El expresidente regional Pedro Antonio Sánchez se sentará en el banquillo de los acusados por el 'caso Pasarelas'. El titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Lorca, Antonio Morente, ha decretado la apertura de juicio oral contra Sánchez y contra el arquitecto Martín Lejárraga Azcarreta por la posible comisión de los delitos de prevaricación, falsedad documental y fraude en la contratación.
En esta causa se juzgará la contratación hace once años por parte del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras cuando el exjefe del Ejecutivo regional era alcalde de dicha localidad del arquitecto Martín Lejárraga para un proyecto de rehabilitación de la Rambla Nogalte en el que se fraccionó el presupuesto de las obras para escapar de la convocatoria pública y la libre concurrencia.
El juez declara órgano competente para el conocimiento y fallo de la causa a la Audiencia Provincial de Murcia y deberán comparecer ambos el 18 de mayo a las 9:30 horas de la mañana para notificarles la resolución y los escritos de acusación.
El caso Pasarelas fue reabierto por decisión de la Audiencia Provincial de Murcia el pasado enero después de que el Juzgado acordara el archivo del mismo al presentar el fiscal la solicitud de declaración de la causa como compleja fuera de plazo, según entendió el juez.
El proceso judicial fue abierto en julio de 2016 y archivado 6 meses más tarde por efecto de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (aprobada por el Partido Popular en 2015). Diez meses después, el nuevo auto dictado por la Audiencia Provincial revoca la decisión del Juzgado de Instrucción Nº3 de Lorca de archivar la investigación.
El fiscal pidió para Sánchez una pena de 9 años y 6 meses de inhabilitación especial para empleo cargo público por la comisión de un delito de prevaricación administrativa; una pena de 3 años y 6 meses de prisióny multa de 12 meses con cuota diaria de 25 euros y 3 años y 6 meses de inhabilitación especial de sufragio pasivo y activo, así como la incapacidad para obtener durante el plazo de la condena cualquier cargo o empleo público, sea o no electivo, en el ámbito municipal, autonómico y estatal, por un delito de falsedad documental.
Para Lejárraga solicitó una pena de 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación.
Las dos acusaciones populares están representadas por Podemos y un exconcejal socialista.