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La violencia franquista contra las mujeres no se puede contar

El 25 de noviembre es la fecha elegida para recordar la constante violencia ejercida contra las mujeres. Las distintas modalidades de represión tienen y han tenido siempre un mismo objetivo: subordinarlas a los intereses de los hombres. La sociedad tiende a recurrir a las cifras; sin embargo, para comprender la dimensión de esta lacra hay que ir más allá de los desalentadores números de asesinadas o maltratadas que nos avergüenzan a todos.

La obsesión por lo cuantificable ha provocado que los historiadores hayamos otorgado durante mucho tiempo un papel secundario a las mujeres, igualmente en aquellos trabajos de investigación que giran en torno a la represión franquista. Y es que los republicanos fusilados o encarcelados fueron en su mayoría hombres. Pero, otra vez, las cifras no nos dejaban ver la realidad y escondían todo un conjunto de actuaciones con las que la dictadura y sus afines trataron de frenar el avance femenino para convertir a las mujeres en sujetos inoperantes, dóciles y con horizontes vitales limitados al hogar familiar.

Una de las leyes represoras de la dictadura que más número de víctimas provocó fue la Ley de Responsabilidades Políticas (LRP), tantas que a partir de 1945 dejarían de tramitarse nuevos casos porque los juzgados no daban abasto. Esta ley, que sirve para comprobar los deseos de revancha total del franquismo, sancionaba económicamente (multa o expropiación de los bienes) a todos aquellos que mostraron afinidad a la II República o pasividad ante la irrupción del 'Alzamiento Nacional'. Si analizamos las cifras de los expedientados por la LRP en una zona como la Comarca del Noroeste de Murcia, vemos que el 2,49% de las afectadas fueron mujeres. ¿Significa que solo ese porcentaje sufrió la violencia franquista? La respuesta es no.

Las 'rojas' sufrieron modalidades represivas comunes a las de los hombres por su activismo político, pero también otras específicas de su sexo. Las republicanas más significadas fueron encarceladas y fusiladas, en cumplimiento escrupuloso de la injusta legalidad de la dictadura. También podían ser violadas en prisión por los carceleros, esto no era legal pero daba igual, simplemente cumplían con las órdenes que ya daba Queipo de Llano en tiempos de guerra: “No se van a librar por mucho que berren y pataleen”, decía el general golpista sobre lo que tenía que hacer un “hombre de verdad”. En este sentido, para las mujeres embarazadas y con condena a muerte, la dictadura ideó en diciembre de 1941 una perversa ley que prohibía el fusilamiento durante el periodo de gestación hasta el nacimiento del bebé, que después pasaría a las autoridades franquistas siempre que el padre, y solo el padre, estuviera ilocalizable (muerto, desaparecido o exiliado). Los recién nacidos eran inscritos en el Registro Civil con un nombre distinto. Así se le dio cobertura legal al robo de bebés, que se mantuvo a lo largo de la dictadura y que ahora el Congreso de los Diputados ha aprobado que se investigue, aunque será muy difícil hacerlo con aquellos robos producidos durante la guerra y posguerra.

Muchas republicanas no entraron en prisión, pero eso no significa que sus vidas no estuvieran ligadas a los muros carcelarios. Las mujeres tenían que alimentar a sus maridos presos, siendo estas las principales responsables de que algunos consiguieran sobrevivir. Los que fueron detenidos en cárceles alejadas de sus hogares lo sabían perfectamente.

Ellas adquirieron el papel de luchar por la supervivencia de las familias, una tarea ardua en un contexto de pobreza generalizada al que se añadía el señalamiento por ser esposa, viuda o familiar de un 'rojo': “Cuando fusilaron a mi abuelo [alcalde republicano] las cosas se pusieron muy difíciles. Me dice mi madre que a ella no le daban trabajo por ser hija de quien era”, decía Juan Fernández para explicar por qué su familia tuvo que abandonar Cehegín (Murcia) y poner rumbo a Barcelona. Otras mujeres, las que se quedaron en sus pueblos, se vieron obligadas a pedir dinero o a ejercer la prostitución.

Los castigos físicos fueron comunes a hombres y mujeres, pero los que padecieron ellas estaban vinculados a su género. Los cortes de pelo, el aceite de ricino, barrer las calles, desfilar con poca ropa al ritmo del 'Cara al sol'… Una violencia arbitraria, pública y específica para las ‘rojas’ con la que el franquismo buscaba el escarnio y que estas se encerraran avergonzadas en sus casas, ese lugar del que nunca debían haber salido.

La represión femenina durante la dictadura tuvo tantas modalidades como verdugos la ejercieron. Las palizas, las violaciones, las agresiones verbales, la emigración forzada o la negación de un puesto de trabajo no aparecen en los documentos, no hay cifras que recojan todas las experiencias traumáticas que han sufrido y sufren por su condición de mujer. Solo la memoria sirve para recordarlas. Mientras, algunos siguen empeñados en que tenemos que olvidar.

El 25 de noviembre es la fecha elegida para recordar la constante violencia ejercida contra las mujeres. Las distintas modalidades de represión tienen y han tenido siempre un mismo objetivo: subordinarlas a los intereses de los hombres. La sociedad tiende a recurrir a las cifras; sin embargo, para comprender la dimensión de esta lacra hay que ir más allá de los desalentadores números de asesinadas o maltratadas que nos avergüenzan a todos.

La obsesión por lo cuantificable ha provocado que los historiadores hayamos otorgado durante mucho tiempo un papel secundario a las mujeres, igualmente en aquellos trabajos de investigación que giran en torno a la represión franquista. Y es que los republicanos fusilados o encarcelados fueron en su mayoría hombres. Pero, otra vez, las cifras no nos dejaban ver la realidad y escondían todo un conjunto de actuaciones con las que la dictadura y sus afines trataron de frenar el avance femenino para convertir a las mujeres en sujetos inoperantes, dóciles y con horizontes vitales limitados al hogar familiar.