María Marín es portavoz de Podemos en la Asamblea Regional de Murcia
“Puta, te voy a joder la vida, hija de puta, no vas a ser nadie”, le decía a su exnovia mientras la golpeaba e intentaba violarla. A pesar de que ya tenía una condena previa por violencia de género, no pisó la cárcel. Los jueces lo libraron de entrar en prisión a cambio de un curso de educación sexual y el pago de 5.000 euros.
“Eres una puta, si has quedado conmigo y te has subido al coche ya sabías lo que iba a ocurrir”, gritaba el capataz a su jornalera mientras le golpeaba la cara y aplastaba la cabeza contra el cristal de la furgoneta. Después la penetró vaginalmente sin protección, se corrió dentro y para terminar le obligó a practicarle una felación. Tampoco fue a la cárcel. Se libró a cambio de 6.000 euros y otro curso, a sus 64 años, de educación sexual. La pena de agresión sexual agravada (violación) iba entonces de 6 a 12 años, pero a nadie le importó.
Salieron a la calle a fumar un cigarro, la cogió del brazo y se la llevó a un descampado. Como ella no quería chupársela, la muy puta, entonces la violó. Los magistrados tampoco consideraron que este delincuente sexual tuviera que entrar en prisión. Otro cursillo y una indemnización.
Todas estas sentencias tienen algo en común: han sido dictadas este año por jueces de la Audiencia Provincial de Murcia. Los violadores están en la calle, pero la culpa no es de Irene Montero. Los veredictos son anteriores a la entrada en vigor de la ley integral de libertad sexual, la llamada ley del Solo Sí es Sí.
No son casos aislados. A los machistas les va bien por lo general en la Ciudad de la Justicia. Un juez murciano acaparó titulares en toda España en 2011 por una sentencia en la que consideraba que llamar zorra a la exmujer no era un insulto y que amenazarla con “una caja de pino” no era un delito de amenazas, sino una simple falta. Después nos enteramos que este tipo de sentencias a la baja por violencia de género era una práctica habitual en esta sala. Agredir a tu pareja, 90€. Amenazas de muerte, 20€. Una década después este juez no solo sigue en su puesto, sino que ha sido ascendido recientemente a presidente de su sección. Chapó.
¿Hay jueces machistas en España? Por supuesto que los hay. Los jueces de estos casos son auténticos machistas, como también lo son los miembros del Consejo General del Poder Judicial que nombraron como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia a un candidato que estaba 1.160 puestos por detrás de la otra candidata en el escalafón judicial. Seis años después esta decisión sigue pendiente de la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Pero decir que hay jueces machistas en España no es ninguna novedad. Tenemos memoria y lo sabemos muy bien. Millones de mujeres nos manifestamos en abril de 2018 contra la sentencia de la Manada. Tres jueces condenaron entonces como abusos una violación múltiple, porque la víctima no opuso según ellos suficiente resistencia. Uno vio incluso “jolgorio” en aquello. La misma historia se repitió unos meses después con la manada de Manresa, con la diferencia de que esta vez su víctima solo tenía 14 años. 750 jueces, no uno ni dos, 750, firmaron entonces una queja ante el Consejo Consultivo de Jueces Europeos, pero no para solidarizarse con la víctima: ¡defendían al tribunal frente a la presión social!
Hay jueces machistas en España, claro que sí, y en Murcia más. También hay jueces y juezas ejemplares con una dilatada trayectoria contra la violencia machista, pero eso no puede ocultar las sentencias de otros que llevan años fallando contra los derechos e integridad de las mujeres y favoreciendo al violador. Casos que ponen los pelos de punta. Lo indignante es que nuestros medios cierren filas sin excepción con las togas machistas y pretendan hacer creer que el sistema judicial español está impoluto y que todos nuestros males empezaron ayer con la ley del Solo Sí es Sí y son culpa de la ministra que más ha hecho por la igualdad en este país.
Algunos magistrados de la Audiencia Provincial de Murcia dejaron libres al menos a tres violadores entre agosto y septiembre, antes de la nueva ley, un auténtico escándalo judicial. Es la misma Audiencia que ahora decide rebajar una condena, mientras la de la Rioja no ha modificado ninguna de las 54 sentencias revisadas. ¿Seguro que la culpa es de la ministra? ¿Por qué ninguno de los medios que ahora saltan sobre Irene Montero puso el grito en el cielo por estas sentencias? ¿Por qué ningún periodista ha hecho un mínimo trabajo de investigación para saber qué está pasando en nuestra Audiencia Provincial? ¿Hay alguna periodista feminista en esta Región que se sienta interpelada? Entre tanto ruido, también hay silencios atronadores.
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