En el nuevo resultado postelectoral el Mar Menor aparece otra vez como moneda de cambio del mercadeo político a la hora de formar el nuevo gobierno regional. Vox, crecido después de los resultados electorales, exige para un acuerdo con el PP la derogación, o la reforma para vaciar de contenido, de la Ley de Protección del Mar Menor. La ayuda en esta tarea viene también de Natalia Corbalán de la Fundación Ingenio, el lobby de los agroexportadores, que se apresuró a decir que el PP y Vox son un binomio necesario para “salvar al Mar Menor” y añadió que “buscamos promover un diálogo inclusivo y enriquecedor con todos”, en un claro ejemplo de cómo se retuercen y pervierten las palabras. El PP pide el voto para “salvar el Mar Menor”, mientras reitera su mano tendida a Vox.
En el mes de junio, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) destapaba otras 300 hectáreas de regadío ilegal en el Mar Menor, lo que nos muestra el tamaño del problema ambiental generado por el uso ilegal del agua y los impactos derivados de los vertidos de nitratos. La CHS, en sus investigaciones sobre el regadío ilegal, ha denunciado 8.805 hectáreas en el entorno de la laguna. El Ministerio para la Transición Ecológica ha cerrado el suministro de agua a estas hectáreas para proteger el acuífero y evitar la contaminación. Como contraste, el Gobierno regional dejaba sin fecha la mejora del plan de gestión del Mar Menor sin plantear medidas concretas respecto a la Red Natura 2000; pese al aviso de la UE y con el riesgo de sanciones por incumplimiento de la Directiva de Hábitats.
Es una tarea pendiente eliminar por completo y de modo permanente todos los regadíos ilegales en la cuenca del Mar Menor. Además, se necesita un control más eficaz para investigar y evitar la aparición de nuevas superficies de regadíos. Como estrategia ambiental hay que reducir paulatinamente la superficie de regadío intensivo, promoviendo otros tipos de cultivo, como el agroecológico o el secano, así como otros usos compatibles con la preservación del ecosistema. La reducción de regadíos tiene que ser significativa, en el perímetro más cercano a la laguna, como señalan investigadores e instituciones científicas.
Eliminar la contaminación significa también reducir al mínimo los nitratos y fosfatos por unidad de cultivo conforme al Real Decreto 47/2022 y garantizar el cumplimiento del resto de normativas vigentes en este ámbito, incluyendo la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor y las normativas sectoriales en materia agraria e instalaciones ganaderas. Esto es una tarea urgente ya que, en 2022, la Comisión Europea ha instruido un procedimiento de infracción para que el estado español tome las medidas requeridas por la Directiva sobre los Nitratos que eviten la eutrofización en el conjunto de su territorio y, en particular, en el Mar Menor. Sobre nuestra Región está la posibilidad de una sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de la UE.
Eliminar la contaminación también pasa por disminuir los aportes de metales pesados que llegan a la cubeta sur de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión, con la aplicación práctica del Plan de recuperación ambiental de suelos afectados por la minería (PRASAM 2018-2028). También, otra tarea urgente es la eliminación de todas las explotaciones ganaderas ilegales existentes y evitar nuevas explotaciones ganaderas intensivas o la ampliación de las ya existentes. Mantener la moratoria urbanística alrededor del Mar Menor es una apuesta estratégica para preservar el ecosistema y la revisión de aquellas zonas que puedan ser recalificadas como Suelo No Urbanizable.
Todas estas propuestas son exactamente lo contrario de lo que le gustaría hacer al Partido Popular y a Vox, pero necesitamos revertir las agresiones a la laguna y seguir en la defensa del ecosistema del Mar Menor. Éste no puede ser una moneda de cambio que sea como un trofeo ganado para el negacionismo climático y los intereses del lobby agroexportador.
Nos encontramos ante la encrucijada de que el Mar Menor siga siendo un ecosistema patrimonio de la ciudadanía o una piscina alicatada como metáfora. Todo depende de una mayor toma de conciencia y movilización. Depende de las demandas y de la constancia de un sector de la sociedad civil murciana y de la ayuda de nuestro 'primo de zumosol' que son las instancias ambientales de la Unión Europea. Los próximos años serán decisivos.
En el nuevo resultado postelectoral el Mar Menor aparece otra vez como moneda de cambio del mercadeo político a la hora de formar el nuevo gobierno regional. Vox, crecido después de los resultados electorales, exige para un acuerdo con el PP la derogación, o la reforma para vaciar de contenido, de la Ley de Protección del Mar Menor. La ayuda en esta tarea viene también de Natalia Corbalán de la Fundación Ingenio, el lobby de los agroexportadores, que se apresuró a decir que el PP y Vox son un binomio necesario para “salvar al Mar Menor” y añadió que “buscamos promover un diálogo inclusivo y enriquecedor con todos”, en un claro ejemplo de cómo se retuercen y pervierten las palabras. El PP pide el voto para “salvar el Mar Menor”, mientras reitera su mano tendida a Vox.
En el mes de junio, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) destapaba otras 300 hectáreas de regadío ilegal en el Mar Menor, lo que nos muestra el tamaño del problema ambiental generado por el uso ilegal del agua y los impactos derivados de los vertidos de nitratos. La CHS, en sus investigaciones sobre el regadío ilegal, ha denunciado 8.805 hectáreas en el entorno de la laguna. El Ministerio para la Transición Ecológica ha cerrado el suministro de agua a estas hectáreas para proteger el acuífero y evitar la contaminación. Como contraste, el Gobierno regional dejaba sin fecha la mejora del plan de gestión del Mar Menor sin plantear medidas concretas respecto a la Red Natura 2000; pese al aviso de la UE y con el riesgo de sanciones por incumplimiento de la Directiva de Hábitats.