Ciudadanos ha denunciado que “el Gobierno regional ha abandonado a su suerte al Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, un servicio esencial que se encuentra en el peor momento de su historia”. La formación liberal ha tachado de “insostenible” su situación, con una plantilla envejecida en la que no se cubren muchas de las plazas del personal que se ha ido jubilando y en la que se han ido externalizando algunos de los servicios, y ha defendido que se publiquen de forma urgente las bases de la convocatoria de las oposiciones a bombero correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2021.
“El Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento ha venido prestando un servicio esencial en nuestra Región desde hace 30 años. El Gobierno regional ostenta las competencias en aquellos municipios de menos de 20.000 habitantes, y por ello recibe una asignación anual del Estado que asciende a 244 millones de euros y debe asumir su responsabilidad”, ha señalado la diputada Ana Martínez Vidal. Sin embargo, “lejos de asumir sus competencias, son los propios ayuntamientos los que, ante la dejación del gobierno del PP, deben financiar este servicio con el desequilibrio económico que ello les supone”, ha lamentado.
La diputada ha asegurado que la formación liberal siempre estará del lado de los bomberos de la Región “y apoyaremos sus justas reivindicaciones”, y ha criticado la enmienda del Partido Popular que ante su propia incapacidad para gestionar un servicio que cada vez es más deficitario, persigue justificar una “brutal pérdida de recursos y efectivos” en base a un nuevo modelo de Consorcio que ellos mismos pretenden dimensionar haciéndolo a su medida. “Una vez más, toman por tontos a los bomberos y a todos los ciudadanos de nuestra Región”, ha asegurado.
Ante la imposibilidad de poder defender la postura de Cs en el pleno de la Asamblea al no ostentar la portavocía del Grupo Mixto, los dos diputados han votado a favor tanto de la moción presentada por el PSOE como la enmienda parcial de Podemos, ya que recoge “una reclamación justa de los bomberos de la Región y que hacemos propias, un compromiso que fue adquirido por el gobierno regional de López Miras y que una vez más se ha incumplido”.
Retirada del Plan Hidrológico
Por otro lado, los diputados de Ciudadanos han votado a favor de la moción de retirada del Plan Hidrológico de la Cuenca de Tajo y que este se revise a través de un organismo técnico-científico estatal independiente para que se tengan en cuenta las alegaciones presentadas tanto por el SCRATS como por el Gobierno regional, “aunque no consideramos que sea adecuada la política en materia de recursos hídricos del PP y Vox, que no pone fin a los problemas de escasez de agua del sureste español y enfrenta a los territorios”.
La diputada liberal ha puesto de manifiesto el nulo peso específico del Gobierno regional en materia de agua, “ya nuestra Región sigue sufriendo el mal endémico de la escasez de agua. La guerra del agua es otro teatrillo, una estrategia política del bipartidismo que no pondrá fin este problema”.
Desde Ciudadanos defienden que “el agua es de todos los españoles” y que el reparto de este bien de dominio público se debe llevar a cabo exclusivamente con criterios técnicos y de sostenibilidad, por lo que sería adecuado instar al Ministerio de Transición Ecológica a establecer unos criterios comunes a todo el territorio nacional para la determinación de caudales ecológicos.
En cuanto a la solicitud del PP al Gobierno de la nación de puesta en marcha de un paquete de medidas urgentes extraordinarias en defensa de la economía española, Martínez Vidal ha defendido que resulta paradójico que el PP inste al Gobierno central a elaborar un plan nacional para la mejora de la eficiencia en el gasto público “cuando ellos fueron incapaces de llevar a cabo la auditoría de la Comunidad que incluyó Ciudadanos en el acuerdo de gobernabilidad que precisamente pretendía conseguir esa eficiencia, del cual apenas se cumplieron 9 de las 72 medidas pactadas” y cuando la propia administración del PP “es incapaz de cerrar chiringuitos e implantar medidas para tal fin”.
Por último, ante la moción de Vox los diputados de Cs han señalado su rechazo y que se han manifestado a favor de que los ciudadanos cuenten con un canal de denuncias para poder cuestionar a las instituciones públicas si se hace un uso partidista o ideológico de las mismas, “pero primero hay que determinar qué es neutralidad ideológica, porque nunca se podrá incluir en ella derechos protegidos por la Constitución o el apoyo a colectivos que sufren rechazo, discriminación e, incluso, violencia, pues consideramos que la protección de estos derechos y libertades fundamentales es un deber de las instituciones del Estado”, ha subrayado el diputado Juan José Molina.