El Ayuntamiento de Murcia asegura que el PP desvió 54 millones de euros procedentes de las obras de la zona norte

El vicealcalde Mario Gómez, el concejal de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana, Enrique Lorca, y el concejal de Urbanismo y Transición Ecológica, Andrés Guerrero, han comparecido en rueda de prensa para indicar que “el Ayuntamiento de Murcia ha verificado que el equipo de Gobierno de Ballesta destinó, al menos, 26 millones de euros a inversiones con conocimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ) y, por tanto, de forma irregular”.

Lorca ha puntualizado que “a estos 26 millones de euros que se gastaron a sabiendas de que no se podían utilizar en pagar esos proyectos, se suman otros 28 millones que se utilizaron previamente a la sentencia, por lo que se contabiliza un total de 54 millones de euros de dinero público que no se han usado de forma correcta”.

Mario Gómez ha explicado que “en lugar de trabajar bajo el amparo de la ley, han trabajado por encima de la ley. Ballesta no hizo caso de la sentencia del TSJ que fue ratificada por el Tribunal Supremo. No sólo no intentó trabajar responsablemente con los promotores para desarrollar esos planes urbanísticos y para que la administración pagara esas infraestructuras estructurantes sino que cogió ese dinero y lo utilizó para otras cosas”

“Nos consta que el Equipo de Gobierno de Ballesta conocía perfectamente esta sentencia, por lo que se ha reído de la justicia y de los murcianos. Podemos confirmar que muchos de los proyectos estrella de Ballesta y su equipo fueron financiadas con presupuesto que no se podía utilizar para ese fin”.

Los concejales han explicado que “ahora nos encontramos con un doble problema: por una parte buscar financiación para ejecutar las obras de la zona norte que no fueron realizadas y, por otra, busca financiación para realizar otras obras que estaban presupuestadas de forma irregular y poder así ejecutarlas”.

Hay que recordar que, tras la sentencia del TSJ, se recurrió la casación pero el Tribunal Supremo ratificó la sentencia.