El sistema público de pensiones en España, denominado de reparto, está basado en la solidaridad intergeneracional y en una fórmula de compensación, habiendo una notable diferencia entre las bases máximas de cotización y la pensión máxima. De esta manera, se aporta para que las personas que tienen pensiones contributivas inferiores a la mínima, por las lagunas en las cotizaciones, puedan suplir ese déficit con el llamado “complemento a mínimos”.
Pero no solo se basa en la solidaridad intergeneracional. También es solidario con todos aquellos que por efecto de accidentes laborales, enfermedades profesionales, incluso degenerativas provocadas por el desgaste humano que supone el trabajo, o meramente enfermedades comunes que imposibilitan la actividad laboral, reciben salarios en caso de incapacidad transitoria o pensión vitalicia, en caso de que esa incapacidad sea permanente.
Y, ¿ qué ocurre con quienes a lo largo de su vida laboral no consiguen, por la creciente precariedad en el empleo, llegar a los 15 años mínimos de cotizaciones? Pues que además de quedar en una situación de pobreza absoluta se les obliga a demostrar su estado de indigencia total para poder recibir una prestación o una ayuda de subsistencia.
Entre los objetivos de la movilización en defensa de las pensiones públicas debería también encontrarse el rescate de las personas damnificadas por aquella reforma de las pensiones de 1985, que dejó sin pensión alguna a las trabajadoras más vulnerables, a todas aquellas con trabajos precarios y estacionales. Mucha gente, después de toda una vida trabajando en el servicio doméstico o en la industria conservera vegetal, al llegar a la edad de jubilación se encontró la trágica sorpresa de no alcanzar los 15 años de cotizaciones necesarias para tener derecho a una pensión contributiva, como consecuencia del cambio en los requerimientos de años cotizados, pasando de 10 a 15.
Una reivindicación ligada a la vida digna que defienden las movilizaciones de las personas pensionistas es la denominada Renta Básica: rescatar de la pobreza absoluta a todas las que no tienen ingresos suficientes con los que vivir. Algo que, al mismo tiempo, es mucho más eficiente para la economía nacional: ayudar a las personas antes que a los bancos y a las constructoras de autopistas, o a destinar cantidades ingentes a Defensa.
Las pensiones públicas son tan importantes que no valen las ocurrencias. No se puede ignorar que las pensiones contributivas se generaron a lo largo de la vida activa de las personas trabajadoras con sus cotizaciones, y aquellas que el empresario está obligado hacer por cuenta del trabajador; cotizaciones estas que no son otra cosa que salario diferido que se percibe una vez jubilado. Son las pensiones no contributivas las que necesariamente se deben financiar con impuestos.
Las personas jubiladas que reivindicamos una pensión mínima superior a los 1.000 euros mensuales no podemos ignorar que más de tres millones de trabajadores y trabajadoras en España están sujetas al salario mínimo interprofesional, simplemente por trabajar en empresas o sectores en los que la atomización hace más difícil la organización sindical, y las nuevas reformas que impiden esta organización en muchos casos. Y un número cada vez mayor de trabajadores que aún haciéndolo en empresas con convenio colectivo, su jornada laboral es inferior a las 8 horas diarias, percibiendo salarios de hambre y miseria.
Precisamente por esto último es por lo que necesitamos unir las fuerzas de todas las personas trabajadoras -activas y jubiladas- y también de las personas jóvenes que están convencidas de que el camino hacia la dignidad se hace luchando todas juntas por revertir las reformas laborales que han precarizado el mercado laboral y que siempre acompañan a reformas del sistema público de pensiones. Para el neoliberalismo, hablar de reformas es lo mismo que hablar de rebajas en derechos laborales, en salarios o en pensiones. Evitemos eufemismos y contemos la realidad.
Es necesario luchar por devolver los derechos laborales arrebatados y fortalecer la negociación colectiva que las reformas laborales del PSOE y PP debilitaron, a la vez que facilitaron el despido colectivo y objetivo, abaratándolo para así sustituir por trabajadores y salarios precarios.
Desde Izquierda Unida-Verdes la Región de Murcia tenemos clara nuestra postura: defendemos el Sistema Público de Pensiones y apostamos por mejorar los aspectos que son deficitarios y, por eso, desde el área de mayores de IUVRM nos movilizamos en las calles pero también haciendo talleres y coloquios en los que mejoramos el conocimiento de esta problemática y tomamos conciencia de que el problema de las pensiones no es técnico, sino político. Pensiones dignas YA.
Ignacio López, del área de Mayores de IU-Verdes de la Región de Murcia
El sistema público de pensiones en España, denominado de reparto, está basado en la solidaridad intergeneracional y en una fórmula de compensación, habiendo una notable diferencia entre las bases máximas de cotización y la pensión máxima. De esta manera, se aporta para que las personas que tienen pensiones contributivas inferiores a la mínima, por las lagunas en las cotizaciones, puedan suplir ese déficit con el llamado “complemento a mínimos”.
Pero no solo se basa en la solidaridad intergeneracional. También es solidario con todos aquellos que por efecto de accidentes laborales, enfermedades profesionales, incluso degenerativas provocadas por el desgaste humano que supone el trabajo, o meramente enfermedades comunes que imposibilitan la actividad laboral, reciben salarios en caso de incapacidad transitoria o pensión vitalicia, en caso de que esa incapacidad sea permanente.