A finales de 2021, el socialista Diego Conesa no solo había dejado su cargo como secretario general del PSRM-PSOE, sino también su acta de diputado regional, como consecuencia de su imputación en un caso de presunta prevaricación durante su etapa como alcalde de Alhama de Murcia. Se le acusaba de no tramitar una multa que la Policía Local le impuso a un concejal de IU en ese municipio. Se daba la circunstancia de que esta formación solía apoyar en las votaciones plenarias a los socialistas, que no gozaban de mayoría en la corporación. Conesa fue alcalde entre 2015 y 2018. Cuando la instructora lo calificó como investigado, el dirigente socialista no quiso hacer uso de su condición de aforado como parlamentario de la Asamblea Regional, lo que derivaría la citación al TSJ, y se personó en el juzgado para declarar.
En marzo de 2021, tras presentarse una moción de censura contra el presidente Fernando López Miras por parte del PSOE y Ciudadanos, Conesa tuvo que renunciar a ser el candidato de recambio, contando con 17 diputados, en favor de la entonces lideresa de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal, con solo seis escaños. Acordaron que, con posterioridad, sería vicepresidente si salía indemne de su procedimiento judicial. No prosperó aquel intento de descabalgar al PP del Palacio de San Esteban y, meses después, Conesa arrojó la toalla. Al poco de hacerlo, en enero de 2022, la jueza archivó la causa al entender que en su etapa de primer edil alhameño no había cometido infracción penal alguna.
Le sucedió en el liderazgo del PSRM el exalcalde de Calasparra, José Vélez. Valedor de Conesa y partidarios ambos en su día de Pedro Sánchez para liderar el PSOE, cogió las riendas territoriales del partido cuando el fuentealamero se vio obligado, por las circunstancias, a alejarse de la política. El que fuera alcalde de Alhama alegó entonces “razones personales”. Elegido en primarias como secretario general en septiembre de 2017 y designado como Delegado del Gobierno en la Región en junio de 2018, apostó firmemente por el soterramiento de las vías del AVE en su llegada a la ciudad de Murcia. Diego Conesa fue, además, el primer candidato socialista que ganó al PP unas elecciones autonómicas en la Región de Murcia desde 1995. Lo hizo en 2019, pero Ciudadanos, apoyando de nuevo a los populares, desbarató su sueño de ser presidente de la Comunidad Autónoma.
En otro juzgado de la Región se acaba de abrir juicio oral contra José Vélez por irregularidades en el proceso de adjudicación de la plaza de toros de Calasparra, localidad de la que fue alcalde entre 2014 y 2020. Se le acusa de prevaricación, malversación y falsedad documental. El fiscal pide ocho años y medio de prisión y 18 de inhabilitación para cargo público. El juzgado ha impuesto una fianza, a él y al resto de imputados, por valor de más de 332.000 euros. En febrero de 2023, durante una entrevista en la emisora autonómica Onda Regional, había asegurado que, si eso ocurría, no dejaría pasar ni un segundo para presentar su dimisión. A día de hoy, no se ha producido ya que aún alberga la esperanza de que la causa se archive merced al recurso presentado por su abogado ante la Audiencia Provincial. Vélez suele jactarse de que eso es lo que ha ocurrido desde hace años con cuantas denuncias le han presentado desde la oposición.
Diego Conesa no ha vuelto a la política desde que se marchara en diciembre de 2021. En parte, por voluntad propia y en parte, porque nadie ha contado con él. Ello, a pesar de que un auto judicial decretara el sobreseimiento de la investigación a la que fue sometido por una multa olvidada en un cajón. En contraste, Vélez se mantiene en el cargo agarrado a la esperanza de que, como dice su letrado, “las imputaciones no se sostienen” y que se le acuse de prevaricación “por un error procedimental sin ningún calado”. Al fin y al cabo, deben de pensar que en los Estados Unidos hay un político imputado que ha vuelto a ser elegido presidente con un respaldo mayoritario y una holgada victoria en las urnas.
A finales de 2021, el socialista Diego Conesa no solo había dejado su cargo como secretario general del PSRM-PSOE, sino también su acta de diputado regional, como consecuencia de su imputación en un caso de presunta prevaricación durante su etapa como alcalde de Alhama de Murcia. Se le acusaba de no tramitar una multa que la Policía Local le impuso a un concejal de IU en ese municipio. Se daba la circunstancia de que esta formación solía apoyar en las votaciones plenarias a los socialistas, que no gozaban de mayoría en la corporación. Conesa fue alcalde entre 2015 y 2018. Cuando la instructora lo calificó como investigado, el dirigente socialista no quiso hacer uso de su condición de aforado como parlamentario de la Asamblea Regional, lo que derivaría la citación al TSJ, y se personó en el juzgado para declarar.
En marzo de 2021, tras presentarse una moción de censura contra el presidente Fernando López Miras por parte del PSOE y Ciudadanos, Conesa tuvo que renunciar a ser el candidato de recambio, contando con 17 diputados, en favor de la entonces lideresa de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal, con solo seis escaños. Acordaron que, con posterioridad, sería vicepresidente si salía indemne de su procedimiento judicial. No prosperó aquel intento de descabalgar al PP del Palacio de San Esteban y, meses después, Conesa arrojó la toalla. Al poco de hacerlo, en enero de 2022, la jueza archivó la causa al entender que en su etapa de primer edil alhameño no había cometido infracción penal alguna.