La sección 3 de la Audiencia Provincial ha comunicado este miércoles que deja sin efecto el señalamiento de conformidad previsto para el próximo 9 de julio en la que tenía que comparecer el expresidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel (PP), juzgado por el Caso de la desaladora de Escombreras.
La Audiencia ha dejado sin efecto la vista tras recibir un escrito de alegaciones a dicho señalamiento presentado por la representación del acusado, que ha mostrado su oposición a que el exjefe del Ejecutivo murciano haga frente a la indemnización que se le ha impuesto de 74,1 millones de euros.
Fuentes judiciales han señalado que -debido al colapso en los señalamientos- la vista no se celebrará previsiblemente en lo que queda de 2024.
La fianza de 74,1 millones de euros fue confirmada por la Audiencia Provincial el pasado 30 de mayo. La magistrada que juzga el también conocido como caso La Sal II determinó el embargo de los bienes del expresidente si no la deposita de forma cautelar: sueldos, inmuebles, planes de pensiones o productos financieros.
Y aunque no se había fijado plazo fijado para su desembolso, lo que está claro es que Valcárcel ya no podrá eludirla al no caber recurso contra la decisión judicial. La cifra exigida como fianza es la misma del presunto sobrecoste que originó la construcción de la desaladora.
La Fiscalía ha pedido para Valcárcel 11 años y medio de prisión, 20 de inhabilitación absoluta y 27 de inhabilitación especial para cargo público por un presunto delito de fraude, malversación de caudales públicos y prevaricación continuada. La acusación popular, a través del abogado Diego de Ramón, eleva la petición a 15 años de cárcel por los delitos de fraude y malversación y otros 15 de inabilitación, a lo que suma una multa del séxtuple del dinero defraudado.