“Ya no podemos fallarle más al Mar Menor”. Así empezaba su intervención en la Asamblea regional el portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos, Juan José Molina, antes de votar a favor de la tramitación del Decreto de Protección Integral del Mar Menor como proyecto de ley en la Asamblea Regional.
El cambio de postura de Ciudadanos permitirá la introducción de modificaciones en el documento, que ratificaron ellos mismos a finales del mes pasado en Consejo de Gobierno. Con esta decisión, la formación naranja aleja posturas con el PP, su socio en el Ejecutivo murciano, que apostaba por la convalidación de forma automática sin realizar modificaciones.
Desde Ciudadanos se han apresurado a negar que el giro de su partido haya generado una crisis con sus socios. Su argumento es que se aprobó el texto en Consejo de Gobierno por lealtad ante el “chantaje” de los socialistas de presentar una moción de censura si no había ley antes de finales de 2019, tal y como se había comprometido el Gobierno de Fernando López Miras.
Sin embargo, han sido los votos de Cs, junto a PSOE y Podemos, los que han permitido que el decreto ley finalmente se tramite como proyecto de ley.
El diputado de Ciudadanos ha asegurado, en cualquier caso, que “no hay ninguna inseguridad jurídica, porque el decreto está convalidado y vigente, y hay que cumplirlo”.
Por su parte, el PSOE ha votado en contra de la convalidación, tal y como ha explicado su portavoz parlamentario, Alfonso Martínez Baños, al considerar que no incluye las medidas propuestas por su partido ni las de asociaciones vecinales del entorno del Mar Menor, de colegios profesionales o la mayoría de colectivos sociales y científicos, “que no se sienten representados en un decreto que llegó obligado por las circunstancias y no por convicción política”.
Sin embargo, Joaquín Segado, portavoz del grupo parlamentario popular, ha insistido en que el decreto ha sido fruto del consenso con más de medio centenar de colectivos e incluye más de 300 propuestas recogidas en centenares de horas de trabajo.
Según el popular, la reclamación socialista de tramitar el decreto como proyecto de ley “es una maniobra para obstaculizar, dilatar y retrasar todo el proceso parlamentario; Diego Conesa puede demostrar si tiene una verdadera preocupación por la situación de la laguna salada exigiendo a Sánchez la implicación del Gobierno de España, porque hasta la fecha solo la han utilizado para echarse fotos y tratar de sacar votos”.
Y a pesar de que ha calificado como “legítimo” el apoyo de Ciudadanos a la tramitación como proyecto de ley, ha insistido en que así “se dilatará el proceso y generará inseguridad jurídica, que es exactamente lo que quiere el PSOE”.
La portavoz en la Asamblea de Podemos, María Marín, ha destacado que el texto “no contempla la necesaria moratoria urbanística para que no se siga enladrillando el Mar Menor, levanta la mano y alarga los plazos para que se sigan produciendo vertidos de aguas no depuradas a la laguna, elimina la prohibición de crear nuevas extensiones de cultivo de regadío y no aborda la necesidad de la desalobración a nivel de parcela y, por lo tanto, el origen de gran parte del problema”.
“Ahora nos van a oír”, ha dicho Marín, quien ha advertido de que para conseguir una ley que proteja efectivamente el Mar Menor “es necesaria una gran movilización social en la Asamblea”.
“Autosabotaje”
Por su parte, el portavoz de Vox, Juan José Liarte, ha dicho que “jamás había visto a un Gobierno haciéndose autosabotaje” y ha mostrado su desconfianza “cuando teníamos un acuerdo presupuestario prácticamente cerrado y ahora nos salen por peteneras y proponen otras cosas”.
La Plataforma SOS Mar Menor ha valorado positivamente que la Diputación Permanente de la Asamblea regional haya aprobado que el decreto se tramite como proyecto de ley, pero lamentan que Ciudadanos no rechazara el decreto desde el principio “a pesar de que su tramitación ha carecido de la necesaria transparencia y participación pública”.
La Plataforma ha señalado a través de un comunicado que el Gobierno regional “confunde la urgencia con las prisas, y utiliza de forma malintencionada los mecanismos legales previstos para circunstancias excepcionales, y que en la práctica suponen un atajo a la tramitación ordinaria”.
Una vez más, “el Gobierno regional ha demostrado que lo que realmente quiere es proteger al sector de la agroindustria y al sector urbanístico, a pesar de que eso suponga condenar a muerte al valioso ecosistema de la laguna salada, cuya situación actual es crítica”. Algo, consideran, que no sería posible sin la colaboración necesaria de Ciudadanos, y el apoyo de VOX.
La Plataforma SOS Mar Menor anuncia que plantearán enmiendas a la Ley, y nuevas acciones para conseguir que las Administraciones competentes, en especial el Gobierno Regional, “asuman su responsabilidad adoptando medidas que realmente necesita el Mar Menor para su recuperación”.