaldesa, Manuela Carmena, de aceptar el Plan Económico Financiero impuesto por el ministro Montoro y su asfixiante Ley de “racionalización y sostenibilidad de la Administración Local”. Esta decisión se toma en un contexto en el que las fuerzas de la reacción (PP y Ciudadanos) están imponiendo una recentralización política y administrativa a los gobiernos locales y autonómicos que pone en severo riesgo todas las conquistas democratizadoras en pro de la descentralización y la autonomía territorial.
Seguimos bajo la dominación del gobierno de la deuda pública y la austeridad, desde que el Gobierno de Zapatero se plegara en 2010 con la decisión de tomar drásticas medidas de reducción del déficit público y la posterior reforma del artículo 135 de la Constitución, según el cual se establece la prioridad del pago de la deuda. Los posteriores gobiernos de Mariano Rajoy aunaron políticas de austeridad y corrupción generalizada, generando una pobreza y una desigualdad galopantes. Pero ni la intensa movilización ciudadana, que ha tenido lugar desde el 15M, ni los resultados electorales de las autonómicas y municipales de 2015 y las generales de 2016, han conseguido alterar ese dominio.
A pesar de todo, es indudable que en el ajetreado periodo electoral de 2015-2016, las fuerzas políticas del cambio, que cuestionan el dominio de la deuda y la austeridad, han avanzado posiciones, muy especialmente en los ayuntamientos, y concretamente en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Ferrol, Cádiz…
Toca defender ante todo las posiciones conquistadas. No le podemos pedir ni a Kichi, ni a Carmena, ni a Colau que levanten barricadas frente a la regresiva, infame, desdemocratizadora y reaccionaria Ley Montoro. Los ayuntamientos del cambio han demostrado que se puede gobernar de otra forma, pero obviamente existen limitaciones, las limitaciones que impone estar intervenidos por leyes y dispositivos propios del gobierno de la deuda y la austeridad.
El Ayuntamiento de Manuela Carmena heredó una institución hiper endeudada por las irresponsables políticas de Gallardón y Ana Botella. Ambas alcaldías hicieron lo único que sabe hacer el PP: políticas propias del capitalismo de amigantes (amigos mangantes), las cuales generaron una deuda altísima derivada no de la inversión en políticas públicas, sino del despilfarro y la corrupción que desposeyeron de derechos y recursos a la ciudadanía madrileña. El equipo de Manuela Carmena tiene entre sus méritos de buen hacer haber conseguido revertir esa situación, demostrar que se pueden cuadrar las cuentas con la gente dentro y aumentar de forma significativa la inversión en políticas sociales, reduciendo la deuda y alentando la participación ciudadana.
El núcleo de la controversia ha estado motivado por la aceptación del Gobierno de Manuela Carmena del Plan Económico-Financiero y la destitución de su Concejal de Hacienda, que anunció que se abstendría en la votación. Para la izquierda crítica con la decisión de Carmena, lo que una fuerza institucional del cambio debería haber hecho es resistirse a la imposición de Montoro e incluso desobedecer. La cuestión es ¿puede realmente hacer eso un ayuntamiento sin poner en peligro la propia existencia política del gobierno del cambio, sin correr el riesgo de dinamitar las conquistas sociales obtenidas o sin que al final la ciudadanía termine pagando las consecuencias de una desobediencia institucional muy difícil de mantener?
Ahora que rememoramos el centenario de la Revolución de Octubre (1917-2017), quisiera traer al presente una controversia de política económica que entonces se dio y de la que tal vez podamos extraer algún aprendizaje. Tras la toma del Palacio de Invierno los bolcheviques tenían que gobernar y demostrar que el socialismo como política económica era factible para salir del capitalismo. Lenin y los suyos quisieron ir primeramente muy rápidos y tratar de demostrar que era posible el comunismo desde el momento de la toma del poder y además en un único país. El nuevo Estado revolucionario desde 1918 procedió a una estatalización total de la economía, de los medios de producción, de la banca y del comercio.
Muy pronto descubrieron que a pesar de esta estatalización de los medios de producción se seguía operando bajo las relaciones sociales de producción capitalista y por todas partes emergió la lógica del valor de cambio, pues la nueva economía soviética seguía necesitando intercambiar bienes en los mercados internacionales y la ciudadanía tendría que terminar acudiendo al “mercado negro” para conseguir los bienes que la economía estatalizada no proveía. Todo esto terminó generando un empobrecimiento generalizado y un desastre económico mayúsculo. Lenin en 1921 hizo autocrítica: “habíamos creado un sistema económico de producción y distribución diferente al anterior, pero no nos habíamos preguntado sobre los vínculos de nuestra economía con el mercado y el comercio”.
Lenin dio un giro en 1922: del “comunismo de guerra” a la Nueva Política Económica. En el fondo, se trataba de administrar los tiempos de otra forma, de una forma más cauta y posibilista. Los bolcheviques se aplicaron a restituir la economía y las relaciones económicas, reconocieron que debe haber categorías salariales diferenciadas para trabajadores no especializados y especializados, y, en fin, un largo etcétera de medidas realistas en política económica para restablecer las formas regulares de la economía de mercado y de la economía capitalista.
Frente a las contundentes críticas de las corrientes ultraizquierdistas, que acusaron a los bolcheviques de hacer concesiones a los capitalistas, Lenin acuñó una determinación fundamental: lo importante es mantener el poder, pues el poder nos garantiza disponer de la administración de los tiempos. El bien más preciado de un gobierno del cambio, nos ha recordado recientemente Alvaro Linera, es el tiempo. El tiempo es fundamental para desarrollar las políticas del cambio y, lo que es más importante, para socializar esas políticas, para que la población las haga suyas, se implique en las mismas y se desarrolle con ellas.
Lo que un gobierno del cambio requiere es “tiempo, tiempo y más tiempo”. Tiempo para consiguir desplegar estrategias institucionales a mayor escala para desmontar el gobierno de la deuda y la austeridad (Podemos ya ha presentado en el Congreso una iniciativa para derogar la Ley Montoro). Tiempo para convertir el poder cultural, la hegemonía política y la capacidad de movilización social, que le llevaron al gobierno, en formas organizativas de participación popular. El deber de Manuela Carmena es que las fuerzas del cambio consoliden la posición conquistada. No me parece que esta enseñanza leninista sea baladí.
*Andrés Pedreño, es Secretario de Análisis Político de Podemos Región de Murcia
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