El diario La Verdad de Murcia abre su portada de hoy con el informe que el Fiscal Anticorrupción de Murcia ha presentado en el Juzgado de Instrucción nº8 de Murcia, donde se instruye el caso Umbra por supuestas irregularidades en los convenios urbanísticos de la zona norte de la capital regional, y en el que están imputados, entre otros, el alcalde Miguel Ángel Cámara y el empresario y propietario del Real Murcia, Jesús Samper. Entre otras cosas, el fiscal esgrime documentos como los emails y cartas que Samper envió a Cámara, de los cuales se incautaron durante los registros, y en los que el empresario solicitaba al primer edil que facilitara el desarrollo del proyecto urbanístico de Nueva Condomina. De ese modo, el fiscal Juan Pablo Lozano vendría a refutar la declaración que el alcalde Cámara prestó en 2012 ante el juez Castillejos por este caso, y en la que se defendió afirmando que desconocía los pormenores del proceso y que se guió por los informes técnicos.
“Cámara fue un directo conocedor de todos los pormenores del proyecto y quien impulsó y removió los distintos obstáculos municipales que se fueron alegando, en beneficio del señor Samper, incluido el criterio de valoración del 10% (del aprovechamiento urbanístico)”, afirma en su informe el fiscal, según recoge la información del periodista de La Verdad Ricardo Fernández. El escrito del fiscal Lozano, de 85 páginas, resume la investigación en torno al caso Umbra desde que el juez Castillejos abrió diligencias previas en 2008, y deja preparado el camino para que en los próximos meses el caso pueda llegar a juicio.
El de hoy no es el primer informe que se redacta por parte del fiscal en un caso cuya instrucción ya ha alcanzado los seis años de duración, aunque en esta ocasión se incluyen nuevas pruebas. En julio de 2013, Juan Pablo Lozano ya anunció la investigación del patrimonio del alcalde de Murcia y lo señaló como el responsable, junto al entonces concejal de urbanismo Fernando Berberena, de hacer un “traje normativo” a medida del proyecto de Jesús Samper. En aquel informe, Lozano añadió que en la Gerencia de Urbanismo de la capital regional se tomaron “algunas decisiones que se tachan de delictivas por no responder al interés general y que implican cambios de difícil explicación que solamente pueden adoptarse con su visto bueno (de Miguel Ángel Cámara) después de cumplidas explicaciones”. Además, Lozano estimó que “todas las modificaciones de la adaptación del Plan General a la Ley del Suelo de la Región de Murcia se basaron en informes técnicos de Alberto Guerra, Joaquín Peñalver y Ángel Lajarín, aplicando cambios normativos que beneficiaban a los intereses de los promotores y que fueron autorizados en última instancia por los señores Berberena y Cámara”.
Según el fiscal Juan Pablo Lozano, el ayuntamiento de Murcia habría dejado de ingresar unos 18 millones de euros al fijar a la baja el precio de los terrenos que cedió a Samper, para el desarrollo de su proyecto en Nueva Condomina y la construcción del nuevo estadio de fútbol.
