Fue en su imprescindible novela ‘Crematorio’ (2007) donde Rafael Chirbes diseccionó como pocos el entramado de corrupción político-empresarial que envolvió a la Comunidad Valenciana durante demasiados años. Como si de una prolongación de aquel texto se tratara, de un tiempo a esta parte se contabilizan casi una decena de fallecimientos que, por lo menos, levantan sospechas por su casualidad y coincidencia.
El último, esta semana pasada, tras caer desde un balcón, el de una exconcejala del PP, esposa del que fuera vicealcalde de la capital con la también difunta Rita Barberá, que denunció telefónicamente la financiación ilegal de su partido en Valencia y que estaba procesada en el caso Taula.
En sus memorias, José María Aznar reconoció cómo el Partido Popular, a través de su entonces todopoderoso secretario general, Francisco Álvarez-Cascos, consiguió convertir el caso Naseiro en el caso Manglano. Aquella operación, ocurrida a comienzos de los años 90 para financiar a ese partido en la Comunidad Valenciana, acabó con el encarcelamiento por cohecho y financiación ilegal del tesorero del PP, Rosendo Naseiro, y del entonces concejal del Ayuntamiento de Valencia, Salvador Palop.
En el mencionado libro, Aznar definía ese episodio como algo orquestado “para abortar la consolidación de una alternativa al socialismo en España”. Y reconocía implícitamente que Álvarez-Cascos, con la estrecha colaboración del jurista Federico Trillo, diseñó una estrategia para reconducir el asunto y convertirlo en un presunto montaje del Gobierno del PSOE, presidido por Felipe González, con la supuesta anuencia y colaboración del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Luis Manglano, instructor de la causa. Éste último acabó inhibiéndose y trasladando el caso al Tribunal Supremo al estar implicadas personas aforadas, como el entonces diputado popular por Valencia, José Luis Sanchís. El asunto acabaría archivado por irregularidades registradas en la instrucción del sumario, como las escuchas telefónicas practicadas a Palop (con aquella jugosa conversación con Eduardo Zaplana) y motivadas, en un principio, por una investigación policial por temas de narcotráfico dirigida contra un hermano del edil.
Aquel escándalo, lejos de segar la hierba al recién nombrado presidente nacional del PP, lo afianzó aún más en el liderazgo del principal partido de la oposición. Aznar llegó a solicitar la creación de una comisión de investigación en el Congreso, petición rechazada por los propios socialistas, quizá conscientes de que las indagaciones pudieran salpicarles por episodios similares protagonizados por ellos en el pasado. Para Rosendo Naseiro, hoy queda muy lejano ese capítulo de su vida, que le llevó a la cárcel durante una semana, mientras pasa por ser un consumado especialista en bodegones del siglo XVII.
Dos décadas después, el caso Gürtel, una presunta red de corrupción también centrada en buena parte en esa misma comunidad autónoma, llevó a sus implicados a denunciar que todo respondía a otro montaje, en este caso del Gobierno socialista que presidía José Luis Rodríguez Zapatero con la ‘imprescindible’ colaboración del mediático juez, Baltasar Garzón. Luego, ya hemos visto el discurrir judicial del proceso, con la derivada del caso Bárcenas y los Correa, el Bigotes y ‘Ric’ Costa como estrellas invitadas. Y es que las cosas no siempre son lo que parecen ni los actores suelen limitarse a representar su papel, ajustados a la estricta literalidad del texto.
Fue en su imprescindible novela ‘Crematorio’ (2007) donde Rafael Chirbes diseccionó como pocos el entramado de corrupción político-empresarial que envolvió a la Comunidad Valenciana durante demasiados años. Como si de una prolongación de aquel texto se tratara, de un tiempo a esta parte se contabilizan casi una decena de fallecimientos que, por lo menos, levantan sospechas por su casualidad y coincidencia.
El último, esta semana pasada, tras caer desde un balcón, el de una exconcejala del PP, esposa del que fuera vicealcalde de la capital con la también difunta Rita Barberá, que denunció telefónicamente la financiación ilegal de su partido en Valencia y que estaba procesada en el caso Taula.