Los años de optimismo y especulación neoliberal que precedieron a la larga crisis que vivimos se caracterizaron, en el plano de la obra pública, por la construcción de infraestructuras que tenían como objetivo aumentar el prestigio de sus promotores y llenar los bolsillos adecuados, sin que tuviese la más mínima importancia la utilidad o la rentabilidad de las mismas.
La Región de Murcia contó con grandes maestros en este dudoso arte: quedan como prueba un aeropuerto sin aviones e incluso sin inaugurar, y una de las mayores desalinizadoras del país, la de Escombreras, que no sólo no aporta agua sino que supone una pesadísima losa financiera.
En una demostración de la capacidad de innovación y desarrollo del PP de la Región de Murcia, nos convertimos además en expertos en la venta de proyectos que aunque han costado un buen pellizco se han quedado –afortunadamente, por otro lado– en poco más que elucubraciones sobre el papel, primeras piedras o recalificaciones de terrenos. Como ejemplos ahí están Contentpolis, la Paramount o el macropuerto de El Gorguel.
A mitad de camino se encuentran innumerables infraestructuras promovidas desde los municipios que se han quedado sin presupuesto y siguen sin terminar. Podrían pasar por carísimas esculturas que nos recuerdan en el mejor de los casos la incompetencia de nuestros gobernantes, y en el peor, directamente su indecencia.
Alguna, como el auditorio de Puerto Lumbreras, es tan paradójica que, siendo alcalde nuestro actual presidente regional, se firmó su recepción como obra finalizada cuando era evidente que lo que se había acabado era el presupuesto. Otras, como el Museo Paleontológico de la Región de Murcia, situado en Torre Pacheco, constituyen un ejemplo perfecto de todo lo que no debería volver a ocurrir en el futuro: proyectos megalómanos y despropósitos desde su diseño hasta su paralización.
El edificio, que actualmente se encuentra a medio construir, sustituyó a un descabellado plan promovido por el Partido Independiente de Torre Pacheco que pretendía empotrar el museo en el mismo Cabezo Gordo, un espacio protegido por su valor ambiental que alberga el yacimiento neandertal de la Sima de las Palomas. La decisión final de hacerlo en las faldas del Cabezo, en medio de campos de cultivo y alejado de todos los núcleos habitados, no mejoró mucho el primer proyecto: evitó el atentado ecológico pero no el económico.
El museo podría haberse ubicado en cualquiera de los pueblos cercanos al yacimiento -Dolores, Balsicas o San Cayetano-, podría haberse aprovechado alguno de los edificios públicos sin uso o infrautilizados o podría haberse restaurado y habilitado alguna de las casas tradicionales del campo de Cartagena. De esta manera se podría haber implicado a los vecinos, transformando el yacimiento arqueológico y lo que significa en una herramienta de desarrollo social en manos del pueblo, claro que esa no era una opción rentable para los intereses de determinados grupos político-empresariales.
Aunque la Comunidad Autónoma pagó los 8 millones de euros que debían cubrir el 90% de la construcción y habilitación del museo, el Ayuntamiento de Torre Pacheco, gobernado por el PP y con el inhabilitado Daniel García Madrid a la cabeza, aplicó el criterio de caja única. Es decir, la subvención se gastó en su totalidad, pero sólo unos 4 millones se gastaron efectivamente en la construcción del museo.
El Gobierno Regional ha dado un periodo de gracia de tres años, pero cuando expire, el Ayuntamiento deberá justificar el gasto de toda la ayuda y entregar el edificio terminado; en caso contrario se verá obligado a devolver los 8 millones de euros de subvención. Lo peor del asunto es que para acabar el edificio y ponerlo en marcha haría falta bastante más dinero del que queda por justificar, no sólo por la “imprevisión” de sobrecostes, sino también porque una cantidad indeterminada de materiales y equipos, arrumbados durante años de inactividad dentro del edificio a medio construir, se encuentran inutilizables.
En el improbable caso de que se llegase a concluir el proyecto, el Ayuntamiento tendría que enfrentarse a otro problema: el acuerdo con la Consejería de Cultura prevé que los gastos de funcionamiento corran a cargo del municipio, aunque el museo sea de carácter regional y de entrada su rentabilidad o autosuficiencia sea una quimera.
Llegados a este punto, ¿cuál es la mejor solución? ¿Acabar el edificio aumentando el endeudamiento del municipio, aun a sabiendas de que no será rentable y que lo más posible es que no pueda mantenerse abierto? ¿Devolver la subvención, con lo que el gasto sería en total de unos 12 millones de euros? ¿O acabar la obra –que costaría más o menos lo mismo– y tener un edificio que el Ayuntamiento no puede mantener abierto?
Ninguna de las soluciones resulta beneficiosa para los vecinos y quizá alguien debiera tratar de romper la baraja iniciando una investigación para esclarecer si puede haberse cometido alguna ilegalidad relacionada con el Museo Paleontológico de la Región de Murcia, y al mismo tiempo, comenzar a negociar con la Comunidad Autónoma la devolución de la subvención no justificada y la entrega de la obra.
Como corresponsable del proyecto, el Gobierno Regional debería haber vigilado todo el proceso y evitado llegar a este punto, y actualmente es el único capaz de terminarlo y ponerlo en marcha.
Pero mi triste previsión es que, aunque tendremos todavía que pagar un buen pellizco, durante muchos años el museo seguirá sin terminar, o cerrado y vacío. Otra carísima escultura que debiera recordarnos que vivimos en un sistema diseñado para que unos grupos acumulen riqueza desposeyendo a otros. Ojalá sirva como inspiración para no volver a tropezar con las mismas piedras.
Los años de optimismo y especulación neoliberal que precedieron a la larga crisis que vivimos se caracterizaron, en el plano de la obra pública, por la construcción de infraestructuras que tenían como objetivo aumentar el prestigio de sus promotores y llenar los bolsillos adecuados, sin que tuviese la más mínima importancia la utilidad o la rentabilidad de las mismas.
La Región de Murcia contó con grandes maestros en este dudoso arte: quedan como prueba un aeropuerto sin aviones e incluso sin inaugurar, y una de las mayores desalinizadoras del país, la de Escombreras, que no sólo no aporta agua sino que supone una pesadísima losa financiera.