Que la Administración Pública en España sanciona al ciudadano duramente por el incumplimiento de las leyes, es algo que todos conocemos y debe ser así, porque las leyes son el sistema de convivencia del que nos hemos dotado, dándole el rimbombante nombre de ESTADO DE DERECHO.
Ahora bien, cuando se trata de sancionarse a sí misma o de cumplir las sanciones que nos vienen de Europa, esa visión de ESTADO DE DERECHO se difumina, cae en el olvido, se deja enmarañar en la lentitud de la justicia de la misma administración, o en el peor de los casos, se intenta soslayar dando apariencia de solución y escondiendo el problema, junto con los derechos adquiridos.
Europa ha señalado y obligado a sancionar la temporalidad en el empleo en las administraciones públicas. La administración española, mantiene en FRAUDE de ley a cientos de miles de sus trabajadores por la temporalidad en su contratación, o por la concatenación de contratos temporales sucesivos y mantenidos durante decenas de años, o bien por eludir el plazo improrrogable de tres años para convocar las plazas ocupadas por funcionarios interinos, vulnerándoles su derecho a la carrera profesional y dejándolos en un angustioso limbo.
Pues bien, lejos de cumplir la directiva europea que obliga a sancionar estas prácticas, y de hacer responsables a todos esos jefes de personal, concejales, directores generales y demás responsables de este fraude, para que esto no vuelva a ocurrir, y reconocer los derechos adquiridos a estos trabajadores, se inventan la mayor oferta de empleo del mundo con el beneplácito de sus cómplices. Recordemos que los sindicatos también han dejado hacer y han permitido este FRAUDE.
Esto supone el mayor ERE encubierto de la historia de España, diciendo que “te saco la plaza después de 20 años, la misma plaza que la ley me obligaba a sacarte a los tres años… y… LO PASADO, PASADO”.
Lo pasado, pasado…se llama fraude de ley, y esto genera derechos, derechos de fijeza que viene a recoger una directiva europea con rango superior a cualquier ley de los estados miembros.
“Si el fraude lo comete la empresa, no debe pagarlo el trabajador”, es lo que señala Europa. Y España esconde o lo intenta esconder.
