La Comunidad aplicará el próximo ejercicio 2017 beneficios fiscales con fines sociales para favorecer de modo específico a colectivos desfavorecidos, según contempla el texto del ‘techo de gasto’ que el Gobierno regional ha remitido a la Asamblea Regional para su tramitación.
El consejero de Hacienda y Administración Pública, Andrés Carrillo, explicó que el objetivo de esta medida es “reforzar las políticas sociales con una nueva bajada de impuestos a colectivos más vulnerables, que se suma a la realizada el año pasado”.
Así, se eliminará la tasa de los certificados de valoración de grado de discapacidad; los certificados de capacidades residuales a efectos de demanda de empleo; los certificados de adecuación laboral, de adaptación de medios y/o tiempos y el certificado de accesibilidad.
El certificado de grado de discapacidad se necesita actualmente para acreditar los antecedentes del grado de discapacidad que el solicitante tiene reconocido, a los efectos que cualquier tramitación pueda demandar. Este certificado sólo lo expide el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y siempre que haya sido efectuada la valoración del grado de discapacidad de la persona que lo solicita.
Más de 162.000 murcianos integran el colectivo de personas que tienen acreditado un grado de discapacidad igual o mayor al 33 por ciento y que podrán verse beneficiados por esta medida. El IMAS ha expedido en lo que va de año más de 5.700 certificados de este tipo.
En este sentido, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, indicó que “la mejora de la calidad de vida del colectivo de personas con discapacidad es una prioridad para el Ejecutivo regional y, por tanto, esta eliminación de tasas beneficia a las personas que más protección necesitan”.
Bonificaciones a víctimas del terrorismo
El texto del ‘techo de gasto’ contempla además una bonificación del 50 por ciento para las víctimas de terrorismo, así como sus cónyuges e hijos, en tasas que benefician su inserción laboral. Esta medida se incluye en la Estrategia de apoyo a las víctimas del terrorismo 2016-2020, impulsada y coordinada por la Consejería de Presidencia.
En concreto, se trata de la tasa sobre capacitación profesional en materia de transportes; tasa por expedición de licencias de pesca marítima; tasa por inscripción de pruebas náuticas y subacuáticas y expedición de títulos; tasa de ordenación del transporte terrestre y tasa de los Centros Integrados de Formación y Experiencias Agrarias.
A ello se suma la ampliación de la deducción al 60 por ciento en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de las transmisiones a favor de padres, hijos y cónyuges.