Estas semanas hemos descubierto que Murcia no tiene vertedero de residuos sólidos urbanos sino que lo tiene externalizado a una empresa del grupo Ferrovial. La razón por la que Murcia no tiene vertedero público es aún más sorprendente: el equipo de Ballesta argumenta que abrir un vertedero municipal —por ejemplo, donde estuvo hace ocho años: muy cerca del centro de tratamiento “Cañada Hermosa”—, podría «interferir en la iniciativa privada». Es decir, restaría oportunidades de negocio a los empresarios del ramo: los cuales tendrían que publicitarse, bajar precios, diversificar negocios, salir a otras zonas y, en definitiva, desenvolverse dentro del puro capitalismo y sus leyes de oferta y demanda. Es el mercado, amigos, como dijo aquel gran economista/ladrón. Y qué frío hace en el Libre Mercado, sin la ayuda de la Administración Pública.
Recordemos que la ITV municipal fue cerrada hace unos meses para tampoco interferir en los negocios privados de los empresarios que se dedican a talleres mecánicos. Lo mismo sucede con los viveros públicos de El Mayayo, unas instalaciones de 5.000 m2, que cuentan con invernadero de 2.200 m2, tres invernaderos túnel de 1.150m2 y capacidad para producir al año más de 150.000 plantas y flores. En cuanto a la limpieza viaria, hace lustros que se privatizó, es decir, que se generó un nicho de negocio para empresarios que no podrían sobrevivir si el Estado no incurriera en dejación de funciones.
Pero volvamos a la mera frase emanada en nota de prensa del equipo de gobierno de Ballesta: la cosa municipal, la res publica interfiere en los negocios privados. Para mí es algo más que una línea de texto en un documento de comunicación. Es una confesión: lo que el equipo de gobierno de la Glorieta quiere decirnos es que el libre mercado capitalista es muy duro y es mejor tener un amiguito en el gobierno que te quite la competencia.
Está claro: ni siquiera los partidos de derechas creen en el Capitalismo. La competencia, el libre mercado, la libertad de precios, la oferta y la demanda... no se lo creen. Por eso destruyen el tejido de la Administración Pública, para conseguir clientes rehén, para que tengamos que acabar comprando todo, hasta la seguridad y la salud en empresas. Y para dar estas oportunidades de negocio el Estado delinque, el Estado incurre en dejación de funciones. El resultado de meter a empresas privadas en sectores que, por definición, carecen de beneficios dinerarios, está a la vista: para obtener rédito, se dejan los desechos y muebles rotos en la Huerta de Murcia, se limita la superficie aseada, se costean flores ornamentales a diario, se abandonan las aceras, se racanea los productos y los horarios de limpieza. Y lo más importante: no se pueden presentar reclamaciones.
Por lo tanto se puede concluir que al privatizar los servicios públicos se obtienen 3 ventajas: 1 determinadas empresas consiguen lucro sin competencia, 2 los políticos —que deberían gestionar— obtienen tiempo libre para hacer una permanente campaña electoral, y 3 la gente no puede reclamar: las empresas privadas no tienen una sede en pedanías ni en barrios, ni una ventanilla de quejas, ni un escrito ad hoc para ponerlas: solo tienen un teléfono que normalmente... registra y aplaza, pero nunca resuelve.
Hay una cuarta ventaja a largo plazo: cuando los servicios públicos se envilecen y la gente no obtiene nada a cambio de sus impuestos, empieza a preguntarse de qué sirve el Estado, por qué pagar esa fiscalidad tan (además) mal repartida. Y llegan los monstruos.
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