Un transeúnte dominguero pasea por el barrio del Carmen a las 11 de la noche. Entre dos coches, descubre a cinco policías y a un hombre asfixiado (más que reducido) atrapado por el brazo de uno de ellos.
Saca el teléfono y graba una escena que ya es pública, incuestionable y escalofriantemente parecida al asesinato de George Floyd: ¿qué necesidad hay de que cinco profesionales, entrenados para el caso, ahoguen a una persona para controlarla? Del vídeo que grabó se hizo eco el programa matinal 'Murcia Conecta'.
Cuando uno de los agentes se aproxima hacia él, corta el video y se deja hacer: documentación y cacheo. De repente, siempre según su versión, el agente tira un cuchillo al suelo, formula su acusación y le pone las esposas. Lo meten al coche, le pegan dos meques, lo llevan al centro de salud de San Andrés y terminan de pintarle el cuadro contemporáneo que ahora tiene por cara.
Días después, frente al escándalo, fuentes policiales sostendrán en declaraciones a La Verdad que fue el peatón quién se mostró hostil y les amenazó con un arma blanca. Sobre la posterior paliza, no hay mención.
Ante las evidencias gráficas, otra vez, ¿qué necesidad hay de que cinco profesionales, entrenados para el caso, le partan la cara a alguien?
Al transeúnte se lo acusa de presunta tentativa de homicidio; a los cinco policías se les debería acusar, siempre presuntamente, de abuso de autoridad, delito leve de lesiones, falsa denuncia, falsificación de pruebas y (si ponemos encima de la mesa la dinámica de trasladar a las personas detenidas a una comisaría y centro de salud más conveniente) de organización criminal y tráfico de influencias.
Pero más allá de cómo la justicia, el periodismo o la opinión pública resuelvan el cruce de denuncias; lo que hay que debatir inmediatamente es lo innegable: ¿qué necesidad hay de que cinco policías, entrenados para el caso, abusen de los ciudadanos sospechosos de haber cometido un delito?
Para Max Weber, el “Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio, reclama con éxito el monopolio de la violencia física legítima [...] el Estado es la única fuente del derecho a la violencia”.
Este control de la violencia fundacional limita con los consensos sobre derechos humanos y el derecho constitucional a la integridad personal, y se somete a la legitimación que nosotras, las personas miembras del Estado español debemos validar.
Artículo 15 de la Constitución Española
“Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son el brazo ejecutor del monopolio de la violencia (que previamente ha legitimado la ciudadanía) y en nuestro país solo tienen un objetivo: mantener la seguridad pública.
¿Qué necesidad hay de abusar, humillar, asfixiar y aterrorizar a dos ciudadanos para mantener la seguridad pública? Ninguna.
En una democracia, la policía debería ganarse el respeto de los ciudadanos a los que dice proteger con un comportamiento ejemplar, una metodología intachable y unas formas educadas y elegantes. No pegando palizas de callejón.
Desde el turbulento otoño de 2017 hasta la moción de censura en abril de 2018, las protestas al pie de las vías para pedir el soterramiento del AVE se saldaron con sucesivas cargas policiales, personas heridas y denunciadas.
Agentes con porras, pistolas y escudos parapetados frente a una masa pacífica de manifestantes que solo reclamaban su derecho a decidir cómo querían que pasara un tren por enfrente de sus casas.
Las vecinas, incrédulas, increparon al escuadrón de agentes ¿por qué hacéis esto?. ¿es que no tenéis vergüenza?;¿es que no tenéis voluntad propia?“
A diferencia de los chicos abusados la semana pasada en El Carmen, aparentemente, la violencia policial en el caso de las vías se ejercía claramente desde el Estado: por los entonces ministro de Fomento -Íñigo de la Serna- y delegado de Gobierno nombrado para el caso -Francisco Bernabé-.
Si en el caso de los chicos la pregunta está en las formas, en el de las vías estaba en el fondo: ¿debe un policía obedecer una orden cuando sabe que la orden es injusta? Hace unos años, cuando alguien muy cercano me anunció que se presentaba a las oposiciones de Policía Nacional le hice la misma pregunta. Me respondió que sí.
Quis custodiet ipsos custodes?
Who Watches the Watchmen?
Desde Alan Moore hasta Los Simpson, muchos se han preguntado a través de la cultura popular y la filosofía política quién controla a quien controla el poder. La innovación democrática parece dar una respuesta orientada a las tesis de gobernanza, transparencia y participación ciudadana.
Pero mientras la teoría nos plantea un escenario donde somos las propias ciudadanas quienes vigilamos el buen hacer de nuestro poder político y policial, los episodios de violencia y manipulación no se detienen: dos chicos que reciben una paliza en Murcia; el terrorismo de Estado en Colombia; otro adolescente muerto por el tiro de un policía en EEUU; la sentencia de Alsasua; un agente que te trata con desprecio en un control de alcoholemia; o que suelta un comentario inapropiado a una mujer cuando le da el alto.
No podemos cruzarnos de brazos. Ante un abuso policial como el que vimos el pasado domingo en Murcia, debemos exigir un modelo de policía a la altura de su ciudadanía: profesional, pacífica y educada.
Una policía que respete y cuide a las personas en vez de asfixiarlas y humillarlas.
Un transeúnte dominguero pasea por el barrio del Carmen a las 11 de la noche. Entre dos coches, descubre a cinco policías y a un hombre asfixiado (más que reducido) atrapado por el brazo de uno de ellos.
Saca el teléfono y graba una escena que ya es pública, incuestionable y escalofriantemente parecida al asesinato de George Floyd: ¿qué necesidad hay de que cinco profesionales, entrenados para el caso, ahoguen a una persona para controlarla? Del vídeo que grabó se hizo eco el programa matinal 'Murcia Conecta'.