Hay una dificultad enorme en escribir cuando una está poseída por un sentimiento, en este caso dos: indignación y vergüenza. Es difícil ordenar racionalmente y poner en palabras la emoción. Hablo del programa Salvados del domingo 30 de mayo que ha versado sobre el derecho a la interrupción del embarazo tardío a raíz de la denuncia de varias mujeres murcianas obligadas a desplazarse casi quinientos kilómetros para esta intervención, arriesgando con ello su salud física y psicológica.
Son mujeres cuyos bebés padecían patologías incompatibles con la vida debido a graves malformaciones. O de embarazos que no se podían llevar a término sin poner en peligro la vida de la madre ¿Por qué no se puede dar ese servicio en Murcia, obligando a las mujeres a desplazarse, poniendo con ello en peligro su integridad física? Pues porque la abrumadora mayoría de los ginecólogos de la Región de Murcia son objetores de conciencia y no existe la infraestructura necesaria para garantizar ese derecho.
Imaginemos este ejemplo: un feto cuyo cráneo no se ha formado y que carece de toda posibilidad de vivir; además, la integridad física de la madre peligra debido a este hecho. La objeción de conciencia impide a los ginecólogos practicar la interrupción del embarazo (sabiendo, insisto, que esa criatura no podrá llegar a vivir). Sin embargo esa misma conciencia a la que aluden no es obstáculo ninguno para abandonar a la madre a su suerte. ¿De qué conciencia hablamos, entonces?, ¿qué deontología médica, qué principios, qué compasión, qué humanidad?
Pero no se trata de una decisión individual sino colectiva; más grave aún, todo indica que se trata de una decisión colegiada. Sin embargo observamos que el estamento médico se escuda en el político y el político en el médico. ¿Quién queda fuera de la ecuación? Sí, exacto, las mujeres, que no les importan ni a los unos ni a los otros.
La interrupción del embarazo está protegida por ley y la objeción de conciencia también, pero cuando dos derechos colisionan deberá prevalecer el más urgente y este es el que tiene que ver con la vida y la salud de las personas. En cualquier caso no se trata de una cuestión individual, como queda dicho, o de muchas cuestiones individuales sumadas (cada uno de los casos de objeción de conciencia) sino de una cuestión colectiva, una cuestión de salud pública. La administración tiene la obligación de garantizar ese derecho a la salud obstétrica y por tanto debe tener entre su plantilla profesionales que no sean objetores para no poner en un riesgo vergonzoso, indignante e innecesario a la salud física y psicológica de las mujeres de la Región de Murcia.
Llevamos una semana en la que seis mujeres han sido asesinadas por la violencia machista. Mujeres asesinadas por ser mujeres, no lo olvidemos, porque ese es el hardcore de este tipo de violencia. El patriarcado es un sistema de opresión para el que las mujeres somos individuos de tercera división regional. Ese sistema y sus distintas ramificaciones es el que propicia y en último término justifica estas muertes. Ese mismo sistema se manifiesta en nuestra región y en otras, despreciando la salud obstétrica de las mujeres, obligándolas a desplazarse, sacándolas de la red sanitaria pública, conduciéndolas a centros privados con pocas garantías y menos medios, clínicas privadas con condiciones lamentables muchas veces, según ellas mismas denuncian. Eso ocurre cuando la vida y la salud de las mujeres no son una prioridad, eso ocurre cuando la vida y la salud de las mujeres no le importan a nadie.
Si vamos al fondo de la cuestión, esta carencia en nuestro sistema sanitario no se debe ni a un asunto individual de objeción de conciencia, ni a un tema de infraestructura, ni de medios, ni de recursos: es un problema político e ideológico. Una región profundamente conservadora con varias décadas de gobierno del PP, extremismo reforzado ahora con la entrada en escena de Vox, que niega a las mujeres un derecho constitucional, privándolas de la calidad asistencial imprescindible, arriesgando su integridad física y psicológica.
Y luego hablan de respeto por la vida.
Hay una dificultad enorme en escribir cuando una está poseída por un sentimiento, en este caso dos: indignación y vergüenza. Es difícil ordenar racionalmente y poner en palabras la emoción. Hablo del programa Salvados del domingo 30 de mayo que ha versado sobre el derecho a la interrupción del embarazo tardío a raíz de la denuncia de varias mujeres murcianas obligadas a desplazarse casi quinientos kilómetros para esta intervención, arriesgando con ello su salud física y psicológica.
Son mujeres cuyos bebés padecían patologías incompatibles con la vida debido a graves malformaciones. O de embarazos que no se podían llevar a término sin poner en peligro la vida de la madre ¿Por qué no se puede dar ese servicio en Murcia, obligando a las mujeres a desplazarse, poniendo con ello en peligro su integridad física? Pues porque la abrumadora mayoría de los ginecólogos de la Región de Murcia son objetores de conciencia y no existe la infraestructura necesaria para garantizar ese derecho.