Después de la pandemia, el turismo de cruceros es uno de los segmentos del turismo internacional que tiene un mayor crecimiento. El número de barcos de este tipo que recalan en el puerto de Cartagena ha crecido significativamente. En los cuatro primeros meses del año, se han recibido un total de 52 cruceros y más de 41.000 personas a bordo, con seis primeras escalas, cuatro dobles y una triple. Durante todo el año 2022, hay más de 220 escalas previstas y las cifras han ido aumentando conforme han ido pasando los meses. Este tipo de turismo genera enormes impactos relacionados con la contaminación, vertidos, residuos, masificación y gentrificación de las ciudades. También sobre los ecosistemas marinos y la alteración de la dinámica litoral por la construcción de terminales.
El mayor volumen se concentra en la costa mediterránea y el archipiélago canario; especialmente en los puertos de Barcelona, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y también, con una tendencia ascendente, el puerto de Cartagena. Es necesario que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se implique en una disminución del crecimiento desmesurado e incontrolable de la industria de cruceros en nuestro país. El Estado español es uno de los países más contaminados por cruceros con los puertos de Barcelona y Palma de Mallorca a la cabeza de la clasificación por ciudades. Esta es una política que responde a la intereses privados del sector ya que, si bien son puertos de titularidad estatal denominados de interés general, los procesos de liberalización han llevado a una gestión privada en manos de capitales internacionales (terminales concesionadas, operadoras y grupos navieros).
La contaminación que generan estos barcos afecta especialmente a la población expuesta de una manera más directa a las terminales de cruceros. Son barcos que utilizan combustibles con un alto contenido de azufre que emiten contaminantes altamente peligrosos para la salud humana. Esto es debido a la deficiente regulación sobre el transporte marítimo comparada con la existente en tierra donde su uso está prohibido. El límite de azufre para los combustibles marinos se ha reducido y, en lugar del 3,5 %, solo se permite el 0,5 %. Sin embargo, todavía el diésel marino es 500 veces más tóxicos en óxidos de azufre que el diésel de los automóviles. Numerosos barcos continúan navegando con fueloil pesado (altamente tóxico pero barato) porque la normativa permite usarlo si los barcos utilizan un sistema de depuración de gases (scrubbers, en inglés). Dicho sistema lava las emisiones contaminantes pero vierte los tóxicos de las aguas residuales que genera directamente en el mar, con enormes impactos sobre los ecosistemas marinos.
Cuando la navegación es costera, como es el caso de los cruceros, el impacto de las emisiones sobre las poblaciones resulta evidente. En este sentido, Ecologistas en Acción y la organización alemana Nabu (Nature and Biodiversity Conservation Union) han realizado mediciones en las terminales de cruceros de Barcelona, Palma de Mallorca y el Estrecho de Gibraltar. El resultado ha mostrado niveles de contaminación hasta setenta veces mayores que la concentración de fondo normal de las ciudades. El puerto de Cartagena no tiene una estación de medición de la calidad del aire en el muelle de cruceros como si la hay en la dársena de Escombreras, que tiene problemas de superaciones de la contaminación por partículas. La Organización Marítima Internacional (OMI) ha iniciado el debate para declarar al Mediterráneo como Zona de Control de Emisiones de Óxidos de Azufre (SECA, en inglés), que será presentada para su aprobación en la próxima reunión del Comité de Protección del Medio Marino en diciembre de 2022.
El turismo de cruceros es el modo de transporte con mayores emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por kilómetro recorrido (en términos absolutos es el transporte por avión). Es necesario un plan de reducción progresiva de la actividad en función de los niveles de protección de contaminación atmosférica y además, es fundamental que no se planteen falsas soluciones de lavado verde como está ocurriendo con combustibles fósiles como el gas natural. Para tener un objetivo claro hacia la adaptación al cambio climático, hay que limitar las ampliaciones de nuevas terminales portuarias y de crecimiento del sector, y abordar un plan de reducción del sector del transporte marítimo, de bajo consumo energético y de recursos materiales, que dé respuesta a las necesidades básicas de la población ante futuros colapsos energéticos.
Después de la pandemia, el turismo de cruceros es uno de los segmentos del turismo internacional que tiene un mayor crecimiento. El número de barcos de este tipo que recalan en el puerto de Cartagena ha crecido significativamente. En los cuatro primeros meses del año, se han recibido un total de 52 cruceros y más de 41.000 personas a bordo, con seis primeras escalas, cuatro dobles y una triple. Durante todo el año 2022, hay más de 220 escalas previstas y las cifras han ido aumentando conforme han ido pasando los meses. Este tipo de turismo genera enormes impactos relacionados con la contaminación, vertidos, residuos, masificación y gentrificación de las ciudades. También sobre los ecosistemas marinos y la alteración de la dinámica litoral por la construcción de terminales.
El mayor volumen se concentra en la costa mediterránea y el archipiélago canario; especialmente en los puertos de Barcelona, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y también, con una tendencia ascendente, el puerto de Cartagena. Es necesario que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se implique en una disminución del crecimiento desmesurado e incontrolable de la industria de cruceros en nuestro país. El Estado español es uno de los países más contaminados por cruceros con los puertos de Barcelona y Palma de Mallorca a la cabeza de la clasificación por ciudades. Esta es una política que responde a la intereses privados del sector ya que, si bien son puertos de titularidad estatal denominados de interés general, los procesos de liberalización han llevado a una gestión privada en manos de capitales internacionales (terminales concesionadas, operadoras y grupos navieros).