Hoy ¡por fin! decimos adiós a la LOMCE, la Ley educativa más lesiva y segregadora de las últimas décadas. Una Ley aprobada en exclusiva por el Partido Popular que puso enfrente a toda la comunidad educativa. Entonces nos manifestamos, pero no porque se perdieran privilegios, sino porque se perdían derechos y se recortaba la calidad de nuestro sistema público de Educación. A los que hoy vociferan no he escuchado aún ni un argumento educativo, porque no lo tienen. Les basta con llamar a la libertad. Esa libertad mal entendida que utiliza a los menores en su guerra sucia y a los servicios públicos para sus contiendas partidistas.
Mucho ruido. Pocas verdades. Algún que otro interés. Y bulos, mentiras y manipulaciones. Así funciona la derecha española, y la murciana en primera fila.
Hemos escuchado estos días que la LOMLOE se tramitaba por la puerta de atrás, que se van a cerrar los centros de Educación Especial, que el castellano va a dejar de estudiarse en las escuelas catalanas, que se relega a la concertada o que se va a decapitar la libertad de elección de las familias ¡Cuánto cinismo!
Solo hay que echarle un vistazo al texto de la Ley, que es público, para dejar en evidencia cada una de estas falacias.
No se van a cerrar los centros de Educación Especial. Se van a dotar de recursos a todos los centros para avanzar en la plena inclusión que exige la ONU, las principales asociaciones de personas con discapacidad de nuestro país y que debería perseguir la sociedad en su conjunto para considerarse avanzada. Aún así, los centros específicos atenderán a quienes sigan necesitándolos y servirán de referente para el resto.
El castellano sigue siendo la lengua oficial del Estado. La LOMLOE no modifica el artículo 3 de la Constitución. Y con esto basta. Pero hay más. Sentencias de los altos tribunales y el articulado de la Ley comprometen al pleno dominio del castellano y otras lenguas cooficiales y son garantía mayúscula para que este sea estudiado en todas las escuelas españolas, como hasta ahora.
Las familias tienen y tendrán libertad para elegir centro educativo ¡eso faltaba!, pero que nadie se lleve a engaños. Este no es un derecho constitucional y no siempre se puede garantizar una plaza en el centro elegido. Es inviable, como lo ha sido siempre. Se elige entre las plazas que hay creadas, se distribuyen con criterios coherentes, pero estas no se crean a demanda, aunque haya quien quiera jugar al despiste con los términos.
Y la concertada seguirá complementando a la red de centros públicos. Sin cuotas obligatorias a las familias, sin discriminación en la admisión de alumnos y funcionando, como el resto de centros sostenidos con dinero público, con las mismas reglas del juego ¿A quién le asusta esto?
Y ahora, con las cartas boca arriba, con los bulos desmentidos, vayamos a lo importante. Esta Ley, que ha recogido las aportaciones de todos los sectores educativos y fuerzas políticas, supone un enorme avance social para nuestro país, colocando la equidad en el centro del sistema educativo. Es la apuesta decidida de un Gobierno socialista por una Educación de calidad, moderna, integradora y garante de la igualdad en el más amplio sentido de la palabra. Una Ley que persigue la excelencia, personaliza los apoyos para el éxito escolar, garantiza la libertad educativa y refuerza la Educación pública que tantos recortes sufrió con los gobiernos de la derecha. Una ley, por tanto, clave para futuro de nuestro país. Una Ley necesaria.
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