La crispación del sector agrario marca el inicio del proceso de reforma de la ley del Mar Menor impulsado por PP y Vox

Ajustado a las pretensiones de PP y Vox y de las organizaciones de representación agraria con más influencia en el panorama económico regional. Así ha dado comienzo este jueves el proceso de comparecencias en la Asamblea murciana de cara a reformar la ley de protección del Mar Menor al que dieron luz verde el pasado mayo los votos a favor de populares y ultraderechistas.

Durante las primeras intervenciones, que se han prolongado durante toda la mañana y han protagonizado los representantes de las patronales agrícolas COAG y UPA, más que de los problemas que tienen en vilo el estado de la laguna salada se ha hablado de los del Campo de Cartagena y, sobre todo, de cómo, bajo su punto de vista, los intentos de proteger al ecosistema resultan ser, hasta ahora, incompatibles con un modelo de agricultura intensiva que es necesario seguir potenciando para garantizar su prosperidad. 

A partir de hoy, por la Cámara regional desfilará en comparecencia pública, a lo largo de este mes de julio y de las semanas posteriores al verano, y con el fin de arrojar su opinión sobre la futura norma, un total de 63 personas llamadas exclusivamente por los grupos parlamentarios de PP y Vox. Entre todas ellas destacan cargos públicos -alcaldes y directores generales de consejerías-, investigadores, ecologistas, representantes de patronales agrícolas y, por supuesto, científicos, directivos y demás afines al mayor lobby del agro en Murcia: la Fundación Ingenio.

Más fertilizantes, menos multas

Los comparecientes de este jueves, cabezas visibles de dos de las asociaciones con más peso en el campo regional, se han guiado durante su turno de palabra por una misma hoja de ruta. Y de forma literal. Tanto el presidente de COAG en Murcia, José Miguel Marín, como el secretario general de la UPA en la Región, Marcos Alarcón, han llegado a la sala Alfonso X del Parlamento de la ciudad portuaria sosteniendo una carpeta y una pila de documentos en su interior que recogen, al unísono, una reclamación conjunta de cambios en varios artículos y disposiciones de la actual normativa de protección de la laguna, que fue aprobada hace ya cuatro años por PP, PSOE y Cs y que, en muchas instancias, no se ha llegado a cumplir. La reclamación de cambios en la normativa está firmada también por Proexport -Asociación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia- y Fecoam -Federación de cooperativas agrarias de Murcia-.

Su propósito, lo han hecho saber Marín y Alarcón en varias ocasiones durante su tiempo de palabra, no es otro que suavizar las restricciones para la actividad agrícola y ganadera del Campo de Cartagena. Pretenden que se deroguen, entre otros, puntos referidos a la limitación de la actividad dentro de la franja más cercana a la costa ribereña, a la medición de nitratos, a la obligatoriedad de implantar barreras vegetales y a la restricción del número de ciclos de cultivo. 

Los agricultores abogan, asimismo, porque se permita una mayor utilización de fertilizantes y por una rebaja sustancial de las sanciones y las multas en caso de cometer acciones contrarias a la ley. El documento íntegro de los artículos de la ley que los representantes agrarios reclaman modificar “para que se haga una mejor protección y recuperación del Mar Menor” será facilitado a los diferentes grupos parlamentarios al término de todo el período de comparecencias, que tendrá lugar, previsiblemente, a finales del mes de septiembre o principios de octubre. 

“No cultivamos en el Mar Menor, sino en la cuenca vertiente”

Los equipos técnicos de las organizaciones agrarias hoy comparecientes han dedicado varias semanas, desde que en mayo PP y Vox aprobaron este trámite parlamentario, a actualizar las propuestas concretas de cambios en las medidas actuales recogidas en la norma de protección de la laguna, las cuales, han coincidido Marín y Alarcón, consideran “excesivamente restrictivas” para la actividad agrícola y, se han encargado de enfatizar, sin que ninguna de ellas aporte mayor “protección ambiental” al Mar Menor y al acuífero sobre el que se sitúa, que se encuentra colmado de nitratos originarios de la agricultura practicada en el Campo de Cartagena durante las últimas décadas.

No tendría nada que ver con una “desprotección” al ecosistema, a juicio de ambos comparecientes, que se incrementara una actividad agrícola intensiva que nunca se ha limitado por completo y que ya desató graves problemas de anoxias y situaciones límite en años anteriores.

A esas situaciones límite se ha dirigido, en primer lugar, José Miguel Marín, quien, en un tono visible de enfado, ha asegurado que la ley de 2020 nació a raíz de “problemas” acaecidos en el año 2016, en referencia la sopa verde que sobrevino tras la entrada masiva de químicos agrícolas y puso en jaque la biodiversidad y la vida en las aguas de la albufera. “Esta ley fue una respuesta a un problema ambiental que se centró exclusivamente en regular la agricultura y se configuró como un código de buenas prácticas agrarias”, ha proseguido.

Para Marín, “la regulación” que hoy en día exige la normativa a la actividad agrícola del Campo de Cartagena es “inasumible”. “Lo único que hace esta serie de articulados”, ha resaltado, “es limitar la producción y poner en una situación muy difícil a agricultores y ganaderos”. “Pensamos que modificar la ley es permitir que desarrollemos nuestra actividad en unas condiciones óptimas”, ha subrayado, sin hacer referencia al delicado estado ambiental en que se encuentra la laguna. Sí lo ha hecho al apuntar hacia el “resto de actividades económicas” que, según Marín, no están señaladas por ley y también han hecho mella en las aguas del Mar Menor.

Bajo el punto de vista de Marín, las medidas que propondrá el sector agrícola para rebajar varios aspectos de la actual normativa “beneficiarán” al agro, “pero también al ecosistema”. El presidente de UPA ha pretendido, además, eludir aún más responsabilidades con respecto a la contaminación de las masas de agua del ecosistema, tanto superficiales como subterráneas: “Los agricultores no estamos en el Mar Menor, sino en la cuenca vertiente. Nuestra afectación es la posible afectación del subsuelo. Pero a día de hoy no lo estamos contaminando”, ha esgrimido.

Otras explotaciones como “el boom residencial”

Ya pasado el mediodía, y en la misma línea, Marcos Alarcón, de UPA, ha evidenciado su preocupación por que “la sociedad ha identificado al sector agrario” como causante “del deterioro del Mar Menor”. Pero ha señalado, acto seguido, igual que su homólogo de COAG, a otras explotaciones que tienen lugar en el entorno de la laguna, como “el boom residencial”. 

Alarcón ha hecho referencia a la “rigidez normativa de la ley” de protección actual que supone, ha evidenciado, “una carga económica grandísima” para los agricultores y que pone en práctica “regulaciones” ya derogadas por “leyes nacionales y europeas”. Esta última afirmación no ha sido casual: lo ha hecho para poner el foco en el “proceso de reconversión del Campo de Cartagena”, que, a su juicio, tiene que ver con “un abandono -por el elevado coste que suponen- de las explotaciones pequeñas que terminan ocupando las grandes empresas”. “La ley actual genera incertidumbre e inseguridad a los agricultores”, pero “nada hace pensar que sea incompatible la agricultura con la recuperación de la laguna” ha concluido el representante de la UPA.

Comparecencias de “pseudocientíficos pagados por Ingenio”

De la misma forma que el proyecto de reforma legislativa, las comparecencias destinadas a poner en común las opiniones de distintos actores que operan en torno al Mar Menor también están diseñadas bajo los designios de PP y Vox. Suyos son los 63 cargos públicos, investigadores, ecologistas, representantes de asociaciones agrarias y miembros de Ingenio que, a lo largo de las próximas semanas, como hoy lo han hecho Marín y Alarcón, pasarán por la Asamblea para aportar su visión de la actual ley regional y de qué aspectos, bajo su criterio, deberían modificarse.

La comisión encargada de acoger tales ponencias es la de Derechos Humanos y Asuntos Generales, que está presidida por el diputado del PP Miguel Ángel Miralles. Entre los nombres propuestos por los populares destacan miembros del propio Ejecutivo o presidentes de patronales, entre ellos el máximo mandatario de Proexport, Mariano Zapata, que declarará en la jornada de este viernes, 5 de julio, junto al presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Manuel Martínez, y su homólogo de Fecoam, Santiago Martínez. El número de ponentes designados por el PP se sitúa en 45.

Por su parte, Vox ha llamado a 18 personas. En las comparecencias establecidas por el partido de ultraderecha desfilarán unas cuantas personas relacionadas con la Fundación Ingenio, como la catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Yolanda Valcárcel, coordinadora de tres polémicos estudios sobre la laguna pagados por el lobby agrario murciano, el exalcalde murciano y catedrático de Química Agrícola de la Universidad de Murcia, Miguel Ángel Cámara, también firmante de estudios financiados por Ingenio, y el empresario Luis del Rivero, cuyo ideario negacionista está estrechamente vinculado a la Fundación.

La formación de ultraderecha ya presentó en abril una propuesta de reforma de la ley de protección de la laguna, que recogía, una por una, todas las demandas del agro y de Ingenio: los eximía de su responsabilidad en la contaminación del ecosistema y ponía el foco en las aguas residuales y en los Ayuntamientos. El PP esquivó aprobarla al principio, pero acabó pactando con sus socios de Vox las actuales comisiones con tal de redactar un documento definitivo con una fecha fija: el mes de septiembre.

A las comparecencias también asistirán parte de los expertos que conforman a día de hoy el Comité Científico del Mar Menor, dependiente de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Serán siete en total, con presencia de investigadores de la Universidad de Murcia, la Politécnica de Cartagena, el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida) y el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC). 

Sin perfiles del Instituto Español de Oceanografía

Asimismo, destaca la futura intervención de la comisionada del ciclo del agua del MITECO, Francisca Baraza, y de Mario Urrea, de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). Salta a la vista, eso sí, la ausencia de perfiles científicos del Instituto Español de Oceanografía (IEO), organismo estatal que se encarga periódicamente de monitorizar el estado de la laguna salada y que puede ofrecer un diagnóstico actualizado de su salud ambiental. Sí lo hará un representante de Ecologistas en Acción y otro de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE).

La lista de comparecientes atiende en su mayor parte a los intereses del agro y de los socios del Ejecutivo regional. La Fundación Ingenio tiene un peso mayúsculo en el proceso.

Ni PSOE ni Podemos han querido proponer nombres encima de la mesa para que participen en las sucesivas comisiones. Ambos grupos parlamentarios parecen coincidir en el objetivo final del Ejecutivo, en su intención de otorgar manga ancha al sector agrario.

Los socialistas calificaron el proceso, desde el primer momento, como “antidemocrático”, pues, resaltaron, solo se lleva a cabo entre los partidos que ocupan los despachos del palacio de San Esteban. Fuentes socialistas han matizado a elDiario.es su “decisión” de no querer “blanquear un proceso que se hace para desmantelar la ley del Mar Menor”. 

“No propusimos ponentes porque nos parecía equiparar a los pseudocientíficos pagados por la Fundación Ingenio con investigadores que han dedicado toda su vida a estudiar la laguna”, han señalado a este periódico, tajantemente, fuentes de la formación morada.