El presidente de Ciutadans, Albert Rivera, ha prometido que si su partido llega a estar en gobiernos de comunidades autónomas tras las elecciones del 26M bajará los impuestos en esos territorios en la misma medida en que el Gobierno de Pedro Sánchez los aumente en el ámbito nacional. “Por cada euro de IRPF e impuestos, me comprometo a compensarlo y bajarlo con los tramos autonómicos en las comunidades”. Una propuesta que, por temeraria debía ser descartada como opción política.
Cansa oír a la derecha ultra-liberal que cuanto menos Estado, más libertad para los ciudadanos. No es verdad cuando el Gobierno tiene que recurrir a más financiación (al crédito) porque de los recursos que obtiene de los propios tributos tan sólo alcanza al 40% del PIB; por consiguiente, el país, para seguir funcionando, necesita seguir financiándose en una proporción muy elevada. Y es entonces cuando se pierde la democracia y se convierte en una dictadura, la de los mercados; pues son ellos y no los ciudadanos los que tienen el poder de someter a los gobiernos.
Apostemos por un Gobierno capaz de cumplir su doble función de redistribución de renta y participación y colaboración en la economía productiva. Un ejecutivo que recupere el poder de la política y una Administración capaz de cumplir la promesa de igualdad de oportunidades para sus ciudadanos y ciudadanas. Un sistema democrático que ofrezca a su ciudadanía una seguridad vital que sea garantía de certidumbre y dignidad a los largo de su vida. Y un país que utilice la fiscalidad como la gran herramienta de equidad que es.
Vamos a dejar algo claro: bajar impuestos no es de izquierdas. Es recortar recursos a las instituciones públicas, es renunciar a la redistribución de la renta colectiva. Es poner en riesgo el Estado de Bienestar que hemos conocido.
Claro que hay que subir impuestos, pero de manera proporcionada. Que el esfuerzo de contribuir al sostenimiento no recaiga siempre sobre los mismos, sobre la clase trabajadora (porque eso tampoco es de izquierdas). Pero sí perseguir a quien defrauda, hacen trampas, llevan sus fortunas a paraísos fiscales, hacen contratos fiscales a la carta o juegan a la elusión para no aportar lo que les corresponde al bienestar colectivo.
¿Acaso podemos seguir pagando las pensiones a crédito, renunciar al sistema público de las pensiones o a la estabilidad presupuestaria, que es la que garantiza el futuro de los servicios públicos?
Por eso un gobierno de izquierdas no puede, de ninguna manera, avalar una bajada de impuestos que provoque un desequilibrio en el sostenimiento del Estado del Bienestar con sus servicios y prestaciones. Se podrá cuestionar la gestión o el buen uso de los recursos públicos, pero no se puede permitir un sistema que no sirva para recuperar y mantener una calidad óptima de vida, que permita luchar contra la pobreza y la desigualdad.
Los socialistas queremos ir con la verdad, aunque sea una verdad que no guste oír: tenemos que equipararnos en ingresos públicos a nuestro entorno, a través de una fiscalidad diferente, más justa y más solvente, o vamos a vivir permanentemente con una deuda insoportable, con el Estado del Bienestar destrozado, con una economía encorsetada de un crecimiento interno lento y con millones de ciudadanos en la cuneta del bienestar.
La decencia de un país no se mide por su PIB, se mide por cómo trata a sus conciudadanos. Los socialistas no queremos esquilmar a nadie ni acabar con los ricos de este país, lo que queremos es acabar con los pobres, y que la economía se entienda cómo un esfuerzo colectivo en el participamos todos y que el reparto de la riqueza se haga de manera más justa.
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