La consejería de Turismo, Juventud y Deportes de la Región de Murcia contará con un presupuesto de 23,2 millones de euros si finalmente se aprueban los presupuestos regionales con el apoyo de PP, C's y Vox, veto parental y otros vergonzantes guiños a la ultraderecha mediante.
Más de la mitad de estos 23,2 millones de euros irán al área de turismo, dejando claro cuál es el peso relativo de cada uno de los brazos de la Consejería. Se trata de otra prueba de hasta qué punto la acción política del Gobierno Regional se planifica pensando más en los intereses empresariales que en los ciudadanos. Resumiendo mucho podemos decir que se hacen políticas desde arriba y hacia afuera y no desde abajo y hacia dentro.
En otra demostración de que lo importante para quienes gobiernan la Región de Murcia, y quienes los mantienen, son las apariencias y los beneficios económicos -privados, por supuesto- a corto plazo, casi el 50% del presupuesto de turismo, 5,8 millones de euros, se destinará a diferentes acciones de marketing. No se asignarán a políticas efectivas que permitan, si es que eso es posible, crear un sector turístico equilibrado, que minimice los impactos sociales y ambientales y reparta los beneficios de manera justa entre la población, algo muy diferente a las políticas que nos convirtieron en el agujero negro del turismo residencial y que hacen del Mar Menor la sentina de la agroindustria. Irán dirigidos en cambio a campañas de imagen que quizá salven mínimamente los números de la siguiente temporada turística pero que dejan intactas las causas de la degradación económica y ambiental que sufre la Región.
Precisamente cuando el Mar Menor y su entorno necesitan mayor financiación para evitar el colapso, 3,2 millones de euros, el 80% de la partida de marketing turístico, se usarán, según la Consejera Cristina Sánchez, para reforzar la marca Mar Menor y vender la laguna como destino. Parecen incapaces, y quizás lo son, de pensar el Mar Menor como un patrimonio natural que proporciona servicios ecosistémicos de valor incalculable y actúan como si simplemente fuese una piscina salada que genera beneficios económicos. La confusión entre prioridades con respecto al Mar Menor es de tal magnitud que no requiere mayor comentario.
Estas decisiones presupuestarias deben hacernos abandonar cualquier esperanza de que el Gobierno de López Miras tome decisiones políticas efectivas para proteger y recuperar el Mar Menor. Solo la presión desde la sociedad civil podría obligarles a actuar sobre los problemas de fondo. Mientras tanto sólo pondrán parches hasta el desastre final. De ahí la obsesión por repetir un discurso tramposo que busca repartir la responsabilidad entre toda la sociedad –cuando los responsables tienen nombres y apellidos- y señalar al Gobierno Central como el enemigo del Mar Menor.
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