La Diputación Permanente de la Asamblea Regional de Murcia ha derogado este 1 de septiembre la nueva moratoria urbanística del Mar Menor introducida mediante decreto ley por el Gobierno en funciones el pasado 4 de agosto. Desde mañana se podrá construir sin restricciones en el entorno de la laguna salada. Salvo el PP, el resto de fuerzas políticas, PSOE, Vox y Podemos, han votado en contra. Los grupos de oposición se han mostrado durante todo el verano muy críticos con la iniciativa promovida por el Ejecutivo murciano. Por su parte, el cariz del voto de la formación liderada por Antelo ha confirmado, entre los rumores de las negociaciones de investidura con la plana popular, lo aparentemente alejadas que se encuentran actualmente ambas posturas. Precisamente, la gestión de la crisis medioambiental en el Mar Menor ha sido uno de los principales escollos entre PP y Vox en la campaña electoral.
La primera actividad parlamentaria tras el parón estival de agosto ha tenido lugar en un contexto de incertidumbre: el plazo máximo que le fue concedido a López Miras para ser reelegido presidente tras el fracaso del primer intento expira el 7 de septiembre, y el acuerdo en este sentido entre populares y ultraderechistas, cuya resolución es hasta el momento una incógnita, deberá producirse en las próximas horas. La disparidad de votos entre ambas formaciones deja entrever que la repetición electoral puede ser una posibilidad realmente tangible.
La medida derogada, que es un veto urbanístico que tiene por objeto proteger a la laguna salada de nuevos desarrollos urbanísticos a lo largo de su litoral, ya se puso en marcha de forma temporal en julio de 2020, y se hizo durante tres años, cuando se aprobó la Ley de Protección del Mar Menor. El Gobierno popular tenía la intención en aquel momento de elaborar un plan de ordenación del suelo de la cuenca.
Acabado el tiempo estimado de la moratoria el pasado mes de julio, y sin previsiones de que el plan de ordenación fuera a ser finalmente presentado y aprobado, surgió la necesidad de una nueva ampliación de la prohibición al ladrillo que, desde el primer momento de su puesta en marcha, a primeros de agosto, suscitó la duda y la controversia con la oposición: el texto sufrió algunos cambios menores, cuyos matices concretos fueron tachados como permisivos por la oposición: PSOE, Podemos y algunos grupos ecologistas aseguraban que el novedoso decreto ley permitiría la edificación de proyectos de viviendas, plazas hoteleras y zonas comerciales a las que, anteriormente, con la primera moratoria, sí se les ponía freno.
Nuevos desarrollos urbanísticos hasta la fecha paralizados vieron luz verde tras la introducción de la reciente moratoria de agosto: la segunda fase del centro comercial Las Dunas en Cabo de Palos, o el avance del Plan Parcial Los Belones Este, que incluye un total 700 nuevas viviendas en la localidad cartagenera.
Tras la votación de este viernes, fuentes del PP han asegurado que “con este movimiento -Vox ya sabemos lo que piensa-, los partidos de izquierdas están permitiendo que desde mañana cualquiera pueda empezar a pedir licencias para construir en el Mar Menor, en lugar de haberlo aprobado como proyecto de ley y haberlo podido modificar en un plazo de 30 días”. “No entendemos que antepongan su estrategia electoral al interés de la laguna”, añaden.
Fuentes parlamentarias, sin embargo, informan de que tras la intervención del consejero Díez de Revenga -y a puerta cerrada- el diputado Víctor Martínez-Carrasco (PP) ha comunicado que no se dará la posibilidad de tramitarlo como proyecto de ley. “En caso de que se hubiera permitido, los partidos de la oposición lo habrían tenido en cuenta”, según las mismas fuentes.
El Mar Menor, “desprotegido en un momento de bloqueo político”, según Díez de Revenga (PP)
Por su parte, el consejero de Fomento de la Región de Murcia y principal valedor de la iniciativa, en un tono irritado, ha destacado la, a su juicio, gravedad de la situación. “Estamos atónitos al comprobar que todos aquellos que dicen proteger al Mar Menor, hoy han dinamitado una de sus principales medidas de seguridad”. “Traíamos una propuesta de diálogo, hemos intentado buscar puntos de acuerdo, como tramitar un proyecto de ley, pero la realidad”, ha continuado el consejero, “es que por los votos de PSOE y Podemos se ha suspendido la prohibición de desarrollos urbanísticos en el entorno de la laguna”. “Estamos en una situación política de bloqueo. Si vamos a elecciones se quita la posibilidad de tramitar cualquier iniciativa parlamentaria. El Mar Menor no necesita incertidumbres”, ha concluido Díez de Revenga.
El tercer voto negativo, el de Vox, que siempre ha mantenido una postura contraria a la moratoria, tiene que ver para Martínez Alpáñez con una idea errónea de sostenibilidad. “Se imputa toda responsabilidad del estado de la laguna a agricultores y constructores, pero son necesarios para la sostenibilidad del ecosistema. Urgen medidas que sirvan para mejorar el estado del Mar Menor, pero el PP tiene el mismo empeño en ello que en llegar a acuerdos de Gobierno”, ha mencionado con ironía el ultraderechista, en un guiño evidente a la situación actual de las negociaciones del Ejecutivo.
Vélez (PSOE): “López Miras puso encima de la mesa una moratoria falsa que hace daño al Mar Menor”
En la rueda de prensa posterior a la diputación permanente que ha derogado la moratoria, los grupos de la oposición se han mostrado tajantes y en la misma línea que a lo largo del mes de agosto. “López Miras ha dejado pasar el tiempo a conciencia para favorecer los intereses de unos pocos a costa de seguir desprotegiendo el Mar Menor”, ha señalado el portavoz del grupo socialista, Pepe Vélez. “Ha tenido tres años para hacer el plan de ordenación territorial, pero no quieren debatir la ley. No quieren cambiar”. “Hemos votado en contra del decreto ley porque desprotege y hace daño a la laguna”. Para los socialistas, la solución pasa por una proposición de ley que amplíe la moratoria urbanística indefinidamente, que de “seguridad jurídica y garantías de protección”. Dicha propuesta ya fue efectuada en julio por el grupo parlamentario de Vélez, pero fue desestimada por los populares apenas unos días antes de prorrogar la medida hoy rechazada.
María Marín (Podemos): la invalidada moratoria era un “decreto fake”
En la misma línea, la portavoz del grupo mixto, María Marín, ha tildado la invalidada moratoria como un “decreto fake”. “El PP pretende lo mismo que Vox”, ha continuado: “Seguir desprotegiendo el Mar Menor, y permitir que los lobbys que han estado envenenando y destrozando la laguna sigan haciéndolo”. Desde Podemos, ha expresado la portavoz, también tienen la intención de que se tramite un proyecto de ley que “escuche a los vecinos y vecinas del Mar Menor, a los científicos y que dé voz a colectivos vecinales y ecologistas. Hoy íbamos con la intención de que se tramitara el proyecto de ley, pero no nos han dado opción”, ha aclarado.
Alpáñez (Vox): “No ha habido llamada de López Miras a Antelo”
Con la disparidad de votos entre los previsibles socios de Gobierno en un tema tan trascendental para la Región de Murcia como el Mar Menor, las negociaciones por un pacto de investidura continúan siendo una incógnita. Desde Madrid trabajan a contrarreloj para llegar a un entendimiento que desbloquee la situación. El coordinador general del PP, Elías Bendodo, mencionaba ayer que las peticiones de Vox en Murcia eran “inasumibles”, y que debían, para ello, “ceder”.
Conforme ha dicho Martínez Alpáñez, a día de hoy, “López Miras no ha llamado a Antelo para ser investido presidente”. No obstante, el ultraconservador ha confirmado que ha habido conversaciones entre ambas formaciones políticas, pero no van más allá, ha matizado, “de conversaciones cordiales”.
Para Joaquín Segado, portavoz del grupo parlamentario popular, la diferencia ostensible en lo que respecta a la laguna salada ya era conocida por los de López Miras: “sabíamos que iban a votar en contra”, ha aseverado Segado. “Si hay novedad en las negociaciones, la anunciaremos. Las diferentes posiciones en relación al Mar Menor no condicionan ningún acuerdo futuro, en el caso de que llegara. La fecha tope es el 7 de septiembre”, ha concluido el portavoz, dejando todavía la puerta abierta a un entendimiento.