La Asamblea de Murcia ratifica el apoyo a las víctimas de la trama de prostitución de menores pese al rechazo de Vox

La sorpresa y la indignación ha sido unánime este jueves entre los diputados del Parlamento murciano. Vox ha votado en contra de aprobar una moción de apoyo a las víctimas de la red de explotación sexual de menores que se desarticuló en Murcia en el año 2014 y que se ha saldado, recientemente, con los hombres condenados por pagar para prostituir a las adolescentes librándose de la entrada en prisión al aplicarse la atenuante de dilaciones indebidas. A pesar, sin embargo, de la negativa de la formación ultraderechista, la iniciativa, que ha sido promulgada por el PSOE, ha salido adelante con los votos a favor del PP, de los propios socialistas y de Podemos -33 en total-.

“La justicia ha tardado diez años en instruir y juzgar el caso de explotación sexual de menores; diez años en sentar en el banquillo a todos estos depravados sexuales, y lo ha hecho de forma independiente, uno a uno, y no como lo que era, una trama proxeneta”, afirma el texto de la moción, al que ha tenido acceso este periódico.

“El resultado de toda esta repugnante y asquerosa barbarie”, prosigue el documento, “son 13 acusados por pertenencia a una red de abuso de niñas que han salido de rositas del juzgado” bajo lo que el grupo socialista considera “el acuerdo de la vergüenza”. Para el PSOE autonómico, la Audiencia Provincial de Murcia manda a toda la sociedad “el mensaje” de que “con poder, con abogados y con la ayuda de la dilación judicial, puedes comprar menores de edad para desvirgarlas y no te va a pasar nada”.

La moción ya aprobada tiene por objetivo cuatro cuestiones que el Consejo de Gobierno, conformado al completo por el PP, deberá poner en marcha en sus próximas reuniones. Por un lado, un aumento de “la formación destinada a la prevención de abusos de menores de edad en todas las etapas formativas” a través “de un currículum académico” que integre, “sin tapujos”, “una educación sexual acorde en cada momento de edad del alumnado”. Dicho refuerzo en materia de formación y concienciación sexual, según la moción, deberá hacer “especial hincapié” en la “prevención de abusos sexuales, enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados”.

Asimismo, el texto apremia al Ejecutivo regional a que incremente “los conocimientos y la formación de los padres y madres de esta Región en la detección de posibles casos sexuales a menores”, y a que se establezan “mecanismos y herramientas” de participación de todos los actores, “especialmente de los padres”, en la elaboración de dichas formaciones.

El documento también ha ratificado “crear”, como recoge la ley del ‘solo sí es sí’ aprobada en el Congreso de los Diputados en 2022, un juzgado especializado en violencia sexual en la Región murciana, ampliando “las competencias de los Juzgados de Violencia sobre la mujer”, de forma que “las víctimas de esta violencia machista sean atendidas por jueces y juezas con formación en violencia de género y de evitar la dilatación en el tiempo de estos casos y la revictimización de las mujeres”.

En su turno de intervención, la diputada socialista María Soledad Sánchez Jódar ha señalado la “obligación” de la clase política y de la sociedad de “hacer más de lo que se está haciendo” con “la lacra de los abusos sexuales”. “Tenemos que educar más y mejor para que las niñas y los niños de hoy puedan ser capaces de construir sociedades más igualitarias, sanas, civilizadas y seguras el día de mañana”, ha afirmado.

“No estamos hablando de casos aislados”, ha puntualizado Sánchez Jódar durante su intervención en el Pleno. “Los abusos sexuales se extienden. Los pederastas de esta red no entrarán en prisión, y solo tendrán que pagar unas multas de entre 500 y 2000 euros, como si hubieran cometido una infracción de tráfico”, ha esgrimido.

Vox, en contra

Pese a que una gran mayoría de diputados del Hemiciclo murciano contaba con aprobar de forma unánime la iniciativa de apoyo a las víctimas de la trama de prostitución de menores, Vox se ha mostrado en todo momento en desacuerdo durante la celebración del debate parlamentario. La formación ultraderechista ha desprendido su carga ideológica incluso al hablar de una realidad tan peliaguda.

Las víctimas, para el partido liderado por Santiago Abascal, han pasado a un segundo plano esta tarde. Lo importante, lo ha hecho saber durante su turno de palabra la diputada Virginia Martínez, es derogar la ley del ‘solo sí es sí’, suprimir el Ministerio de Igualdad y poner el foco, de nuevo, en la comunidad migrante. “Si esta banda de criminales hubiera tenido un color más oscuro o hubieran venido en patera, ustedes se habrían callado. No les importan las víctimas, sino promover su propaganda del patriarcado. Ustedes crearon la aberración de la ley del ‘solo sí es sí’. Son un peligro para las mujeres”, ha indicado Martínez, en referencia a la bancada de la izquierda.

Con respecto a las iniciativas educativas aprobadas, la diputada ultraconservadora ha pedido que “dejen a los niños en paz” para mantener “su inocencia intacta”.

Tanto Partido Popular como Podemos, por su parte, han mostrado de forma contundente su repulsa contra las decisiones judiciales que libraron de la cárcel a los miembros de la trama y a los empresarios que se aprovecharon de ella. “Es una vergüenza que esas chicas se puedan cruzar a sus agresores por la calle, porque se han ido de rositas. Todos tenemos que dar la cara y que estar con las víctimas”, ha señalado la popular Luz Marina Lorenzo.

La diputada de Podemos María Marín ha manifestado “que los responsables de estas agresiones son sus autores” pero también, ha añadido, “un sistema judicial machista, patriarcal y cómplice”. La puesta en marcha del juzgado especializado en violencia sexual ha sido añadida al texto a petición expresa de su formación.

Tres captadoras a la cárcel

El pasado 15 de octubre, la Sección 3 de la Audiencia Provincial de Murcia acordó no conceder el beneficio de la suspensión de las penas a dos de las personas que se ocuparon de captar a las menores para prostituirlas, que por aquel entonces, en 2014, eran conocidas con el sobrenombre de las ‘mamis’, Ruth Karina Dorado y Nelly Paola Céspedes, y también para Walter Jhovany Domínguez, el taxista que transportaba a las víctimas a los locales y viviendas donde eran explotadas. Cumplirán, las dos primeras, seis años de prisión por ocho delitos de prostitución de menores en su modalidad agravada, y pasará entre rejas otros seis años por seis delitos el conductor del taxi.

Para la tercera captadora, Yesenia Mercedes Balladares, el Tribunal aplicó el supuesto excepcional de suspensión de la pena, argumentando que merecía “un reproche menor” que los otros componentes de la organización, condenados por el doble o más de delitos. Las ‘mamis’ captaban a las adolescentes, la mayoría en situaciones económicas acuciantes, en discotecas light, a través de anuncios en los que éstas se ofrecían como canguros o en sus propios colegios, y las engañaban prometiéndoles ganar dinero “acompañando hombres”, llevándolas con ellos “a escondidas” y echándoles alcohol en la bebida sin que ellas lo supieran, según relata el sumario del caso, al que tuvo acceso elDiario.es/Murcia. 

Una vez en inmersas en la red, y a través de conversaciones telefónicas y de WhatsApp, las captadoras ofertaban a las adolescentes a los siete empresarios condenados que han logrado evitar la cárcel: el cartagenero Juan Castejón, exvicepresidente de COEC y CROEM, que reconoció haber mantenido contactos sexuales con cinco de las víctimas y pedía siempre, según el escrito de la Fiscalía, “chicas jóvenes y nuevas para tener relaciones sexuales con ellas”, y también José Antonio Arce López, José Jara Albero y Juan Martínez Fernández, que mantuvieron un contacto sexual con una menor, y Juan Peque Álvarez, Antonio Giménez Pelegrín y Antonio Morales Nicolás, que perpetraron dos encuentros.

El caso ha generado, desde que se celebró el primer juicio en el mes de septiembre, un reguero de protestas multitudinarias a las puertas de la Audiencia Provincial de Murcia en repulsa por las decisiones judiciales adoptadas. Los proxenetas crearon toda una red de explotación donde exigían a las menores imágenes suyas en ciertas poses para luego incluirlas en un catálogo que las 'mamis' distribuían a los clientes. En total, llegó a haber fotos de más de 400 personas, entre las que se encontraban las imágenes de las doce niñas liberadas. Estaban implicados también en la trama un guardia civil y dos abogados que dirigían un bufete ubicado en el centro de la capital del Segura. 

Además, la red contaba con un hostal que cedía las habitaciones donde se ejercía la prostitución infantil a cambio de una parte de la recaudación, y con cuatro taxistas furtivos que las movían entre los pisos particulares y las pensiones donde las esperaban los empresarios. Solo pisarán la cárcel dos de las captadoras y uno de los taxistas.