La sequía estructural y el cambio climático afectan de una manera grave a nuestra región al mismo tiempo que crece la demagogia sobre los recursos hídricos de determinadas organizaciones agrarias y agroexportadoras. Además, las escasas precipitaciones han causado la muerte masiva de árboles y matorrales en un desastre ecológico que afecta a montes y parques regionales.
En la reunión de la Comisión Permanente de la Sequía se acordó aumentar las restricciones a los regadíos, al 40% en los tradicionales y al 57% en el resto de regadíos abastecidos con aguas superficiales (embalses). Los regadíos del Trasvase Tajo Segura (TTS) no están en situación de escasez. Los pozos del acuífero del Sinclinal de Calasparra están en marcha y, según la Declaración de Impacto Ambiental, podrán extraer hasta un máximo de 29 Hm3 anuales, siempre que exista declaración de Alerta por Escasez.
La Cuenca Hidrográfica del Segura soporta unas demandas que superan en mucho los recursos disponibles, especialmente por los regadíos, que utilizan más del 85% de los recursos hídricos. La sequía no es un problema coyuntural, es un fenómeno que irá a más. Hay que asumir una reducción de los regadíos intensivos a través de un reparto social del agua. Los regadíos de aguas subterráneas no pueden quedar al margen de las medidas frente a la sequía como ocurre ahora mismo, lo que representa un agravio comparativo.
También hay que agilizar la declaración de acuíferos sobreexplotados, en riesgo cuantitativo, y la correspondiente reducción de las extracciones.
La reducción de dotaciones de agua en los regadíos tradicionales debe ser mucho menor y aumentar a cambio las reducciones en los no tradicionales. Es necesario que se produzcan reducciones significativas de los regadíos de aguas subterráneas y aumente el control de los acuíferos por el organismo de cuenca.
Los pozos de sequía deben ser el último recurso en acuíferos ya sobreexplotados y no en los acuíferos sanos, que son los que tienen mayor valor ambiental. Las extracciones del Sinclinal de Calasparra y de los pozos de sequía de la Vega Media y la Vega Baja, que se pondrán en marcha en breve, deben ser exclusivamente para regadíos tradicionales.
La reducción de los regadíos industriales y la eliminación de pozos y regadíos ilegales es la única forma de reducir los impactos por la sequía y la escasez hídrica. La enorme presión sobre estos recursos se produce por los regadíos intensivos, que agravan y convierten en permanente la escasez de agua, haya o no haya sequía. Con una reducción continuada del agua disponible por el cambio climático es imprescindible una reducción de la superficie de regadíos intensivos.
Junto a esto, hay que abordar un reparto social del agua, priorizando los regadíos históricos y tradicionales y los pequeños agricultores, de manera que la reducción de la superficie de regadíos y de dotaciones recaiga en los regadíos industriales controlados por grandes empresas.
Se necesita un cambio en la forma de gestionar las sequías y la escasez hídrica. En los regadíos abastecidos con aguas superficiales, la reducción de dotaciones tiene que recaer en los no tradicionales, con el fin de proteger el valor ambiental y social de los regadíos tradicionales.
En las zonas donde se apliquen restricciones a los regadíos de aguas superficiales, se han de imponer las mismas restricciones a los regadíos de aguas subterráneas, hasta ahora exentos de reducción alguna en el uso del agua incluso en sequía extraordinaria.
Es un enorme agravio comparativo que beneficia, en muchos casos, a grandes regadíos agroindustriales de enorme impacto ambiental y social.
Los pozos de sequía deben ser el último recurso, por sus impactos ambientales y no deben ubicarse en los acuíferos de mayor valor ambiental, es decir, en los que todavía sustentan manantiales y humedales o aportan recursos al río Segura. En cualquier caso, los pozos de sequía deberían destinarse exclusivamente al abastecimiento humano y el mantenimiento de los regadíos tradicionales.
La declaración de los acuíferos sobreexplotados y la reducción de las extracciones son medidas urgentes antes de que sea demasiado tarde para revertir la situación. Hay que tener un mayor control de los regadíos y pozos ilegales, a los que precisamente por su carácter ilegal no les llega restricción alguna, con el cierre inmediato y sanciones ejemplares para acabar el robo de un bien público esencial como es el agua.
El objetivo debiera ser un reparto social del agua que proteja los regadíos tradicionales y pequeños agricultores frente a los regadíos agroindustriales.
0