El delegado del Gobierno en Murcia, Joaquín Bascuñana, apenas sacó dinero del banco en trece años. Así lo determina el informe judicial que ha realizado la Agencia Tributaria en relación con las diligencias abiertas por el caso 'Novo Carthago' de corrupción urbanística, en el que Bascuñana está imputado por un presunto delito de prevaricación, que hubiera cometido en 2005 en su etapa de consejero de Obras Públicas y Urbanismo.
Fue entonces cuando Joaquín Bascuñana “firmó la aprobación definitiva de la Modificación Puntual del PGOU de Cartagena”, y con ello se aprobó la viabilidad para la construcción de una macrourbanización en zona de máxima protección ambiental a orillas del Mar Menor.
Según la documentación remitida al Tribunal Superior de Justicia de Murcia por la Agencia Tributaria, para el inspector firmante resulta especialmente llamativo que, según parece y a la vista de los datos analizados, Joaquín Bascuñana prácticamente no sacó ni un euro del banco en los trece años inspeccionados, señalando además que “resulta totalmente anómalo e incomprensible, que una familia de cuatro miembros, prácticamente no retire dinero en efectivo de las cuentas bancarias para satisfacer los gastos ordinarios”.
El informe al que ha tenido acceso eldiario.es Región de Murcia va más allá, y detalla, año a año, los escasos movimientos bancarios del delegado del Gobierno y de su familia desde 2001 hasta 2013, destacando la ausencia de movimiento alguno en los años 2003 y 2012.
Según concluye el informe, “el hecho de que no se retire dinero en efectivo durante años evidenciaría la existencia de una fuente de renta o de fondos ocultos”. Toda esta documentación ha pasado del TSJMU al juzgado de Instrucción número dos de Murcia, donde seguirán las diligencias.
En declaraciones recogidas por el diario La Verdad, Joaquín Bascuñana ha afirmado que es “muy fuerte” apuntar a que pueda tener ingresos ocultos, y que “si han encontrado alguna partida al margen de mi salario y el de mi esposa, cuando trabajó, será por las herencias que hemos recibido de nuestros seres queridos a través de las entidades financieras”. Según Bascuñana, durante los años investigados cubrió la mayor parte de sus gastos con tarjetas de crédito y con las mencionadas herencias. “Lo otro que dice el informe tendrá que demostrarlo, y no hay nada más”, ha concluido.
“Es una auténtica tomadura de pelo”
El candidato de UPyD a la presidencia de la Región de Murcia, César Nebot, ha calificado este domingo la información hecha pública sobre Bascuñana como “una auténtica tomadura de pelo a todos y cada uno de los 1.466.818 murcianos”. “Esto demuestra que no son gente normal”, ha resaltado Nebot, ya que en su opinión, y de acuerdo a los informes de la Agencia Tributaria, “han estado años sin ir al mercado, sin tomarse un café, sin comprar el periódico o ir al bar a por cambio”.
“UPyD reivindica gente normal para un país normal, y no personas que traten de aprovecharse de la situación”, ha explicado César Nebot. En su opinión, “esto requiere de una explicación pública del delegado del Gobierno, más allá de las que dé en sede judicial, y abandonar el cargo cuanto antes”. Por todo ello, UPyD ha vuelto a solicitar la dimisión de Joaquín Bascuñana de su cargo en la Delegación del Gobierno.
Novo Carthago
El caso Novo Carthago investiga supuestas irregularidades en el proceso de reclasificación de unos terrenos protegidos por la legislación medioambiental de Murcia junto al Mar Menor, sobre los que se planeó la construcción de un complejo urbanístico con 10.000 viviendas y campos de golf.
En la investigación llevada a cabo por el TSJMU se ha imputado, además de al delegado del Gobierno en Murcia, a otros dos exconsejeros de los gobiernos de Valcárcel, Francisco Marqués y Antonio Cerdá, así como a técnicos de urbanismo y al promotor Rafael Galea. Además, la alcaldesa de Cartagena fue llamada a declarar ante el Tribunal Supremo, dada su condición de aforada por ser también diputada nacional del PP.
En cuanto al expresidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, actual presidente del PP murciano y vicepresidente del Europarlamento, el juez Abadía le ha dado un mes de plazo para que acuda a declarar voluntariamente antes de elevarlo al Supremo, dentro de esta misma causa.