La Ley de la Vivienda que el gobierno central acaba de aprobar ha vuelto a provocar que la oposición saque la artillería pesada, apelando a un supuesto ataque a la propiedad privada, como si esta ley supusiera que se fueran a expropiar los pisos de los probos propietarios para repartirlos entre la gente de forma gratuita. En algunas Comunidades Autónomas, como la Región de Murcia, el presidente López Miras ha llegado a declararse insumiso a la ley, tachándola de “comunista”, apelativo que funciona como un cajón de sastre y que es usado por el gobierno regional para oponerse a todo aquello que vaya en contra de su ideología, ya sea la nueva ley educativa o la reciente ILP por el Mar Menor.
Pero la realidad es que la Ley de la Vivienda no apunta, como dice López Miras, a las personas que tienen un par de pisitos conseguidos “con lo que se ha ganado con el sudor de su frente, su sacrificio y con su trabajo”, sino que va dirigida a los grandes tenedores de viviendas, es decir, a aquellos que poseen más de 10 bienes inmuebles, muchos de ellos fondos buitre y bancos. En la Región de Murcia hay casi 11.500 propietarios de más de 10 viviendas, verdaderos destinatarios de esta ley. De ellos, 9.596 tienen entre 11 y 25 bienes, 1.300 tienen entre 25 y 50 y hay 600 propietarios que tienen... ¡más de 50 inmuebles urbanos cada uno!
En la otra parte de la balanza, en España hay 3,4 millones de viviendas vacías, 129.000 en la Región de Murcia, dándose el caso de que nuestra región ocupa el tercer puesto en porcentaje de viviendas vacías con respecto al total (16,6%), sólo por detrás de Galicia y La Rioja. La ciudad de Murcia encabeza el ranking regional del número de viviendas desocupadas, con más de 33.000, seguida de Cartagena y Torre Pacheco, con la circunstancia de que esta última localidad lidera el ranking en términos relativos, con una vivienda vacía por cada 4,8 habitantes. Esta gran cantidad de inmuebles vacíos son el resultado de la burbuja inmobiliaria de la primera década del siglo, fenómeno especialmente sangrante en la Región de Murcia, siendo las entidades financieras la propietarias mayoritarias de esas viviendas. Además, en la región se ejecutan más del 10% de los desahucios que se realizan en España, verificándose que la vivienda (o más bien la falta de ella) es un problema de primera magnitud al que esta ley pretende dar respuesta.
Los organismos internacionales estiman que el coste de la vivienda no debe superar el 30% de los ingresos mensuales. Para un sueldo medio en España de 1.700 €, eso supone que un alquiler no debería superar los 510 € al mes de media, cifra muy por debajo de lo que se suele cobrar. Si hablamos de la Región de Murcia, cuyo sueldo medio es de 1.400 €, la cuantía media de los alquileres debería ser, como máximo, de 420 € algo ilusorio para la mayoría. Y si nos referimos a sueldos más bajos, algo habitual, conseguir pagar un alquiler se convierte en una odisea, si no en una misión imposible para muchos bolsillos.
La vivienda no es un artículo de lujo, es un bien de primera necesidad y un derecho señalado en el artículo 47 de la Constitución, por lo que es una inmoralidad especular con ella y buscar el beneficio rápido. Conseguir que la gente joven pueda alquilar pisos para independizarse sin tener la necesidad de juntarse 4 personas en la misma vivienda, o que una familia con bajos ingresos pueda vivir en un piso sin tener que elegir entre comer o pagar el alquiler es una obligación de cualquier gobierno. La oposición de los partidos de la derecha a esta ley constituye un ataque a la dignidad de las personas y al cumplimiento de un derecho fundamental recogido en a Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 que, en su artículo 25, incluye el derecho universal a una vivienda, digna y adecuada. Cualquier intento de facilitar la vida a las familias y garantizar el acceso a la vivienda debe ser bienvenido, en vez de defender los intereses de los que más tienen en nombre de la “libertad de mercado”, que suele ser sinónimo de “libertad de abusar de los más vulnerables”.
La Ley de la Vivienda que el gobierno central acaba de aprobar ha vuelto a provocar que la oposición saque la artillería pesada, apelando a un supuesto ataque a la propiedad privada, como si esta ley supusiera que se fueran a expropiar los pisos de los probos propietarios para repartirlos entre la gente de forma gratuita. En algunas Comunidades Autónomas, como la Región de Murcia, el presidente López Miras ha llegado a declararse insumiso a la ley, tachándola de “comunista”, apelativo que funciona como un cajón de sastre y que es usado por el gobierno regional para oponerse a todo aquello que vaya en contra de su ideología, ya sea la nueva ley educativa o la reciente ILP por el Mar Menor.
Pero la realidad es que la Ley de la Vivienda no apunta, como dice López Miras, a las personas que tienen un par de pisitos conseguidos “con lo que se ha ganado con el sudor de su frente, su sacrificio y con su trabajo”, sino que va dirigida a los grandes tenedores de viviendas, es decir, a aquellos que poseen más de 10 bienes inmuebles, muchos de ellos fondos buitre y bancos. En la Región de Murcia hay casi 11.500 propietarios de más de 10 viviendas, verdaderos destinatarios de esta ley. De ellos, 9.596 tienen entre 11 y 25 bienes, 1.300 tienen entre 25 y 50 y hay 600 propietarios que tienen... ¡más de 50 inmuebles urbanos cada uno!