Ródenas y Ros han prestado declaración como testigos y han defendido la legalidad de su intervención en la recalificación de los terrenos afectados por los convenios de la zona norte del municipio de Murcia, que están siendo investigados en el llamado caso Umbra. Por el momento se desconoce si pudiera variar su grado de implicación en la causa que instruye el juez David Castillejos, en el juzgado número ocho de la capital regional.
Ambos fueron preguntados por la tramitación de estos convenios en lo que tuvo que ver la Administración Regional, limitándose a defender la legalidad de sus actuaciones.
El juez interrogó a Ródenas en cuanto al traslado de unas instalaciones porcinas que supusieron una indemnización millonaria para sus propietarios, y sobre otras cuestiones relacionadas con la tramitación de la documentación remitida por el ayuntamiento de Murcia.
El exsubdirector General de Urbanismo se pronunció sólo sobre detalles relacionados con el Plan General de Ordenación Urbana de Murcia y achacó toda responsabilidad en el asunto de las granjas y de su valoración a los técnicos de la Gerencia de Urbanismo, cuya cúpula está imputada en el caso, así como al entonces concejal de Urbanismo Fernando Berberena y al alcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara.
Por su parte, Margarita Ros, exjefa de servicio de la Dirección General de Urbanismo, defendió su postura contraria al aumento de edificabilidad en la zona norte y que reflejó en un informe oficial en su día.