Recientemente, la diputada regional de Unidas Podemos María Marín; la cual se ha coronado con todo merecimiento como la mejor parlamentaria en esta legislatura, anunció que su partido iba a proponer una enmienda a la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía en la que se plantea que la población sea consultada cada ocho años sobre el “modelo territorial” de la Región de Murcia.
Puede tratarse de una propuesta positiva, pero de primeras resulta curioso que esa participación de la ciudadanía, algo siempre bienvenido, se circunscriba a un aspecto tan concreto a la par que ambiguo como el “modelo territorial”. ¿Por qué no sobre cualquier cuestión?
Además, resulta evidente que estamos ante una medida pensada por y para el provincialismo cartagenero, no sólo porque se anunció en la puerta del Palacio Consistorial, sino porque hasta la propia Marín utilizó el argumento de la antigüedad de la ciudad departamental para justificarla.
Debatir y participar sobre el modelo territorial es algo sin duda positivo. Por ejemplo, la Región de Murcia, dentro de sus competencias, puede y debe reflexionar sobre su desfasado mapa municipal, pues en todo el siglo XX sólo se crearon tres municipios –el último fue Los Alcázares en 1983–, mientras la población se ha multiplicado desde entonces y las lógicas peticiones de El Palmar, La Manga o Almendricos han sido ignoradas.
También resultaría tremendamente necesario desarrollar la comarcalización de nuestra tierra, algo que lleva pendiente desde 1982, o un debate sobre la descentralización de la administración autonómica más allá de la Asamblea Regional situada en Cartagena. También analizar medidas que eviten la despoblación de comarcas como el Noroeste o el valle de Ricote, que en municipios como Moratalla o Ricote llega a ser preocupante.
Sin embargo, los guiños al discurso cartagenerista que hizo Marín, indican que, en el fondo, lo que se pretende es abrir la puerta a otros debates que lo único que traerían, desgraciadamente, sería frustración social. Y decimos que sólo traerían frustración por una sencilla razón: a diferencia de los aspectos antes comentados, la CARM no tiene competencias para modificar el mapa provincial por más que se haya insistido durante años en lo contrario de manera interesada. El artículo 141 de la Constitución Española es muy claro al respecto.
Más allá de que en Vía Murciana, plataforma federalista y autonomista, no apoyamos las provincias al ser una herencia del Estado centralizado a la francesa, es un dato objetivo que, citando textualmente la ley: “cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica”. De hecho, desde 1833 sólo se ha añadido una provincia a las cuarenta y nueve originales (al dividir Canarias en 1927), pues en Madrid siempre han sido muy reacios a abrir esa caja de Pandora, al creer que si se concede una, les lloverían las peticiones posteriores en un mapa provincial sin duda perfectible.
Pero más allá de introducir un debate que nuestra autonomía no tendrá capacidad de resolver pues no dependería de nosotros, de manera indirecta, ante la propia ambigüedad de a qué nos referimos exactamente cuando hablamos del “modelo territorial”, se podría abrir la puerta a las pulsiones anti-autonómicas e incluso negacionistas con la Región de Murcia que comparte una parte del provincialismo.
Entendemos que, aunque no haya sido un discurso tradicionalmente vinculado al progresismo, más bien al contrario, desde la izquierda se apueste por atender peticiones como las de la provincia, al ser una aspiración muy extendida en el municipio de Cartagena. Pero, sin posibilidad de dar una salida a esa cuestión, se podría acabar propiciando un cuestionamiento sobre la propia autonomía, lo cual sería como acabar haciendo un pan como unas tortas.
Tan respetables son las aspiraciones o sentimientos localistas del cartagenerismo –que se tuvieron muy en cuenta durante la elaboración del Estatuto con la paradójica participación del anti-autonómico PCAN–, como ese 83% de la población regional que se siente “tan murciana como española”, mientras sólo un 8% se considera “únicamente español”, cuando en Aragón (con nombre neutro) este porcentaje alcanza el 16%, según datos del CIS.
Lo que no debería ser respetable es el innegable populismo identitario que se practica, construyendo un chivo expiatorio al que culpar de todo, tenga competencias o no, con tal de excitar determinados sentimientos “anti”, a veces rayanos al odio, por pura conveniencia electoral. Algo que no sólo practica MC, sino también el PP murciano contra el gobierno de España cuando los suyos no están en la Moncloa.
Que una coalición progresista, que en el resto del Estado abraza el autonomismo cuando no directamente el confederalismo, pueda verse tentada a comprar ese marco o abrir la puerta al cuestionamiento de la existencia de nuestra región, sí que sería preocupante.
0