Esta semana hemos sabido que continúa la carrera de relevos en la malograda Consejería de Educación de la Región de Murcia. Ahora toca Víctor Marín. No hay otra consejería igual: los mandamases de pandereta se suceden con velocidad, en esa silla eléctrica política que es dirigir una red educativa pública en constante demolición. El nombramiento de Campuzano, como todo el mundo sabe, fue por motivos políticos, pues López Miras tuvo que vender la educación al peor postor para salvarse de una moción de censura; pero, aprobados los últimos Presupuestos, Campuzano ha caducado. Se tiene la percepción, desde el sector educativo, de que con Marín se pasa de un esperpento a un “perfil técnico educativo”. Es cierto, por desgracia, que Marín ha sido de facto el máximo responsable educativo durante la era Campuzano. Pero la buena gestión aquí es imposible porque desmantelar un servicio público esencial y gestionarlo bien es una contradicción imposible.
El nuevo perfil es ante todo un gestor de recortes contrastado, una administrador de esa política austericida, inviable y contrahecha, que ha situado la educación pública regional a la cola de España. Por desgracia no esperamos mejoras, ni cambios favorables, de quien se ha dedicado a la demolición del servicio y de las condiciones laborales del personal docente. La línea exhibida hasta ahora es la de recortar en gastos de personal para “compensar” las subidas salariales por la inflación o el SMI, y asegurarse de que ninguna mejora que venga del Estado, si es que no se puede sabotear, le cueste un duro al erario público regional, que es “propiedad privada concertada”.
El nuevo Consejero es responsable de que desde septiembre tardemos aún más en sustituir al docente de baja, de pervertir el proceso de estabilización del personal interino en fraude, robando puestos de trabajo a quienes han sacado el trabajo adelante, de cargarse los horarios con clases absurdas de religiones sin docente y alternativas de no hacer nada, de haber saboteado la Ley de Educación de todas las maneras posibles, y de “gestionar” el mayor caos de planificación que los centros educativos han conocido nunca.
Hablamos de alguien que se levanta de la mesa si le preguntan por la jornada laboral, y que se ha negado sistemáticamente a hablar siquiera de nada relevante como las lectivas, las ratios, los refuerzos para orientación educativa, o de cualquier cosa que realmente sirva para algo. Hablamos del Director General de Recursos Humanos que no envió a nadie a Totana cuando asesinaron a una alumna, del que ha avalado que el personal de aquí sea récord estatal en sobrecarga lectiva y burocrática, o del que nos ha abandonado cuando los docentes nos hemos visto abocados una crisis de salud mental y desafección laboral sin precedentes.
Por si faltaba algún dato más, el nuevo Consejero ha sido también el principal responsable de negociar un Plan de Igualdad que lleva caducado desde 2017. El 5 de diciembre de 2022, en plena ¿negociación?, se anuló la reunión prevista y por aquí vamos. Lo de negociación va entre interrogantes, porque se pretendían resolver todas las propuestas en una reunión de cuatro horas. Básicamente todo lo que supusiera algún gasto o esfuerzo por parte de la Administración era que no. Un “talante negociador” que consiste en eludir cualquier solución a las brechas detectadas entre sus trabajadoras y trabajadores, no querer ver el techo de cristal que se evidencia en las jerarquías de sus técnicas y técnicos, en el propio edificio de Consejería, ni aceptar medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar del profesorado.
De revertir recortes, de rescate presupuestario de la educación pública, tal y como se está haciendo en otras CCAA, ni se habla, ni hay mesa, y además cualquier demanda de diálogo se contesta con desprecio, prepotencia y chulería. Luego, sin ningún rubor, afirma que “la educación debe ser un espacio de diálogo para alcanzar el consenso con la comunidad educativa y la excelencia”. Pero su modelo de excelencia debe ser la UCAM, suponemos. Un servidor no sabe qué “chís” le han implantado a algunos en la cabeza para decir que este hombre tiene “capacidad de alcanzar consensos”.
Esta semana hemos sabido que continúa la carrera de relevos en la malograda Consejería de Educación de la Región de Murcia. Ahora toca Víctor Marín. No hay otra consejería igual: los mandamases de pandereta se suceden con velocidad, en esa silla eléctrica política que es dirigir una red educativa pública en constante demolición. El nombramiento de Campuzano, como todo el mundo sabe, fue por motivos políticos, pues López Miras tuvo que vender la educación al peor postor para salvarse de una moción de censura; pero, aprobados los últimos Presupuestos, Campuzano ha caducado. Se tiene la percepción, desde el sector educativo, de que con Marín se pasa de un esperpento a un “perfil técnico educativo”. Es cierto, por desgracia, que Marín ha sido de facto el máximo responsable educativo durante la era Campuzano. Pero la buena gestión aquí es imposible porque desmantelar un servicio público esencial y gestionarlo bien es una contradicción imposible.
El nuevo perfil es ante todo un gestor de recortes contrastado, una administrador de esa política austericida, inviable y contrahecha, que ha situado la educación pública regional a la cola de España. Por desgracia no esperamos mejoras, ni cambios favorables, de quien se ha dedicado a la demolición del servicio y de las condiciones laborales del personal docente. La línea exhibida hasta ahora es la de recortar en gastos de personal para “compensar” las subidas salariales por la inflación o el SMI, y asegurarse de que ninguna mejora que venga del Estado, si es que no se puede sabotear, le cueste un duro al erario público regional, que es “propiedad privada concertada”.