La salud mental adolescente se ha convertido en un nicho gigantesco de mercado. Nuevos servicios para extraer renta de las familias. Como siempre que se trata de mercantilizar la vida, lo primero es cerrar el campo a toda lógica de servicio público. Si tu hija o tu hijo adolescente se corta en los brazos, eso vale dinero. Si tiene depresión puede ser un gran negocio, si es un trastorno de alimentación, es una mina de por vida, y lo mismo con las clases particulares para compensar esas dificultades.
Muchas familias murcianas saben ya que sus centros educativos están colapsados con esto, lo mismo que la sanidad pública. Si no tienes dinero para psicólogas, bueno, están las pastillas, para eso estamos a la cabeza estatal en ansiolíticos y antidepresivos. Hay además una crisis social en la adolescencia, entendida como grupo. Hoy, ser adolescente es una clase social. Tiene que ser duro para una madre tener que decir “hija, apáñate como puedas y supéralo, porque yo no te puedo pagar ésto”. Pero está pasando. Clase social, de la que te tienes que gestionar un intento de suicidio tú sola a los trece años. Esta crisis afecta también de modo profundo al panorama de las necesidades educativas que afronta la orientación en los centros públicos. Pero el Gobierno regional ha dejado caer la orientación educativa pública, después de lo que supuso la pandemia. Las necesidades se han multiplicado exponencialmente, pero los refuerzos drásticos de personal no llegan.
Por otra parte, la mala gestión de la administración regional a la hora de implementar la LOMLOE ha provocado un salto exponencial en cuanto a burocratización de la vida de los centros educativos, afectando de manera dramática a los equipos y departamentos de orientación y al trabajo socioeducativo. El personal de éstos se está viendo reconvertido -aún más que el personal docente- en “funcionariado” técnico de administración educativa, en modo multitarea demencial. Un apunte malicioso: burocratización y privatización van siempre sospechosamente de la mano, porque el trabajo burocrático, a la postre, es siempre “externalizable”. No hay más que ver cómo cuatro grandes consultoras (las “Big Four” del Paseo de la Castellana) se están embolsando el dinero de la UE y haciendo los planes estatales ellas mismas… en sustitución del Estado.
En los centros educativos públicos de la Región de Murcia lo que la administración prima, ante todo, es su propia seguridad jurídica ante los problemas de salud mental o las necesidades educativas especiales. Evitar reclamaciones, denuncias, juicios e indemnizaciones, lo cual se traduce en una montaña de papeles, guías, protocolos y procedimientos, para que todo sea “legible” en términos burocráticos y legales, pero a costa del tiempo y los recursos para atender realmente. Mientras tanto, no sorprendería a nadie que los centros privados subvencionados empezasen a cobrar por la atención psicológica “normal” no burocratizada.
Recientemente APOEMUR (la asociación regional de la orientación) ha dado a conocer una serie de demandas, que cuentan con amplio apoyo sindical y del personal. Son un grito de auxilio. Sus camisetas rosas han destacado en las últimas protestas del sector, junto a las verdes de la escuela pública. ¿Por qué, si toda España sabe que la crisis de salud mental adolescente está arrasando los IES, no se atienden las recomendaciones internacionales (y regionales) sobre la ratio de orientadoras/es por alumnado? Esta proporción debe ser de un orientador u orientadora por cada 250 estudiantes. Es de cajón, una profesional no puede atender a miles.
Solo hay voluntad de maquillar, no se quiere “perjudicar” la explotación privada de la salud adolescente. La Consejería sólo concede un puñado de orientadoras más en algunos centros, sin garantía de consolidación. Colapso en las identificaciones, en las pruebas psicométricas, cuellos de botella con las familias, más informes para que el personal docente haga otros papeles y, en definitiva, bloqueo de la atención real. La Consejería ha desaparecido, en términos materiales, de la atención a la diversidad, ni siquiera acceden a hacer reuniones mensuales sobre el tema, como se hacían antes. Libre mercado para unos, parálisis administrativa para otras.
La burocracia es estéril, bloquea la empatía, siembra la desconfianza y destruye los equipos de trabajo. Es patológica en sí misma. La burocracia es opresión. A esto se está sometiendo al personal de orientación regional, que debía estar para otras cosas. Aquí el PP decidió inhibirse técnicamente en el desarrollo de la LOMLOE a nivel de centros, dejándolos abocados a una especie de sabotaje por colapso. Burocratización preventiva para todo, pero que todo el aparato burocrático no sólo lo apliquen, sino que lo tengan que “crear” incluso, profesoras, jefas de estudios, orientadoras o pedagogas terapéuticas.
Además de las labores propias de centro educativo, ahora en Orientación hacen certificados para becas, gestión de la Atención Temprana, que se les ha echado encima sin más, comunicaciones con familias, IMAS, Salud Mental, Cruz Roja o entidades del tercer sector que manejan fondos públicos, todo sin contemplar tiempo de trabajo para ello ni recursos humanos. Están reventando la orientación educativa. Por eso las orientadoras se han echado a la calle con sus camisetas rosas.
Ahora mismo el perfil profesional de orientación ha estallado en un galimatías de funciones, sin plazos, espacios, ni momentos de calidad para cuidar. Ahora las ponen a hacer valoraciones del IMAS, y no pueden ni ocuparse de sus centros educativos. “No se debería relegar la función del orientador educativo a la administración de pruebas psicométricas dirigidas por y para otras instituciones”, avisa APOEMUR, “descargar trabajo de otros organismos públicos, dependientes de otras Consejerías, no debería realizarse a costa del cumplimiento de las funciones específicas que tiene atribuidas el orientador educativo como profesor de Enseñanza Secundaria”. Demoledor.
A las compañeras las están usando como en una especie de laboratorio gerencial loco, para ver si reconvertimos toda atención y todo cuidado, éso que solo puede darte una profesional de lo público, en papeles para que los cargos públicos cubran sus traseros si pasa algo. De lo demás, de las necesidades educativas y los problemas de nuestras niñas y niños, y de nuestra clase adolescente, que se ocupe el mercado, para quien pueda pagarlo. Mercado de la salud mental y emporios educativos privados irán de la mano.
La salud mental adolescente se ha convertido en un nicho gigantesco de mercado. Nuevos servicios para extraer renta de las familias. Como siempre que se trata de mercantilizar la vida, lo primero es cerrar el campo a toda lógica de servicio público. Si tu hija o tu hijo adolescente se corta en los brazos, eso vale dinero. Si tiene depresión puede ser un gran negocio, si es un trastorno de alimentación, es una mina de por vida, y lo mismo con las clases particulares para compensar esas dificultades.
Muchas familias murcianas saben ya que sus centros educativos están colapsados con esto, lo mismo que la sanidad pública. Si no tienes dinero para psicólogas, bueno, están las pastillas, para eso estamos a la cabeza estatal en ansiolíticos y antidepresivos. Hay además una crisis social en la adolescencia, entendida como grupo. Hoy, ser adolescente es una clase social. Tiene que ser duro para una madre tener que decir “hija, apáñate como puedas y supéralo, porque yo no te puedo pagar ésto”. Pero está pasando. Clase social, de la que te tienes que gestionar un intento de suicidio tú sola a los trece años. Esta crisis afecta también de modo profundo al panorama de las necesidades educativas que afronta la orientación en los centros públicos. Pero el Gobierno regional ha dejado caer la orientación educativa pública, después de lo que supuso la pandemia. Las necesidades se han multiplicado exponencialmente, pero los refuerzos drásticos de personal no llegan.