Hace poco la ministra de Igualdad, Irene Montero, presentó la Estrategia estatal para combatir las violencias machistas 2022 – 2025, un instrumento de planificación y ordenación de actuaciones en el ámbito de las políticas públicas para contribuir a la prevención, detección, erradicación y reparación de muchas de las violencias contra las mujeres.
En esta estrategia, por primera vez se incluye una serie de medidas específicas para proteger a las mujeres y niñas con discapacidad física e intelectual. Esto es un gran avance hacia una interseccionalidad real ya que, si bien, se sabe que las mujeres son más vulnerables a los abusos y a los malos tratos que los hombres, muchas veces se desconoce que la confluencia de factores en las mujeres con discapacidad, especialmente aquellas que se comunican de forma diversa, hace que se conviertan en un grupo con un altísimo riesgo de sufrir algún tipo de violencia. Y si algo nos ha enseñado el feminismo es que si no se reconoce ni se detecta se acaba normalizando un estado de permanente hostilidad.
Las violencias hacia las mujeres con diversidad funcional están doblemente invisibilizadas, pese a que experimentan una gama de violencia más amplia debido a las posibles relaciones de poder de los asistentes personales y las personas proveedoras de cuidado (abuso físico y/o sexual) y familiares. La incapacidad de algunas corporalidades de defenderse, la dificultad de estar a solas y/o acceder a puntos de asesoramiento, el miedo a denunciar el abuso por la posibilidad de perdida de cuidados y la menor credibilidad son algunas de las causas que señalan diferentes estudios para una mayor vulnerabilidad.
La invisibilidad de algunos abusos (negligencias en la alimentación o los cuidados, administración de fármacos de forma injustificada, hacer como que la persona no estuviera presente) es tan desconocida que se confunde en el imaginario social con formas legitimas de relación, tratamiento o formas de exculpación. Otros como el menosprecio, negación de recursos económicos, el aislamiento y el abuso sexual… pese a que se dan comúnmente en situaciones de violencia machista no se reconoce en el caso de las mujeres con discapacidad por la mirada capacitista y el estigma: creencia de que ella no se puede hacer cargo de su propia economía, que su aislamiento se debe a la falta de accesibilidad, que las personas con discapacidad (especialmente las mujeres) son asexuales, etc.
Por estas, entre otras razones creo que es un gran paso que, entre la batería de medidas de la EECVM 2022-2025, encontremos las siguientes medidas especificas para mujeres diversas:
En torno al desconocimiento y/o gestión de los datos se plantea la recopilación de datos sobre las formas de violencias contra las mujeres que estas sufran durante el desarrollo del proceso penal desglosados por edad, nacionalidad, discapacidad, tipo de violencia y relación entre la víctima y el autor del delito e informes interseccionales y publicación de estudios específicos y especializados sobre las violencias machistas ejercidas contra las mujeres con discapacidad.
Se contemplan medidas de concienciación social específicas para las mujeres y niñas con discapacidad, mujeres mayores de 65 años, mujeres migrantes, mujeres en situación de pobreza y la adaptación de protocolos de actuación y sus procedimientos a la diversidad de las mujeres, como marca la medida 255.
Para este y otros fines se platean protocolos sanitarios con enfoque interseccional en todos los centros que integran el Sistema Nacional de Salud y la adaptación y difusión de la información que garantice la accesibilidad universal, con especial atención a las mujeres mayores, mujeres con discapacidad y en situación de dependencia. Además la medida 190 plantea que el acceso a los servicios se hará a través de medios totalmente inclusivos (lengua de signos, pictogramas, lectura fácil, traducción e interpretación, etc.)
Llama la atención, y se agradece, que se haga una mención especifica a que también esto ocurrirá en el entorno penitenciario y las mujeres con discapacidad presas.
Durante la presentación, la ministra hizo mención a la importancia de la formación en atención a la diversidad, señalando que “hay que hacer hincapié en la formación especializada de las y los profesionales que están en contacto con las mujeres víctimas para conseguir detectar situaciones de violencia”
Como vemos las medidas de la nueva Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas 2022-2025 que se llevarán a cabo a través de los departamentos competentes de la administración general del estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, han tenido en cuenta la actual legislación de accesibilidad cognitiva y son bastante ambiciosas.
Esperemos que su aplicación también lo sea.
Hace poco la ministra de Igualdad, Irene Montero, presentó la Estrategia estatal para combatir las violencias machistas 2022 – 2025, un instrumento de planificación y ordenación de actuaciones en el ámbito de las políticas públicas para contribuir a la prevención, detección, erradicación y reparación de muchas de las violencias contra las mujeres.
En esta estrategia, por primera vez se incluye una serie de medidas específicas para proteger a las mujeres y niñas con discapacidad física e intelectual. Esto es un gran avance hacia una interseccionalidad real ya que, si bien, se sabe que las mujeres son más vulnerables a los abusos y a los malos tratos que los hombres, muchas veces se desconoce que la confluencia de factores en las mujeres con discapacidad, especialmente aquellas que se comunican de forma diversa, hace que se conviertan en un grupo con un altísimo riesgo de sufrir algún tipo de violencia. Y si algo nos ha enseñado el feminismo es que si no se reconoce ni se detecta se acaba normalizando un estado de permanente hostilidad.